Pacientes oncológicos urgen uso del “Aporte Voluntario Solidario”

La decisión del presidente Rodrigo Paz y su gabinete de reducir en un 50% sus salarios para financiar programas de salud abrió un debate sobre el destino que deberían tener esos recursos. En Tarija, organizaciones de pacientes con cáncer plantearon que el dinero recaudado no termine diluido en la burocracia estatal ni canalizado mediante terceros, sino que llegue directamente a los hospitales y a las personas que enfrentan una de las enfermedades más complejas y costosas del sistema sanitario boliviano.

La demanda surge luego de la promulgación del Decreto Supremo N° 5628, mediante el cual el mandatario y sus ministros establecieron un aporte voluntario y solidario equivalente al 50% de sus salarios, recursos que serán administrados por el Ministerio de Salud y Deportes a través de una cuenta especial denominada “Aporte Voluntario Solidario”.

Aunque la norma señala que los fondos estarán destinados a programas de salud, no especifica aún cuáles serán los beneficiarios directos ni los mecanismos de distribución, situación que deja abierta a interpretaciones de sectores vinculados a la atención de enfermedades crónicas.

El pedido de los pacientes

La presidenta de la Asociación de Enfermos con Cáncer de Tarija, Judit Requelme, considera que esta iniciativa podría representar una oportunidad para aliviar algunas de las múltiples carencias que enfrentan diariamente los pacientes oncológicos.

Requelme pidió al presidente Rodrigo Paz que los recursos recaudados sean destinados específicamente a las personas que luchan contra el cáncer y las enfermedades renales, dos sectores que constantemente enfrentan dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos especializados y atención oportuna.

La dirigente también planteó la necesidad de habilitar un albergue exclusivo para pacientes tarijeños en la ciudad de La Paz, donde decenas de personas deben trasladarse periódicamente para recibir radioterapias y otros tratamientos especializados.

Actualmente, explicó, el albergue existente se encuentra saturado debido a la llegada de pacientes de diferentes regiones del país, obligando a muchas familias a recurrir a hospedajes particulares cuyos costos resultan imposibles de sostener para quienes ya enfrentan elevados gastos médicos.

Las observaciones también son compartidas por Sonia Figueroa, representante de la Fundación Luz de Esperanza, institución que desde hace once años acompaña a niños con cáncer en Tarija.

La activista reconoce avances importantes en la atención pediátrica oncológica, especialmente desde la incorporación de un especialista en oncología infantil hace seis años en el Hospital Regional San Juan de Dios. Gracias a ello, muchos niños ya no necesitan trasladarse fuera del departamento para iniciar sus tratamientos.

Sin embargo, advierte que la cobertura sanitaria sigue siendo insuficiente. Aunque la Ley del Cáncer establece que los menores deben acceder al tratamiento de manera gratuita, la realidad es distinta.

Según Figueroa, el sistema cubre aproximadamente el 90% de las necesidades, pero existen vacíos permanentes que obligan a las familias y organizaciones solidarias a cubrir gastos adicionales.

“Todos los meses faltan medicamentos, insumos o estudios especializados. Hay ocasiones en las que incluso se piden jeringas, medicamentos básicos o materiales indispensables para el tratamiento”, explicó.

La fundación asegura que gran parte de los recursos obtenidos mediante campañas solidarias son destinados precisamente a cubrir esas carencias que no son asumidas por el Sistema Único de Salud (SUS).

Los costos ocultos del cáncer

Más allá de los medicamentos, uno de los desafíos está relacionado con los estudios de seguimiento y diagnóstico especializado.

Figueroa explicó que varios análisis para controlar la evolución de la enfermedad deben realizarse fuera de Tarija y tienen costos elevados.

Algunos laboratorios alcanzan los 500 bolivianos, mientras que pruebas más complejas pueden superar los 2.800 bolivianos.

La situación se vuelve aún más crítica en los casos de trasplante de médula ósea.

Actualmente existen al menos tres niños tarijeños candidatos a este procedimiento en la ciudad de La Paz. Sin embargo, antes de realizar el trasplante deben someterse a estudios de compatibilidad genética cuyo costo puede llegar a los 6.000 bolivianos.

Incluso con descuentos gestionados por trabajo social, las familias continúan enfrentando montos cercanos a los 4.000 bolivianos, cifras difíciles de asumir en un contexto económico cada vez más complicado.

A ello se suman los gastos extraordinarios cuando un paciente requiere terapia intensiva.

En algunos casos, la compra de medicamentos especializados puede representar desembolsos superiores a los 14.000 bolivianos mensuales.

“Hay fármacos que cuestan hasta 800 bolivianos por dosis y que no están disponibles en el hospital. Son gastos que las familias no pueden cubrir solas”, explicó Figueroa.

Uno de los principales pedidos de los pacientes y organizaciones es que los recursos del aporte solidario no sean canalizados a través de organizaciones externas o programas que terminen alejándose de los beneficiarios finales.

Por ello plantean que los recursos sean inyectados directamente a los hospitales públicos, permitiendo la compra inmediata de medicamentos, reactivos, jeringas, equipos médicos y otros insumos esenciales.

Contenido del Decreto

El artículo único del decreto señala que los fondos provenientes de estos aportes serán canalizados a programas de salud que ejecutará el Ministerio de Salud y Deportes. No se especifica aún qué programas serán beneficiados, pero la cartera de Salud será la encargada de su implementación.

La administración de los recursos estará a cargo del Ministerio de Salud y Deportes, el cual, con autorización expresa del decreto, abrirá una cuenta específica dentro de la Cuenta Única del Tesoro, denominada “Aporte Voluntario Solidario”. Dicha cuenta será de carácter público y auditable, y podrá recibir no solo los aportes del Presidente y sus ministros, sino también otras donaciones voluntarias solidarias.

Además, los montos recaudados deberán ser inscritos en el presupuesto institucional del Ministerio de Salud y Deportes, garantizando su correcta ejecución en el marco de la normativa vigente.