San Jacinto: una tragedia destapa años de omisiones y responsabilidades compartidas por construcciones clandestinas

Lo que durante años fue uno de los principales atractivos turísticos de Tarija hoy está en el centro de una profunda polémica. La represa de San Jacinto, espacio que combinaba paisaje, gastronomía y recreación, terminó convertida en el reflejo de una cadena de omisiones institucionales, construcciones clandestinas y vacíos de control que recién comenzaron a abordarse tras una tragedia: la muerte de una niña de seis años.

El crecimiento de cabañas, restaurantes y parques acuáticos en las riberas del lago no fue un fenómeno reciente ni espontáneo. Desde hace más de una década se venía advirtiendo que estas edificaciones vulneraban la normativa vigente, al no respetar las franjas de protección de cuerpos de agua, carecer de autorizaciones formales, licencias ambientales y servicios básicos como sistemas de alcantarillado. Aun así, las construcciones continuaron avanzando ante la mirada pasiva —cuando no permisiva— de distintas instancias del Estado.

La responsabilidad, según coinciden diversas fuentes técnicas y jurídicas, es compartida. En el tiempo, tanto la Gobernación de Tarija, el Gobierno Municipal, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y las autoridades judiciales fueron señalados por no ejercer controles efectivos ni sancionar las irregularidades. Incluso, en lugar de frenar el avance ilegal, se intentó “regularizar” actividades, dándole condiciones, pero a la par crecieron parques acuáticos e inflables, sin que existiera un marco legal claro.

Todo cambió tras el fallecimiento de la menor, un hecho que aceleró procesos judiciales que llevaban años estancados.

Una decisión judicial

El martes ya se pudo conocer a través de redes sociales que, un juez emitió una determinación sin precedentes al ordenar el cese y la prohibición total de toda actividad con inflables, juegos acuáticos, embarcaciones y construcciones dentro del cuerpo de agua del lago San Jacinto.

La resolución también dispone el secuestro provisional de estos elementos, afectando directamente a restaurantes, cabañas y emprendimientos turísticos instalados en las inmediaciones de la represa.

La medida cautelar, emitida en aplicación del artículo 336 del Código Procesal Civil, establece que oficiales de policía deberán levantar actas de secuestro de los implementos utilizados para actividades recreativas en el espejo de agua. Además, fija un plazo perentorio de ocho días hábiles para que la Gobernación Autónoma de Tarija presente informes técnicos y legales sobre la situación ambiental del lugar.

Exigencias directas a la Gobernación

La autoridad judicial requirió a la Gobernación departamental informar si las actividades económicas desarrolladas al borde y dentro de la represa cuentan con licencia ambiental, debiendo remitir copias de las mismas.

Asimismo, ordenó la elaboración de un informe técnico-legal que identifique los riesgos y afectaciones ambientales derivados de las actividades humanas en el lago y su cuenca hidrográfica, proponiendo medidas de mitigación.

La resolución también obliga a la presentación de informes quincenales que den cuenta del cumplimiento de las medidas impuestas por el juzgado.

El rol del Proyecto Múltiple San Jacinto

Las responsabilidades alcanzan también al ente gestor de la represa. El fallo ordena al Proyecto Múltiple San Jacinto colocar letreros informativos en cada actividad económica ubicada en el borde del lago, comunicando de manera expresa el cese y la prohibición de actividades acuáticas y construcciones.

Además, deberá remitir copias de las acciones de protección ambiental ejecutadas en relación con las actividades humanas en el área y presentar un informe documentado que precise qué actividades pueden realizarse legalmente al borde y dentro del lago.

Respaldo policial

Para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares, el juzgado dispuso cursar oficio a la Policía Boliviana, instruyendo la cooperación interinstitucional y el despliegue de efectivos policiales para patrullar la zona de la represa San Jacinto.

La medida fue notificada nominalmente a al menos nueve personas identificadas como presuntos responsables o concesionarios de las actividades ahora suspendidas, entre ellos Armando Solórzano, Eber Suxo, Omar Yuquina, Margarit Yuquina, Griselda Suruguay, Patricia Chincheros Acosta, Eleido Yuquina, Adrián Suruguay y Estela Suruguay.

Ocho días para desmontar lo ilegal

Desde la Gobernación, el gerente del Proyecto Múltiple San Jacinto, José Valdez, informó que el juez ordenó el levantamiento de las construcciones y muelles flotantes ubicados dentro de la cota 84,5m del embalse, trabajo que deberá ejecutarse en un plazo máximo de ocho días.

Valdez señaló que los locatarios ya fueron notificados y advirtió que, en caso de incumplimiento, se recurrirá al uso de la fuerza pública para hacer efectiva la resolución judicial.

Por su parte, el gobernador Oscar Montes respaldó la decisión judicial y afirmó que se trata de una medida largamente esperada.

“Todo lo que se ha construido a orillas del lago San Jacinto es ilegal, no tiene autorización de la Gobernación, del Municipio ni del INRA. Son edificaciones levantadas de manera abusiva, sin considerar la seguridad de las personas”, sostuvo.

Los locatarios se defienden

Hasta el cierre de esta edición, no existía un pronunciamiento oficial conjunto de los locatarios afectados. Sin embargo, una de las personas con cabañas en la zona, Renan Ibarra, entrevistado por Unitel, defendió las construcciones señalando que estas surgieron como una alternativa para generar, trabajo e ingresos para las familias del lugar.

Ibarra minimizó el alcance del fallo judicial y sostuvo que los locatarios no son los únicos responsables de la situación. Afirmó que durante años no existió control por parte de las autoridades competentes y que ahora, tras la tragedia, se pretende “coartar el derecho al trabajo” de quienes invirtieron en la zona.

Asimismo, señala que para construir estas edificaciones muchos están endeudados con entidades financieras.