La salud municipal de Tarija en el laberinto del “sobreprecio”

El 1 de julio de 2026, el secretario municipal de Salud de Tarija, Paúl Mendoza, declaró que “no hay problemas con medicamentos e insumos” en los 29 centros de salud administrados por la Alcaldía. Aseguró que los ajustes presupuestarios realizados en coordinación con las áreas de Economía y Finanzas garantizaban el abastecimiento para el trimestre. Pero hay un problema más profundo, y que también tiene que ver con la provisión: la gestión de las compras públicas en el área de salud y su impacto en los ciudadanos.

Una revisión exhaustiva de 112 procesos de contratación ejecutados por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija entre la gestión 2024 y mayo de 2026, publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), permite documentar patrones sistemáticos de supuestos sobreprecios, fraccionamiento de compras y falta de idoneidad de proveedores de acuerdo a las denuncias recibidas en este medio. El monto total de esos procesos asciende a aproximadamente 26 millones de bolivianos e incluye medicamentos, insumos descartables, material de limpieza, equipamiento y servicios de alimentación y mantenimiento. Durante dos semanas este medio solicitó una entrevista con el secretario de Salud, Paul Mendoza, misma que no fue atendida.

Precios

El caso más extremo se encuentra en el documento ANPE N° 062/2025, donde el municipio pagó 11,70 bolivianos por una cápsula de omeprazol de 20 mg, mientras la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LINAME) fija un precio referencial de 0,66 bolivianos. Ese supuesto sobreprecio del 1.672% se produjo en una compra de “ítems desiertos”, es decir, productos que no encontraron oferentes en la primera convocatoria y fueron adquiridos posteriormente sin competencia. La misma entidad, en otros procesos, compró omeprazol a 0,66 y 1,49 bolivianos, lo que evidenciaría que el aparente sobreprecio no responde a condiciones de mercado sino a la ausencia de controles homogéneos.

El material de escritorio muestra desfases aún más notorios. El contrato adjudicado a Cristian Rodrigo Gutiérrez Mamani por 124.124 bolivianos incluye lapiceras azules a 65 bolivianos cada una, cuando en el comercio minorista de Tarija se consiguen por 5 bolivianos. Los folders amarillos se pagaron a 70 bolivianos, frente a un precio estimado de 5 bolivianos. En los tres ítems verificados de ese contrato (lapiceras, pegamento y folders), el sobreprecio comprobado asciende a 28.394 bolivianos, equivalente al 22,9% de esos ítems. El proveedor, según el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES), es una empresa constructora y consultora, pero solo 15 de 164 registros para bienes y servicios ofertados se relacionan con la construcción.

Fabiana Arlette Fernández Barrientos, otra proveedora recurrente, obtuvo tres contratos de limpieza por Bs 371.444,92 y un cuarto contrato, de material eléctrico, por Bs 166.940,60, con lo que el total adjudicado a esta proveedora asciende a Bs 538.385,52 en cuatro procesos. La Alcaldía le compró bolsas de basura, lavandina, cepillos y jabón líquido a precios que, en algunos casos, duplican los del mercado. Por ejemplo, 425 paquetes de bolsas negras se pagaron a 58 bolivianos cada uno, cuando en el comercio mayorista se consiguen por 30 bolivianos. El supuesto sobreprecio en ese único ítem asciende a 11.900 bolivianos.

La fragmentación de las compras es otro rasgo estructural según advierten conocedores de la Gestión Pública. En lugar de contratos marco anuales que permitan economías de escala y control de precios, la Secretaría de Salud ha ejecutado 37 procesos para medicamentos (Bs 8.176.826,77), 10 para material de limpieza (Bs 596.233,96) y 12 para insumos descartables (Bs 1.710.967,03). Cada proceso se negocia por separado, lo que impide comparar ofertas y favorece la discrecionalidad. Además, al menos ocho procesos fueron declarados desiertos y luego readjudicados en condiciones de urgencia, un mecanismo que reduce la competencia y eleva los precios, como ocurrió con el omeprazol.

El control de calidad también presenta debilidades. En los contratos de alimentación hospitalaria, la recepción fue firmada por una sola persona, en lugar de una comisión de dos o más miembros, como establecen las buenas prácticas. Esa falta de segregación de funciones aumenta el riesgo de que se facturen raciones no entregadas o de menor calidad. En una solicitud de mantenimiento de sillones dentales, el servicio se recibió con un retraso de 120 días respecto a la fecha de firma del contrato, sin que conste una justificación técnica o la aplicación de multas.

