Personas con discapacidad piden derogar los DS 5488 y 5493
Advierten con el bloqueo de carreteras si el Gobierno no los atiende
Las personas con discapacidad de Tarija exigen la derogación de los Decretos Supremos 5488 y 5493, al considerar que ambas normas vulneran sus derechos y autonomía, al reorganizar la estructura institucional que gestiona los programas y fondos destinados a este sector. Los dirigentes piden a la Brigada Parlamentaria de Tarija intervenir y abrir canales de diálogo, ante la falta de respuesta del Gobierno de Rodrigo Paz.
El principal cuestionamiento apunta a que el Decreto 5488 transfiere la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (UE-FNSE) —responsable de financiar proyectos y programas exclusivos para personas con discapacidad— del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Salud.
El dirigente de las personas con discapacidad en Tarija, Merardo Serrano, afirmó que este cambio representa un retroceso, porque nuevamente coloca a las personas con discapacidad bajo un enfoque “médico-rehabilitador”, que los considera pacientes, y no sujetos de derechos que requieren un enfoque más social y de inclusión.
Serrano señaló que el Gobierno aprobó la normativa sin diálogo previo ni consulta con las organizaciones del sector, vulnerando su derecho a la participación y a la construcción conjunta de políticas públicas.
También expresó su preocupación por el posible centralismo y recorte de recursos que, según afirman, podría derivarse del traslado de la UE-FNSE al Ministerio de Salud. Advierten que esta reestructuración pone en riesgo la continuidad de programas de capacitación, inserción laboral, apoyo productivo y asistencia directa.
Ante la falta de respuesta del Gobierno central, las organizaciones anunciaron que desde el lunes iniciarán movilizaciones escalonadas, que podrían incluir marchas, protestas y el bloqueo de carreteras en Tarija.
El sector ya ha protagonizado anteriormente marchas, huelgas de hambre y enfrentamientos con la Policía, reclamando el respeto a sus derechos y una política pública que priorice su inclusión.





