Compras “de emergencia” suben los precios en la Salud de Tarija

Entre 2025 y lo que va de 2026, la Secretaría de Salud del municipio de Tarija en sus procesos de compra ha recurrido con frecuencia a la figura de la “declaratoria desierta” para justificar nuevas convocatorias. Este mecanismo, previsto en la normativa de contrataciones, se activa cuando no se presentan ofertas o ninguna cumple los requisitos técnicos. En la práctica, sin embargo, puede convertirse en un instrumento que reduce la competencia y eleva los precios finales.

Durante dos semanas se buscó una entrevista con el secretario Paúl Mendoza, que rechazó hacer declaraciones. El pasado miércoles difundió unas declaraciones en las que asegura que “no hay problemas con medicamentos e insumos” en el sistema se salud a cargo del Gobierno Municipal.

Los registros del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) muestran al menos ocho procesos con declaratoria desierta en el área de salud. Uno de ellos, el ANPE N° 026/2025 (ítems desiertos para medicamentos trazadores), fue readjudicado con precios superiores a los de la convocatoria inicial. El caso más evidente es el del omeprazol, que pasó de un precio no ofertado en la primera ronda a 11,70 bolivianos en la segunda. En otro proceso, el ANPE N° 010/2025, la ranitidina fue declarada “no conforme/no recibida” después de ser pagada a 6,72 bolivianos por unidad.

Varios expertos en Gestión Pública advirtieron a este medio que “el fraccionamiento de las compras también facilita el encarecimiento”. En lugar de contratos marco anuales para insumos recurrentes, la Alcaldía ha optado por procesos pequeños y específicos: 11 procesos solo para material de limpieza, 9 para insumos descartables, 47 para medicamentos. Esta fragmentación impide economías de escala y dificulta el control de precios, ya que cada proceso se negocia de forma aislada. Si bien algunas fuentes señalan que estos procedimientos favorecen a diferentes empresarios locales, cabe recordar que los insumos no son de producción local y solo se hace la intermediación, elevando aún más los precios.

Compras de emergencia

Las compras de emergencia suelen carecer de estudios de mercado previos y de mecanismos de comparación de precios. La normativa exige que, en casos de urgencia, se justifique la necesidad y se documente la razonabilidad del costo, pero esos informes no son de acceso público en los expedientes analizados. Los técnicos que firman las recepciones dan conformidad sin que conste una verificación de precios contra referenciales oficiales o cotizaciones de mercado. El secretario no ha dado explicaciones a este respecto.

El informe de gestión de la Secretaría de Salud correspondiente a 2025 no menciona los sobreprecios ni las declaratorias desiertas. Tampoco se registran observaciones de la unidad de transparencia o de la auditoría interna sobre estos procesos.