El contraste con las donaciones internacionales añade otra arista. El alcalde Johnny Torres informó el 29 de junio de 2026 que la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) gestionó equipamiento médico por 400.000 bolivianos a través de la cooperación española. Esa misma semana, el Banco Interamericano de Desarrollo donó un equipo de rayos X para el Hospital San Antonio. La cooperación internacional cubre necesidades que la gestión municipal no logra satisfacer con sus propios recursos, a pesar de que el presupuesto en salud se mantiene como una prioridad declarada y no ha sido recortado, según informó el Alcalde.

El desfase entre el discurso oficial y los registros públicos es evidente. Mientras el secretario Mendoza afirmaba que los medicamentos estaban garantizados, los datos muestran supuestos sobreprecios y compras fragmentadas. Las notas periodísticas publicadas por El País entre el 29 de junio y el 1 de julio de 2026 documentaron gastos por más de 700.000 bolivianos en limpieza y escritorio.

El monto de supuesto sobreprecio que surge de los casos documentados (lapiceras/pegamento/folders, bolsas negras y omeprazol), considerando los precios de referencia, asciende a aproximadamente 48.574 bolivianos. Sin embargo, los denunciantes estiman que la cifra puede superar los 340.000 bolivianos y, si se extiende la misma proporción a todos los procesos de medicamentos y suministros, la cifra podría superar el millón de bolivianos. La Contraloría General del Estado y el Ministerio de Salud son quienes en última instancia verifican estos datos y emiten sus observaciones.

La investigación también revela que los proveedores con mayores contratos no figuran en procesos de licitación abierta con otros municipios, lo que sugiere una concentración local que limita la competencia. La ausencia de ofertas alternativas en muchos de estos procesos plantea dudas sobre la transparencia de las convocatorias y la difusión de los pliegos.

El sistema de salud municipal de Tarija enfrenta un problema que no es solo de recursos, sino de gestión. Los supuestos sobreprecios documentados no son fraudes probados, pero son indicadores de controles débiles y de una falta de rendición de cuentas que afecta directamente a los pacientes. Mientras el municipio paga 65 bolivianos por una lapicera, los centros de salud reportan escasez de insumos. Esa contradicción es el síntoma de un sistema que necesita una auditoría externa y una reforma de sus procedimientos de contratación.

Una empresa constructora vendió útiles de escritorio

La empresa que se adjudicó el contrato de material de escritorio más cuantioso de la Secretaría de Salud de Tarija no figura en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) como especialista en papelería. Se trata de GUTIERREZ MAMANI CRISTIAN RODRIGO, con número de identificación tributaria 6694682013, cuya razón social es “EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA ‘GUCAD’”.

Según el RUPES, los bienes y servicios ofertados por esta empresa incluyen 164 categorías, entre ellas “Cuero, pieles o materiales textiles de animales”, “Plumas”, “Pelo animal” y “Mohair sin procesar”. Únicamente 15 de esos registros se relacionan con el rubro de la construcción. La Alcaldía le adjudicó el contrato ANPE N° 109/2025 por 124.124 bolivianos para abastecer de lapiceras, folders, pegamentos, correctores y otros insumos a los centros de salud del área urbana y rural.

El contrato fue firmado el 12 de diciembre de 2025 y recibido el 15 del mismo mes. La comisión de recepción estuvo integrada por Jaime Marcal Arroyo Michel y Agustín Ernesto Mamani Gramajo, quienes aprobaron la totalidad de los 45 ítems sin observaciones. Entre esos ítems figuran 284 lapiceras azules a 65 bolivianos cada una y 90 folders amarillos a 70 bolivianos, precios muy superiores a los del mercado.

El RUPES establece que los proveedores deben inscribirse en las categorías de bienes y servicios que efectivamente ofrecen. La inscripción en categorías no relacionadas con el objeto del contrato no constituye una infracción en sí misma, pero sí plantea interrogantes sobre la capacidad técnica y la especialización del proveedor para cumplir con especificaciones de calidad y precio.

Además, la multiplicidad de categorías de bienes y servicios ofertados por los competidores limita la posibilidad de comparar ofertas y obtener precios más ajustados. Es el caso de Fabiana Arlette Fernández Barrientos, quien además de ofrecer artículos de papelería, se adjudicó tres contratos de limpieza por más de 371.000 bolivianos, y otro de material eléctrico por más de 166.000 bolivianos. La Alcaldía ha contratado a proveedores cuyo perfil no coincide con los bienes entregados, lo que podría indicar que actúan como intermediarios sin valor agregado, incrementando los costos finales.