Los gobernadores cierran filas por la autonomía fiscal

Los nueve departamentos buscan redefinir la relación financiera con el nivel central. La propuesta contempla una implementación gradual de la coparticipación tributaria, el traspaso de instituciones nacionales a las gobernaciones y una revisión de las competencias que actualmente asumen sin financiamiento. El Gobierno convocó a una nueva reunión para el 5 de agosto en Sucre, donde se buscará avanzar en una propuesta consensuada.

La crisis financiera que atraviesan las gobernaciones del país ha llevado a las autoridades departamentales a dar un paso que califican como histórico. Reunidos en La Paz, siete gobernadores y representantes de otros departamentos consensuaron una agenda común que apunta a modificar la estructura fiscal del Estado boliviano, con el objetivo de fortalecer las autonomías y garantizar la sostenibilidad económica de las regiones.

El 50/50 en la mira

El principal acuerdo alcanzado fue exigir al Gobierno nacional el inicio de una redistribución gradual de la coparticipación tributaria bajo el esquema denominado 50/50, planteando que su implementación comience en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.

La propuesta pretende que, de manera progresiva, una mayor porción de los impuestos nacionales sea distribuida entre los gobiernos subnacionales, municipios y universidades públicas, reduciendo la dependencia económica de las regiones respecto al nivel central.

El encuentro contó con la participación de los gobernadores de Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni y La Paz —como anfitrión—, además de representantes de Pando, quienes acordaron elaborar una hoja de ruta técnica que será presentada al Gobierno el próximo 5 de agosto.

Autonomías con menos recursos

A casi dos décadas del inicio del proceso autonómico, las gobernaciones consideran que el modelo actual ha quedado rezagado frente a las responsabilidades que asumieron.

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, sostuvo que el país aún mantiene una estructura altamente centralizada que limita el desarrollo regional.

"Desde el 2006 que algunos departamentos iniciamos el proceso autonómico son 20 años que poco se ha avanzado. Hoy tenemos las mismas necesidades y el mismo espíritu de profundizar la autonomía", afirmó.

La autoridad señaló que uno de los principales problemas es que los gobiernos departamentales destinan recursos propios para financiar competencias que legalmente corresponden al nivel central.

Por ello, uno de los planteamientos es la derogatoria del artículo 47 de la Ley 2042, con el fin de modificar la reformulación presupuestaria prevista para 2026 y evitar que las gobernaciones continúen cubriendo gastos que no les corresponden.

Asimismo, propuso la abrogación de la Ley 767, relacionada con la devolución de recursos del Fondo de Exploración de Hidrocarburos, argumentando que dichos recursos deberían permanecer en las regiones para fortalecer su capacidad de inversión.

"Necesitamos dejar de pagar competencias que no nos pertenecen. Eso nos permitirá disponer de nuestros recursos dentro del ámbito competencial que corresponde y llevar desarrollo a los departamentos", afirmó.

Coparticipación tributaria

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó el encuentro como un hecho sin precedentes y destacó que, por primera vez, una mayoría de gobernadores logró consensuar una posición común sobre la redistribución fiscal.

La propuesta contempla que la coparticipación tributaria sea implementada de manera gradual, incorporando un impuesto por año hasta consolidar el esquema 50/50.

Según explicó, el primer tributo podría ser el Impuesto a las Transacciones (IT) u otra alternativa que surja del diálogo técnico con el Gobierno.

La meta es que el proceso arranque en el presupuesto de 2027 y continúe de forma progresiva hasta 2031.

"Es el inicio del 50/50 para todos los departamentos, municipios y universidades públicas", señaló Velasco, quien remarcó que el documento no busca confrontación, sino construir una propuesta técnica viable.

Competencias sin financiamiento

El segundo eje del acuerdo aborda la denominada armonización normativa y sostenibilidad fiscal competencial.

Las gobernaciones sostienen que, durante los últimos años, el Estado les transfirió responsabilidades operativas y administrativas sin asignar los recursos necesarios para cumplirlas.

La propuesta busca redefinir claramente las competencias de cada nivel de gobierno para evitar que los departamentos continúen financiando servicios cuya responsabilidad corresponde al Ejecutivo nacional.

Descentralizar instituciones

Otro de los puntos aprobados plantea transferir instituciones nacionales como Senarecom, Ecebol y Sergeomin a la administración departamental.

El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, afirmó que el centralismo continúa siendo uno de los principales factores que profundizan las desigualdades entre regiones.

"El centralismo ha sido la causa de las desigualdades y sigue siendo una causa fundamental de la pobreza que tiene Bolivia", sostuvo.

También cuestionó que existan funcionarios en salud dependientes de ministerios que desarrollan tareas en los departamentos sin una adecuada coordinación con las gobernaciones.

Para Sánchez, una verdadera descentralización permitirá mejorar la planificación y fortalecer la gestión regional.

Una instancia permanente

Los gobernadores también acordaron constituir el Consejo de Gobiernos Autónomos Departamentales de Bolivia, que funcionará como una instancia permanente de coordinación horizontal entre las regiones.

El objetivo será unificar posiciones, intercambiar experiencias y construir propuestas conjuntas frente a los desafíos económicos e institucionales que enfrentan las autonomías.

Asimismo, resolvieron instalar una mesa técnica permanente que trabajará hasta la reunión convocada para el 5 de agosto.

El Gobierno abre el diálogo

Mientras las gobernaciones consolidan una propuesta conjunta, el Gobierno nacional también dio señales de apertura.

El presidente Rodrigo Paz convocó a los nueve gobernadores a una reunión en Sucre el próximo 5 de agosto, donde uno de los principales temas será precisamente la redistribución de recursos bajo el esquema 50/50.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Ejecutivo ya trabaja en una propuesta técnica integral elaborada junto a distintos actores nacionales y regionales.

La cita determinará si existe margen de consenso entre el nivel central y las gobernaciones o si las demandas de mayor autonomía fiscal derivarán en un nuevo escenario de tensión política.

Por ahora, los departamentos han dejado claro que consideran agotado el modelo actual de financiamiento. La exigencia de una coparticipación tributaria gradual, la redistribución de competencias y la descentralización institucional se perfilan como los ejes de una negociación que redefinirá la relación entre el Estado y las regiones durante los próximos años.