Cierre de empresas y ahorro interno
Es preciso, en consecuencia, estudiar a fondo esta temática y plantear al poder político medidas concretas al respecto, sin descuidar la lucha contra el contrabando e inversiones en infraestructura
Los datos publicados respecto del cierre de empresas en el departamento de Tarija son elocuentes: 14 empresas manufactureras, 16 constructoras, 17 de servicios de alojamiento y comidas, 13 de informaciones y comunicaciones y 128 dedicadas al comercio. Es el tercer departamento más afectado con los cierres.
Los dirigentes empresariales tarijeños consultados sobre las causas que coadyuvan a este debilitamiento, identifican a la presión institucional desde el Ministerio de Trabajo, Servicio de Impuestos Internos y un deficiente trabajo de la Aduana Nacional, dado que el contrabando está destrozando a los productores urbanos y rurales.
También hay quien alerta que las compras de bienes y servicios de las entidades públicas de Tarija se adjudican a empresas del interior del país, dejando de lado a las empresas locales.
¿Cuáles las soluciones propuestas? Apuntan a apoyos estatales con infraestructura (parques industriales), efectiva lucha contra el contrabando y posturas en torno a esas dos alternativas.
Sin embargo, revisando los datos históricos, ejemplos de reactivación económica, industrialización y conquista de cotas de desarrollo sostenidos y de largo aliento, lo han dado países como Corea del Sur, China, Vietnam y otros, aplicando una receta sencilla y eficaz: el uso intenso de su ahorro interno para el financiamiento de sus procesos de industrialización, especialización e investigación, asociado a políticas también eficaces de protección a la producción nacional de sus respectivos países. Asimismo, la inversión extranjera sólo es admisible si está vinculada a sociedades con empresas nacionales y transferencia efectiva de tecnología.
Los estudios sobre la efectividad de esas políticas son varios y coincidentes en torno a los resultados positivos.
Esos antecedentes históricos debieran ser incorporados en los estudios de la dirigencia empresarial para plantear machaconamente al poder político la modificación de las normas que regulan el sector financiero, que se alimenta centralmente del ahorro interno (AFPs, Seguros), que son las mismas heredades del nefasto período de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 – 1997), en el que se instituyeron políticas que vaciaron la economía nacional y potenciaron a las empresas y países extranjeros, provocando la virtual quiebra del sector privado y público nacional. Recordemos los dos o tres perdonazos tributarios y los tres casos en los que se tuvieron que aprobar reprogramaciones para el pago de adeudos a la banca privada, así como el financiamiento del Estado al fortalecimiento de bancos para evitar su quiebra.
Mientras esa arquitectura legal gonista persista, el ahorro interno no beneficia al sector productivo nacional (ni al público ni al privado), y solo es aprovechado por las mismas transnacionales que operan en el sector extractivo o de servicios dentro del país.
Recordemos que durante los catorce años del gobierno de Evo Morales, en los que su ministro de Economía fue el actual presidente, no solo que se mantuvieron las normas heredadas que regulan el sector financiero ya descrito, sino que, además, las profundizaron, aprobando mediante leyes, incluso, la exportación de los saldos de caja y bancos no ejecutados usando los mismos mecanismos aprobados para la exportación de las Reservas de Divisas. También autorizaron mediante sendas leyes a las AFP el préstamo del ahorro nacional a empresas y países extranjeros.
Esas medidas, como queda claro, nada tienen que ver con políticas nacionalistas ni de protección a la producción nacional. Así, mientras la dirigencia empresarial boliviana en todos sus estamentos (nacional o departamental), no incorpore como asunto central de elemental supervivencia el uso del ahorro interno en la economía real nacional, el pronóstico para el desarrollo empresarial, el empleo y mejores días para los bolivianos, es pesimista.
Es preciso, en consecuencia, estudiar a fondo esta temática y plantear al poder político medidas concretas al respecto, sin descuidar la lucha contra el contrabando e inversiones en infraestructura.
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