Ecuador en la mira por el asesinato de una activista

El asesinato de la activista e investigadora polaca Monika Silva Koniuszek en Montañita, provincia de Santa Elena (Ecuador), ha provocado una fuerte reacción internacional y ha puesto bajo escrutinio a las autoridades ecuatorianas.

Silva, reconocida por denunciar presuntas corrupciones y redes de tráfico de tierras y drogas en la costa ecuatoriana, fue hallada sin vida el 8 de junio en su domicilio. El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo en un inicio que se trataba de un suicidio, mencionando "problemas de depresión" y el hallazgo de una soga, un palo y un supuesto mensaje que "sonaba un poco a despedida".

Esa hipótesis quedó desmentida por el informe médico-legal, que estableció que Silva no se quitó la vida y determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por constricción del cuello. Aunque la Fiscalía investiga el caso como presunto femicidio, la contradicción entre el relato oficial inicial y los hallazgos forenses generó alarma internacional.

En este contexto, la relatora especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, instó al Estado ecuatoriano a garantizar el derecho a defender derechos, cesar la persecución y vigilancia de activistas, reforzar los mecanismos de protección, llevar a cabo "una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente en el caso de la Sra. Monika Koniuszek" y enjuiciar a los responsables.

La relatora de la ONU calificó el caso de emblemático de una crisis de inseguridad que golpea a quienes defienden los derechos humanos, recordando que "las personas defensoras son aliadas de la democracia y la dignidad humana".

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Ecuador a "llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial" que incluya otras líneas investigativas para esclarecer la muerte.

Silva había denunciado irregularidades en la venta de tierras en Santa Elena, así como supuestos nexos del narcotráfico con el conglomerado Noboa Trading, perteneciente a la familia del presidente Daniel Noboa. Según sus colegas, ella misma les aseguró que había entregado documentación delicada a la Embajada de Estados Unidos en Quito.