El 50/50 entra en el debate del PGE Reformulado 2026

A pocos días de ingresar al Senado, el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación política entre el Órgano Ejecutivo y la oposición. Mientras el presidente Rodrigo Paz urge su aprobación para viabilizar recursos destinados a inversión social y obras públicas, legisladores de oposición advierten que no respaldarán la norma si antes no incorpora cambios, entre ellos la redistribución del 50/50 hacia gobernaciones, municipios y universidades.

El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y plantea incrementar el presupuesto consolidado en Bs 7.472 millones, con el objetivo de reducir el déficit fiscal proyectado del 15% al 9%. Asimismo, prevé recortar más de Bs 4.100 millones en gastos corrientes, principalmente en viáticos, publicidad y funcionamiento administrativo, para financiar más de 6.800 nuevos ítems en salud y educación, además de fortalecer proyectos de seguridad ciudadana e inversión social.

Sin embargo, la discusión en el Senado se perfila mucho más compleja.

Gobierno pide aprobación rápida

Desde el Ejecutivo, el presidente Rodrigo Paz ha pedido públicamente a la Cámara Alta acelerar el tratamiento del proyecto, argumentando que el presupuesto permitirá ejecutar obras y garantizar recursos para distintos departamentos del país.

Además, el Gobierno sostiene que el reformulado representa un cambio respecto al presupuesto heredado de la anterior administración, al sincerar las cuentas fiscales, transparentar los ingresos del Estado y priorizar la inversión social sobre el gasto burocrático.

Parte de la bancada oficialista respalda esa posición y considera que la aprobación del reformulado brindará mayor certidumbre a las finanzas públicas en un contexto marcado por la desaceleración económica y la necesidad de contener el déficit fiscal.

La oposición exige cambios

No obstante, desde el bloque Unidad sostienen que el proyecto mantiene prácticamente la misma estructura presupuestaria heredada del anterior Gobierno y que no responde a las promesas de descentralización planteadas durante la campaña electoral.

El líder de Unidad, Samuel Doria Medina, sugirió abiertamente al Senado rechazar el proyecto. Reclama que el presupuesto actual no incluye el modelo de redistribución económica del "50/50" entre el nivel central y las regiones que había prometido el propio gobierno.

La bancada de Libre dirigida por Tomasa Yarhui, ha condicionado firmemente su apoyo en el Senado. Argumentan que el proyecto sigue manteniendo un carácter centralista similar a la línea económica del Movimiento al Socialismo (MAS). Además, observan con preocupación que un alto porcentaje de los recursos continúe financiando a empresas públicas estatales deficitarias.

Desde Tarija, el senador por Unidad, César Mentasti exigió cambios estructurales profundos. Denunció que el gasto en sueldos y salarios de los ministerios centrales se incrementó de forma encubierta, lo cual contradice el discurso de austeridad fiscal del Gobierno.

La senadora tarijeña por Unidad, Marcela Guerrero, anticipó que su bancada no acompañará la aprobación si el documento no incorpora modificaciones sustanciales.

Según explicó, tras revisar el contenido del proyecto concluyeron que el problema de fondo permanece intacto: un sistema altamente centralizado que continúa concentrando la mayor parte de los recursos en el nivel central del Estado.

La legisladora cuestionó que el reformulado no incluya la propuesta de distribución "50/50", mediante la cual el 50% de los recursos recaudados por el Tesoro General de la Nación sería transferido a gobernaciones, municipios y universidades públicas.

"Ni los municipios, ni las gobernaciones, ni mucho menos las universidades reciben esa redistribución", sostuvo la senadora, al remarcar que esa era una de las principales propuestas impulsadas por la alianza política que hoy integra el Gobierno.

Críticas al gasto público

Guerrero también cuestionó que el proyecto mantenga elevados niveles de gasto corriente pese al discurso oficial de austeridad.

Afirmó que no se realizaron recortes estructurales, no se cerraron empresas públicas deficitarias y tampoco se redireccionaron suficientes recursos hacia sectores estratégicos.

Entre las observaciones mencionó la falta de financiamiento adecuado para la Policía Boliviana, que enfrenta dificultades incluso para acceder a combustible, además de la ausencia de mayor transparencia en empresas estatales como YPFB.

"La población está haciendo sacrificios con las nuevas medidas económicas, pero el Estado no reduce su propio gasto", advirtió.

Actualmente el proyecto se encuentra en la Comisión de Planificación y Presupuestos del Senado, instancia que deberá emitir un informe antes de su tratamiento en el pleno.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Planificación, Eliana Acosta, informó que el proyecto ya fue revisado de manera preliminar y que el tratamiento podría iniciarse entre martes y miércoles, dependiendo de la agenda legislativa y de la presencia del titular de Economía.

Piden explicaciones a Espinoza

Guerrero informó que solicitaron la presencia del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, tanto en comisión como posteriormente en la sesión plenaria, con el propósito de explicar los alcances del reformulado y analizar la incorporación de las observaciones planteadas por la oposición.

La senadora considera que todavía existe margen para introducir modificaciones antes de la aprobación definitiva de la norma.