De la indignación judicial a la tregua trampa en el MAS

Se cierra una semana en la que la indignación por los desmanes de la justicia se ha impuesto sobre cualquier iniciativa política, y donde la sociedad civil ha desplazado a la oposición tradicional para interpelar directamente al Gobierno, responsable en primera instancia de articular la prometida “reforma de la Justicia” y que hasta el momento solo parecen ser un paquete de promesas y ajustes que nadie se atreve a concretar.

Por lo general, cuando se descubre una pifia de estas el Gobierno suele reaccionar buscando al juez para lapidarlo en plaza pública, endilgándole todos los delitos posibles. Esta vez empezó pasando lo mismo: el juez Alcón fue hallado responsable de que el asesino serial de El Alto estuviera libre, sin embargo, la presión popular y los datos recabados en tiempo récord evidenciaban que hay al menos unos 100 asesinos, violadores, parricidas y similares libres en el territorio nacional pese a tener condenas sustanciosas, por lo que la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, decidió tomar el toro por las astas y conformó una comisión, que pese a las burlas iniciales parece tendrá cierto sentido.

En solo un par de días de trabajo ya se ha podido evidenciar que hay dos vías de salida para los condenados. Unos optan por la corrupción pura y simple, accediendo a uno de esos consorcios de jueces, fiscales y abogados tipificados en la Ley y pagando lo indicado para obtener, normalmente, certificados médicos que justifiquen la excarcelación. Otros son los que esperan “ejecutoriar” la sentencia después de la apelación al Tribunal Supremo, y que al demorar más de lo estipulado por la Ley se opta a una acción de libertad para estar en la calle.

Los colectivos de mujeres llevan años denunciando estas prácticas, pero ha tenido que pasar un hecho indignante como el de Richard Choque para que haya reacción.

Pedido de reforma total

La puesta en marcha de la comisión no ha evitado que se siga exigiendo la reforma total de la Justicia y recordado las palabras del vicepresidente David Choquehuanca en su posesión, donde habló de sacar las manos de la Justicia y eludir la politización.

En Tarija lo pidieron el gobernador Oscar Montes y el alcalde Johnny Torres, imputados por las marchas de noviembre que conllevaron a la derogación de la estrategia de lucha contra las Ganancias Ilícitas. Aunque en la audiencia cautelar se decidió anular el proceso.

A su modo también lo está pidiendo el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, que se declaró en la clandestinidad el pasado fin de semana convencido de que la justicia no iba a ser imparcial al tratar su proceso por la compra de los Puma Katari.

También a su modo Santos Quispe, el gobernador de La Paz “sorprendido” libando cervezas en la zona noble de la Gobernación en lo que él considera que ha sido un acto organizado para “implantarle” las bebidas e incriminarle, lo que de momento ya está sucediendo con detención preventiva.

También lo piden las fuerzas de oposición y sus líderes, como Carlos Mesa, aunque su vocería va perdiendo fuelle en 2022, probablemente por lo repetitivo de la estrategia.

Y también las fuerzas cruceñas de Luis Fernando Camacho y de Rómulo Calvo, el presidente cívico y exfuncionario de la Caja Petrolera al que también se le están buscando las cosquillas por la parte judicial.

Tregua trampa en el MAS

Si a alguien le está viniendo bien el revuelo armado entorno a la Justicia es precisamente al Movimiento Al Socialismo como partido, no como Gobierno, que es donde reside la lucha de poder que después se traslada al gabinete de Luis Arce.

El pulso entre el sector indigenista de David Choquehuanca y la vieja guardia del evismo, que sigue siendo mayoritaria, al menos en lo que a vocería se refiere, quedó en pausa después de que Arce diera el puñetazo en la mesa el 22 de enero y se negara a hacer ningún cambio de los que le exigían el Pacto de Unidad por un lado y las Federaciones cocaleras por el otro.

Los ecos del puñetazo duraron cuatro días: María Nela Prada reabrió el debate luego de que Maximiliano Dávila, exjefe de la FELCN y procesado por ganancias ilícitas en Bolivia y por narcotráfico en EEUU declarara camino al penal que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lo utilizaba para tratar de incriminar a Evo Morales en el manejo de la cocaína en el país. Una acusación de primer nivel que algunos han dado por buena.

Hay más fechas en el calendario y las presiones sobre Arce se van reponiendo. La cuestión es si las usará para reforzarse él como independiente; él como parte del equipo de Evo, o dejará volar al Pacto de Unidad. Es cuestión de tiempo.

El MAS Tarija, en estado catatónico

Al mismo tiempo que el MAS nacional toma oxígeno para abordar su verdadera batalla identitaria final, el MAS Tarija trata de buscarlo para salir de su coma orgánico, que está permitiendo que tanto el alcalde Johnny Torres como el Gobernador Oscar Montes se consoliden en su proyecto sin oposición.

El Congreso orgánico que debía renovar la Directiva departamental en noviembre no se ha celebrado. Carlos Acosta, acólito del viceministro y último candidato, Álvaro Ruíz, se aferra al cargo de Presidente mientras es declarado no grato en provincias, donde el partido se divide.

Han aparecido nuevos nombres para dirigir el partido a nivel departamental, como Marcelo Poma, Pilar Lizárraga o Walter Ferrufino.