Colectivos: Nadie verifica el riesgo de víctimas de violencia

Ante la alerta nacional por los once feminicidios que se registraron en Bolivia durante los siete primeros días de la presente gestión, los colectivos que luchan contra la violencia a la mujer cuestionaron e identificaron que dentro de las instituciones receptoras de denuncias nadie verifica el riesgo de las víctimas, siendo este uno de los motivos que deja consecuencias fatales.

La vocera del Colectivo Ni Una Menos en Tarija, Alba van der Valk, señaló que si bien existe mayor información en la población sobre los derechos de las mujeres y las sanciones contra los agresores no hay suficiente personal en las instituciones receptoras, y el que existe aún no está capacitado para continuar con el protocolo que presenta la normativa nacional.

Aunque los últimos nueve feminicidios que estremecieron a la población de Bolivia no se suscitaron en el departamento de Tarija, el 2019 cerró con siete nuevos casos, sin contar aquellos procesos que no fueron concluidos y los acusados no tienen sentencia. En el 2018 hubo 12 casos de feminicidios en el departamento.

Por otro lado, se hizo referencia a la necesidad de un cambio social y cultural en el departamento para que la población deje de naturalizar ciertas acciones de los hombres en contra de las mujeres o de mujeres en contra de otras mujeres. Un ejemplo que se menciona en los talleres sobre despatriarcalización es el cuestionario que solía confundir a las víctimas de violencia o los comentarios que sugerían que ellas provocaban esta reacción en sus parejas.

La directora de la Red de Lucha Contra la Violencia, Peky Rubín de Celis, indicó que la capacitación debe ser constante, aún así, la formación recibida en las aulas de las universidades es insuficiente o “fuera de la realidad” y las capacitaciones no suplen esta deficiencia.

“Las capacitaciones deberían ser parte de acciones institucionales que permitan aplicar lo aprendido, que hagan monitoreo y seguimiento de esa aplicación y no hay políticas institucionales de seguimiento ni evaluaciones de desempeño de servidores de los tres niveles del Estado que al estar en contacto con población vulnerable están en mayor responsabilidad”, manifestó.

Además, puntualizó que el contar con profesionales en línea por pocos meses genera inestabilidad laboral e inseguridad y tampoco se puede concretar procesos de mediano o largo plazo de capacitación al personal.

Por último, mencionó que los servidores públicos al igual que toda la población boliviana se encuentran expuestos a una sociedad altamente machista, violenta y discriminadora. “La sociedad inyecta en el subconsciente que lo que las capacitaciones esporádicas, no se puede pensar en ninguna acción contra la violencia machista o maltrato infantil sin antes asumir que la burla, la humillación, el odio es lo corriente en nuestras vidas, es lo normal, es lo permitido y alentado, festejado y permitido”, alertó.

 
Gobierno creará ley de alerta contra la violencia de género
El Gobierno nacional de transición se pronunció ante la alerta mencionada y aseguró que se realizará una declaratoria de emergencia en Bolivia para frenar los casos de violencia de género.

Para la declaratoria se trazará primero una ruta crítica y establecerán un plan que no solo debe contar con la participación del Gobierno nacional, sino además con las entidades territoriales autónomas. Una vez sea aprobado ese plan en el gabinete ministerial, será declarada la alerta nacional. Esto incluirá en un Decreto Supremo en donde se declare este 2020 como el año de la Lucha en Contra de la Violencia hacia la Mujer.

Tarija tiene la Ley Departamental 368 promulgada el 24 de diciembre de 2018, con el objetivo de emitir una Declaratoria de Alerta por la Violencia Contra las Mujeres en razón de Género, pero según las cifras no pareciera tener los efectos que se pretendía.

La asambleísta, María Lourdes Vaca, indicó que no se desembolsaron los recursos necesarios para oponer en funcionamiento el plan de alerta que se planteó para frenar la ola de feminicidios en el departamento, además de las incontrolables denuncias de maltrato en contra de las mujeres.