El calendario legislativo y el liderazgo
En términos político – institucionales, hoy ingresamos en la que probablemente será la última semana del año. La siguiente quedará opacada por los fastos navideños y la cadena de propósitos de enmienda y buenaventura que acompañan estas fechas. Es por tanto una semana clave para hacer...
En términos político – institucionales, hoy ingresamos en la que probablemente será la última semana del año. La siguiente quedará opacada por los fastos navideños y la cadena de propósitos de enmienda y buenaventura que acompañan estas fechas. Es por tanto una semana clave para hacer balance, pero también para no dejarse engañar con las urgencias.
En el nivel nacional, roto por la acelerada electoralización del país, estos días se tramita a toda velocidad luego de meses de demora, el siempre opaco Presupuesto General del Estado (PGE) sobre el que el debate, con los dos tercios del oficialismo, es inexistente. Con todo, sí se sabe que es un presupuesto acomodado para año electoral, optimista en los datos macro que cuentan con la venia del FMI y que ha elevado el cálculo sobre el barril del petróleo para disimular los ajustes de volúmenes y ventas de gas. Sin embargo, el momento final de enmiendas y adicciones suele ser clave, de igual modo que saber finalmente que ha pasado con algunos de los proyectos incorporados en el Presupuesto de Tarija y que por estas cosas de la autonomía intervenida pueden ser borrados por cualquiera de los Ministerios intervinientes.
En el plano local, las urgencias son mayores y más específicas. La Asamblea Departamental tiene sobre la mesa – o sigue teniendo, más correctamente – los mismos proyectos de Ley atascados sin que ningún miembro de la Directiva o de ninguna bancada haya sido capaz de dar una solución política.
El más grave, por lo dilatado del tema y porque el calendario ya empieza a apretar, es la Ley Electoral, una de las orgánicas que sin embargo no se ha logrado concretar por cuestiones de la política inmediatista. Los dos puntos que conflictuan a la bancada mayoritaria del MAS es la desaparición de la condición de electos de los subgobernadores, prescrita por el Tribunal Constitucional – al que justamente ese partido no debería cuestionar las decisiones – y la adecuación de los curules a la realidad poblacional de cada municipio, así como a la Ley Electoral 026 que concreta la definición de circunscripciones. El MAS considera que ambas determinaciones perjudica a sus intereses políticos y por tanto, el texto sigue demorado.
Parecía lejano cuando en 2016 advertimos esta situación y el empeño por no tratar esta Ley, lo cierto es que han pasado 30 meses y quedan nueve más. Si la Ley Orgánica no se desarrolla y se promulga, la convocatoria electoral para marzo de 2020 volvería a salir, supuestamente, con el mismo tenor de la incluida en las convocatorias de 2010 y 2015, es decir, con subgobernadores electos, lo que además de seguir amenazando la construcción de un proyecto departamental, dejaría tocada la credibilidad Autonómica de Tarija: cinco años sin desarrollar una Ley Orgánica.
La otra Ley es la del 45%. Hasta ahora la Directiva había estado a merced del empuje de las provincias y municipios productores, cuyo lobby había sido más poderoso en la Asamblea Departamental para convencer a campesinos y zona alta de la necesidad de modificar la Ley. El despertar chaqueño junto a la evidencia de la inequidad que supondría para Cercado han llevado al MAS nacional a poner freno a las pretensiones. En este caso, el tiempo juega a favor de la Directiva, que no encuentra manera de esconder el proyecto y hacer que todos se olviden.
Se acaba el año y sería bueno que las autoridades hagan reflexión sobre sus propias condiciones de liderazgo. No parece justo vivir a costa del erario público, colmados de lujos, sin ser capaces de resolver los problemas de su día a día y simplemente dejar correr el tiempo. Es tiempo de liderazgos, no de grises ni claroscuros.
En el nivel nacional, roto por la acelerada electoralización del país, estos días se tramita a toda velocidad luego de meses de demora, el siempre opaco Presupuesto General del Estado (PGE) sobre el que el debate, con los dos tercios del oficialismo, es inexistente. Con todo, sí se sabe que es un presupuesto acomodado para año electoral, optimista en los datos macro que cuentan con la venia del FMI y que ha elevado el cálculo sobre el barril del petróleo para disimular los ajustes de volúmenes y ventas de gas. Sin embargo, el momento final de enmiendas y adicciones suele ser clave, de igual modo que saber finalmente que ha pasado con algunos de los proyectos incorporados en el Presupuesto de Tarija y que por estas cosas de la autonomía intervenida pueden ser borrados por cualquiera de los Ministerios intervinientes.
En el plano local, las urgencias son mayores y más específicas. La Asamblea Departamental tiene sobre la mesa – o sigue teniendo, más correctamente – los mismos proyectos de Ley atascados sin que ningún miembro de la Directiva o de ninguna bancada haya sido capaz de dar una solución política.
El más grave, por lo dilatado del tema y porque el calendario ya empieza a apretar, es la Ley Electoral, una de las orgánicas que sin embargo no se ha logrado concretar por cuestiones de la política inmediatista. Los dos puntos que conflictuan a la bancada mayoritaria del MAS es la desaparición de la condición de electos de los subgobernadores, prescrita por el Tribunal Constitucional – al que justamente ese partido no debería cuestionar las decisiones – y la adecuación de los curules a la realidad poblacional de cada municipio, así como a la Ley Electoral 026 que concreta la definición de circunscripciones. El MAS considera que ambas determinaciones perjudica a sus intereses políticos y por tanto, el texto sigue demorado.
Parecía lejano cuando en 2016 advertimos esta situación y el empeño por no tratar esta Ley, lo cierto es que han pasado 30 meses y quedan nueve más. Si la Ley Orgánica no se desarrolla y se promulga, la convocatoria electoral para marzo de 2020 volvería a salir, supuestamente, con el mismo tenor de la incluida en las convocatorias de 2010 y 2015, es decir, con subgobernadores electos, lo que además de seguir amenazando la construcción de un proyecto departamental, dejaría tocada la credibilidad Autonómica de Tarija: cinco años sin desarrollar una Ley Orgánica.
La otra Ley es la del 45%. Hasta ahora la Directiva había estado a merced del empuje de las provincias y municipios productores, cuyo lobby había sido más poderoso en la Asamblea Departamental para convencer a campesinos y zona alta de la necesidad de modificar la Ley. El despertar chaqueño junto a la evidencia de la inequidad que supondría para Cercado han llevado al MAS nacional a poner freno a las pretensiones. En este caso, el tiempo juega a favor de la Directiva, que no encuentra manera de esconder el proyecto y hacer que todos se olviden.
Se acaba el año y sería bueno que las autoridades hagan reflexión sobre sus propias condiciones de liderazgo. No parece justo vivir a costa del erario público, colmados de lujos, sin ser capaces de resolver los problemas de su día a día y simplemente dejar correr el tiempo. Es tiempo de liderazgos, no de grises ni claroscuros.
