Registro dificulta al agro la compra de combustible en bidones

La decisión de exigir un registro digital obligatorio para adquirir gasolina y diésel en bidones, mediante la plataforma SISCarguío de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ha sido recibida con preocupación por organizaciones campesinas, productores agrícolas y dirigentes cívicos, quienes sostienen que la medida, lejos de combatir únicamente el contrabando, está afectando directamente a quienes producen los alimentos que llegan a la mesa de los bolivianos.

Las protestas no se concentran en una sola región. Desde Tarija hasta Beni, pasando por el Chaco, el reclamo es el mismo: los requisitos burocráticos, la falta de acceso a internet en comunidades rurales y las fallas del sistema digital están dificultando la compra de combustible en pequeñas cantidades, indispensable para el funcionamiento de tractores, motobombas, motosierras, generadores eléctricos y otra maquinaria agrícola.

Perjuicios en la campaña agrícola

En Tarija, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas (FSUCCT) considera que la nueva regulación llega en el peor momento posible. El departamento acaba de iniciar su calendario agrícola y miles de productores necesitan abastecerse de combustible para preparar tierras, sembrar y transportar insumos.

El dirigente de la organización, Herber Quispe, calificó la situación como una seria preocupación para el sector y anunció que el tema será uno de los principales puntos de una reunión con el presidente del Estado y varios ministros.

Quispe explicó que la realidad del productor rural poco tiene que ver con la lógica urbana sobre la que, a su juicio, fue diseñada la normativa. Mientras en las ciudades el acceso a internet y a oficinas públicas resulta cotidiano, en el área rural muchos campesinos recorren largas distancias para llegar a una estación de servicio.

"No es posible que un compañero viaje una o dos horas solamente para comprar 5 litros de combustible. Generalmente llevan 20 o 40 litros para abastecerse durante semanas y volver recién al mes siguiente", explicó.

A ello se suma un nuevo obstáculo: el registro virtual, que presenta constantes saturaciones y dificultades técnicas.

"Nos preocupa mucho porque el sistema no está funcionando adecuadamente. Esperamos que el Gobierno pueda escuchar este reclamo y resolverlo", sostuvo.

La brecha digital llega al campo

Uno de los principales cuestionamientos de los productores apunta precisamente a la digitalización obligatoria del trámite.

Aunque el registro comienza de manera virtual, posteriormente debe validarse de forma presencial en oficinas de la ANH, una exigencia que resulta especialmente complicada para comunidades alejadas de los centros urbanos.

En municipios como Caraparí, donde cerca del 80% de la población vive en comunidades rurales, el problema adquiere mayores dimensiones.

El presidente del Comité Cívico, Manuel Velásquez, advirtió que la mayoría de los pobladores desconocía la nueva disposición y que muchos ni siquiera cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir con el procedimiento.

"La gente viene desde comunidades alejadas a comprar cinco, diez o veinte litros y ahora se encuentra con que no puede adquirir combustible sin este registro", señaló.

Velásquez recordó que Caraparí ni siquiera cuenta con una oficina de la ANH, por lo que los productores deben trasladarse hasta Yacuiba para completar el trámite, incrementando costos y perdiendo valiosas jornadas de trabajo.

Además, cuestionó que muchas personas adultas mayores o agricultores no utilizan internet ni teléfonos inteligentes.

"Hay personas que no saben usar celular ni internet y ahora se les exige registrarse en un sistema digital", lamentó.

El mercado informal vuelve a crecer

Las restricciones también comienzan a generar efectos colaterales.

En Bermejo ya aparecieron ofertas de gasolina a través de redes sociales con precios que oscilan entre 10 y 12 bolivianos por litro, casi el doble del precio subvencionado.

La situación preocupa al sector campesino, que considera que mientras el productor legal enfrenta mayores requisitos, el mercado informal encuentra nuevas oportunidades para expandirse.

El dirigente Ronald Torrez informó que las organizaciones campesinas ya hicieron llegar su reclamo a la ANH debido a las dificultades para completar el registro electrónico.

"Estamos en plena cosecha y no podemos llevar el combustible al campo. La gente pierde dinero cada día que no puede trabajar", afirmó.

El objetivo del Gobierno

Desde el Gobierno nacional, la explicación es distinta. La nueva regulación forma parte de una estrategia para fortalecer el control sobre los combustibles subvencionados y evitar que sean desviados hacia el contrabando, la minería ilegal o actividades ilícitas.

El sistema SISCarguío busca identificar a los denominados "usuarios directos", conocer cuántos litros requiere realmente el aparato productivo nacional y garantizar que el combustible subsidiado llegue únicamente a quienes efectivamente lo necesitan.

Quienes no se registren deberán adquirir gasolina o diésel a precio internacional, que puede triplicar el valor subvencionado.

Las autoridades sostienen que el control es indispensable considerando el elevado costo fiscal que representa mantener el subsidio a los carburantes en un contexto de restricciones económicas y menor disponibilidad de divisas.

Un problema nacional

El rechazo a las nuevas restricciones ya se extiende a distintos puntos del país. En Riberalta, el alcalde cuestionó otro decreto relacionado con la venta de combustibles únicamente a vehículos con documentación regularizada. Aunque respaldó la necesidad de ordenar el parque automotor, consideró que la aplicación inmediata de la medida perjudica a miles de ciudadanos.

La autoridad propuso otorgar un plazo mínimo de seis meses para que los propietarios regularicen su situación antes de restringir el acceso al combustible.

También anunció reuniones con el Comité Cívico y otras instituciones para definir una posición conjunta frente a la disposición gubernamental.

En Santa Cruz el problema es similar, tanto autoridades como dirigentes de los valles cruceños han cuestionado las restricciones para la compra de carburantes, lo que perjudica directamente a los productores agropecuarios.