Más de 500 familias no tienen garantizado el recurso hídrico
O’Connor: A un año y 8 meses del Aluvión, guaraníes no tienen agua
Las familias de Tomatirenda, Ñaurenda, Filadelfia, Saldito de Ñaurenda, Moko Mokal, Abra la Chispa, Ytayuro y la comunidad campesina de Timboy, están sin el servicio de agua potable
El Consejo de Capitanes Guaraníes del departamento de Tarija ingresó en estado de emergencia por la falta de atención de las instituciones públicas a las familias originarias afectadas por el aluvión en febrero del año 2022, con los servicios de agua potable, infraestructura educativa, atención médica y mantenimiento vial, entre otras demandas productivas.
A más de un año y ocho meses de haberse registrado el desastre natural en la zona 1 del pueblo guaraní de la provincia O’Connor, las autoridades nacionales, departamentales y municipales, hasta la fecha no lograron atender la demanda de los indígenas, principalmente en servicios básicos, asó lo denunció el responsable de infraestructura del Consejo de Capitanes Guaraníes del departamento de Tarija (CCGT), Andrés Segundo.
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Los afectados por el desastre natural, superan las 500 familias guaranís, además de un grupo de campesinos. En asamblea realizada el pasado 31 de octubre en la comunidad de Tomatirenda, determinaron dar un plazo de 20 días a las instituciones públicas para atender su pliego petitorio, caso contrario iniciarán movilizaciones en Tarija.
El dirigente guaraní explicó que las más de 500 familias afectadas de las comunidades de Tomatirenda, Ñaurenda, Filadelfia, Saldito de Ñaurenda, Moko Mokal, Abra la Chispa, Ytayuro y la comunidad campesina de Timboy, exigen una solución a su demanda desde hace más de un año y ocho meses sin ninguna respuesta del Estado.
Los afectados por el aluvión, exigen proyectos de agua potable, atención médica en los centros de salud, habilitación de caminos comunales, infraestructura educativa, proyectos productivos, construir el proyecto de riego Quebrada de Naranjos-Timboy y más viviendas para las familias originarias de la zona 1 de la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guazú (APG-IG) del municipio de Entre Ríos.
El dirigente de la APG-IG, René Arevayo, en una anterior entrevista explicó que las familias indígenas consumen agua de los pozos dónde beben los animales, porque no existen sistemas de agua potable, los cuales fueron destruidos por el aluvión en febrero del año 2022.
La sequía extrema que aún persiste en la provincia O’Connor, obliga a centenares de niños, niñas y adolescentes a caminar varios kilómetros a buscar agua en baldes y otros recipientes para sobre vivir a la crisis de agua potable en al menos 11 comunidades guaraníes de esa región.
Entre los meses de septiembre y octubre los responsables de las postas de salud, atendieron varios niños y niñas con problemas estomacales, diarreas y otros problemas de infección, la mayoría de los pacientes por consumir agua contaminada y almacenada señaló el dirigente Arevayo.
Además, la falta de agua por la ausencia de lluvias en esa región, provocó la mortandad de ganado vacuno y menor, además, cultivos de maíz, maní, trigo, papa y otros se secaron en su totalidad.
Autoridades en busca de presupuesto para las obras
Las autoridades municipales de Entre Ríos recordaron a la familias guaraníes que el pasado 31 de agosto de esta gestión, el gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes, subgobernador de O’Connor, Grover Torrejón, alcalde de Entre Ríos, Teodoro Suruguay, Comité Cívico y las autoridades de los pueblos originarios, firmaron un acuerdo para la construcción de tres sistemas de agua potable en beneficio de las comunidades afectadas por la riada y aluvión ocurrido el 21 de febrero del 2022.
El alcalde del municipio de Entre Ríos, Teodoro Suruguay, manifestó que tras ese acuerdo continúan trabajando ambas instituciones para concretar el financiamiento de la obra y resolver la problemática del agua potable para las familias guaraníes, mientras continúan atendiendo la demanda del suministro a través de carros cisternas.
En esa firma de acuerdo las autoridades acordaron las contrapartes del proyecto, el Gobierno Municipal de Entre Ríos y la Gobernación aportar con el 20% con la contraparte del costo del proyecto y el Gobierno Nacional el 80%, para tal objetivo las autoridades departamentales comprometieron gestionar recursos ante el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMyA).