Tarija: Los gremiales rechazan el PGE 2025 por "confiscatorio"

El sector gremial de Bolivia se encuentra en pie de lucha tras la aprobación por decreto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que incluye una disposición adicional séptima que permite el decomiso y la confiscación de productos a aquellos comerciantes que “almacenen, retengan o encarezcan los precios” de alimentos. Las organizaciones gremiales consideran que esta disposición vulnera sus derechos y agrava la ya difícil situación económica del país. El Gobierno señala que es una medida contra el agio y que los gremiales no deberían sentirse amenazados porque ellos comercializan productos importados.

El dirigente gremial Toño Siñani, de la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), anunció movilizaciones a partir del 13 de enero. Enfatizó que además de los gremiales, otros sectores como transportistas, panificadores y jubilados se sumarán a las protestas. Los reclamos no solo giran en torno al decomiso de alimentos, sino también a la situación económica general: el encarecimiento de la canasta familiar, la escasez de dólares y carburantes, y la creciente inflación.

Gremiales de Tarija

En Tarija, el dirigente de la Federación de Trabajadores Gremiales, Juan Carlos Vargas, confirmó que están a la espera de un ampliado nacional que se realizará el 15 de enero en Santa Cruz.

“Nosotros analizaremos junto a otros dirigentes las acciones que se asumirán. No podemos permitir que se atente contra nuestros derechos como comerciantes y que se criminalice nuestra labor”, declaró.

COD apoya al PGE

El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Roberto León, expresó su respaldo a esta medida del PGE. Según León, esta disposición permitirá efectuar controles a las entidades competentes para que los productos lleguen a la población sin sobreprecios.

Asimismo, mencionó que las instituciones encargadas de ejecutar los controles, como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), el Viceministerio de Defensa del Consumidor y la Aduana Nacional, tienen limitaciones para poder actuar, sin embargo, ahora contarán con herramientas legales para actuar contra quienes incumplan la normativa.

“Lo que se está pidiendo es que se ponga un alto a aquellos malos ciudadanos que generan zozobra y miedo en la población, ocultando los productos con otras intenciones en muchos casos hasta políticos”, apuntó.

“La COD es afín al Gobierno”

El dirigente gremial, Juan Carlos Vargas, respondió negó que se traten de movilizaciones con fines políticos, retrucó argumentando, que quienes tienen injerencia política es la COD y su ente matriz.

Vargas manifestó que la COD al tener una relación “obrero patronal” desconoce la realidad económica del país, sino que ahora quienes están sintiendo estas consecuencias, es el sector gremial y la población.

Aguardan el diálogo

El dirigente de la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), Toño Siñani, señaló que están predispuestos a ir a un diálogo con las autoridades que tengan poder de decisión en los temas que conciernen a su sector.

“Lo que estamos pidiendo es la anulación directa, porque nos afecta y atenta contra el bolsillo del compañero gremial, yo le pregunto al señor viceministro, él no trabaja, está detrás de un escritorio, pero el gremial para conseguir 10, 20, 30 pesos, 100, 200 bolivianos, tenemos que estar en las calles en sol, en lluvia y demás, que nos vengan a quitar, nos vengan a incautar, no es justo, por eso nosotros estamos pidiendo el retiro definitivo de lo adicional que ha puesto del séptimo de la PGE”, manifestó.

Cabe señalar que ya en el último trimestre del 2024 se había advertido de estas observaciones en el PGE, del cual incluso varios parlamentarios cuestionaron dicha disposición. Sin embargo, como la normativa no fue discutida en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Gobierno optó por aprobarlo tal y como está mediante decreto supremo.

Montenegro invita a reglamentar en coordinación

La disposición séptima del Presupuesto “no afecta a los gremiales”, sin embargo, pueden ser partícipes de la reglamentación del tema y despejar dudas, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

“No va en contra de los gremiales, los gremiales no llevan en cantidades voluminosas y no hacen contrabando a la inversa, los gremiales importan, ¿no? Entonces, comercializan bienes importados, no aquellos que están queriendo salir fuera del país, por lo tanto, eso va a quedar claro en esas mesas de trabajo”, explicó en Bolivia Tv.

Montenegro recordó que autoridades de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural plantearon al empresariado reglamentar esta disposición del presupuesto, “para que no haya malos entendidos, pero el objetivo es siempre preservar el bolsillo del boliviano”.

Sobre los gremiales, consideró que pueden ser parte de la reglamentación de la disposición observa e insistió que “no va en contra del sector”.

Cayeron las ventas de fin de año en Tarija

El dirigente gremial, Juan Carlos Vargas, aseguró que el sector atraviesa por un momento crítico, más cuando han tenido un año 2024 complicado, del cual esperaban pueda repuntar durante las fiestas de fin de año, situación que no ha sucedido, por el contrario, han advertido una recesión.

“Hemos visto que no ha habido mucho económico a comparación de anteriores años, las fechas de navidad y año nuevo han estado silencio, no hubo movimiento en las tiendas, en las ferias, y eso está preocupando por lo que está pasando en Tarija y a nivel nacional”, apuntó.

Vargas relacionó está situación, con la falta de dólares, lo que ha afectado a toda la economía nacional, habiendo encarecido las importaciones, tanto de insumos, productos y carburantes.

“En vez que la economía mejore, está empeorando, el Gobierno no se está dando cuenta de eso, realmente el combustible y dólares, es un perjuicio su escasez para quienes brindamos un servicio económico”, expuso.

El dirigente gremial se esperanzó que este año pueda mejorar la situación. Enfatizó que las movilizaciones que están encarando es para que haya respuesta del Gobierno y pueda reorientar las políticas económicas del país.