Defensor apela fallo que avala proyecto petrolero en Tariquía

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se trasladó hasta el municipio de Entre Ríos para presentar formalmente un recurso de casación contra la Resolución emitida por el Juzgado Agroambiental, que rechazó las medidas cautelares ambientales solicitadas por la institución defensorial para la paralización provisional de las actividades de exploración hidrocarburífera vinculadas al proyecto Pozo Domo Oso-X3, en la comunidad de Chiquiacá.

“Nos encontramos en Entre Ríos, en instalaciones de la Casa de Justicia, para presentar un recurso de casación. En días pasados fuimos notificados con la Resolución N.º 53/2026 emitida por el Juzgado Agroambiental, mediante la cual se rechaza la solicitud de medidas cautelares planteada por la Defensoría del Pueblo. Ante esta decisión, hemos interpuesto un recurso de casación solicitando que el expediente sea remitido al Tribunal Agroambiental, en la ciudad de Sucre”, informó la autoridad defensorial a los medios de comunicación.

Cabe recordar que el fallo emitido por el Juzgado Agroambiental dispone que Petrobras continúe con la socialización del Estudio de Impacto Ambiental, poniendo especial énfasis en la información relacionada con los recursos hídricos. La determinación ha sido cuestionada por los comunarios que rechazan el proyecto hidrocarburífero.

Callisaya explicó que, mediante este recurso, la Defensoría del Pueblo solicita que el expediente sea revisado por el Tribunal Agroambiental, al considerar que la Resolución recurrida presenta contradicciones internas y una valoración insuficiente de los antecedentes del caso. En ese marco, se busca que la máxima instancia de la jurisdicción agroambiental analice la procedencia de las medidas cautelares solicitadas para la protección del ecosistema y los derechos involucrados.

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“Nosotros no estamos de acuerdo con la decisión del juez; consideramos que no existió una apreciación adecuada de los antecedentes del caso y que existen contradicciones al interior de la propia resolución”, señaló el Defensor del Pueblo.

Observaciones

Entre los argumentos expuestos en el recurso, la Defensoría del Pueblo observa aspectos relacionados con la acreditación del derecho propietario sobre los predios involucrados, la categorización del impacto ambiental del proyecto y la realización de procesos de participación y consulta con las comunidades potencialmente afectadas.

Asimismo, la institución considera que los mecanismos de socialización del proyecto no sustituyen los procedimientos de consulta previstos en la normativa nacional e internacional cuando éstos resulten aplicables, particularmente en relación con el derecho a la participación y al acceso a información suficiente y comprensible.

Posteriormente, el 7 y 8 de mayo, la institución defensorial realizó una veeduría al proceso judicial seguido contra 12 comunarios de Tariquía ante el Juzgado Mixto y Tribunal de Sentencia del municipio de Entre Ríos, instancia que determinó su absolución.

Y aunque ahora se realizara la consulta sobre el proyecto, los comunarios que rechazan el mismo, y que fueron procesados por YPFB, advierten que existe una fractura social interna, provocada por las petroleras, que invalidaría cualquier decisión que se tome.