El hambre, un problema real y burocrático en Latinoamérica
Mientras en Bolivia los datos de pobreza se convierten en arma arrojadiza en plena campaña electoral, parlamentarios a nivel continental han analizado el problema del hambre y han evidenciado datos contradictorios, que exigen el tratamiento de un plan de acciones urgentes. Desde el 2014, la...
Mientras en Bolivia los datos de pobreza se convierten en arma arrojadiza en plena campaña electoral, parlamentarios a nivel continental han analizado el problema del hambre y han evidenciado datos contradictorios, que exigen el tratamiento de un plan de acciones urgentes.
Desde el 2014, la reducción del hambre no progresa en América Latina y el Caribe. En 2018 la subalimentación afectaba a 42,5 millones de personas, 6,5 por ciento de los habitantes de la región, más que la población conjunta de Chile, Uruguay y Ecuador.
Con esas cifras como contexto, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 60 legisladores de 23 países llamaron a los países a desarrollar acciones urgentes para ubicar el derecho humano a la alimentación en lo más alto de las agendas públicas ante el aumento de la malnutrición en la región, ya que por cada persona que sufre hambre, más de seis sufren sobrepeso.
El anuncio de los legisladores ocurrió durante el VII Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias, en Colombia.
“Hoy son más los latinoamericanos y caribeños que no cuentan con alimentos sanos y nutritivos para vivir adecuadamente. Como legisladores debemos superar las divisiones y trabajar juntos, con el apoyo de FAO, por una meta común: la erradicación total del hambre y la malnutrición”, sostuvo Jairo Flores, coordinador general del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.
Avances legislativos para alcanzar malnutrición cero
En Sudamérica, los legisladores de los frentes parlamentarios contra el hambre han generado leyes de gran impacto: en Paraguay, por ejemplo, aprobaron recientemente una ley de protección a la agricultura familiar, mientras que en Uruguay aprobar legislación que fomenta la agroecología.
En tanto, gracias a la labor del Frente contra el hambre de Colombia, en junio dicho país aprobó una ley para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, iniciativa que Argentina, Brasil, Perú y Chile están trabajando en sus propios parlamentos.
“Dentro de los resultados es importante destacar la Ley de Etiquetados de Chile, una política exitosa que está siendo replicada en Guatemala, Paraguay, Argentina, Colombia, Perú, entre otros países”, dijo Jairo Flores.
En la zona mesoamericana, los frentes han trabajado en leyes para una agricultura más sostenible. “Como frentes llamamos a los legisladores a generar las condiciones necesarias para que la gente de nuestro campo no se vean en la obligación de emigrar”, dijo Teresa Cálix, diputada hondureña y coordinadora de los Frentes contra el Hambre de Mesoamérica.
En el Caribe, los frentes de Haití, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana, Granada y Belice están promoviendo la alimentación escolar a través de leyes que mejoran la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables y nutritivos para los niños, niñas y adolescentes.
Alianza Iberoamericana contra el hambre y la malnutrición
Tras la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición realizada en octubre de 2018 en Madrid, la Alianza Parlamentaria a favor del derecho a la alimentación de las Cortes Generales de España y el Frente se han unido para trabajar juntos por el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero.
“Los legisladores de América Latina y el Caribe, las Cortes Generales de España y los parlamentos de Portugal estamos trabajando para formar una alianza iberoamericana que pueda contribuir con mayor fuerza al Hambre Cero”, sostuvo Moni Pizani, directora de la Oficina Subregional de la Secretaría General Iberoamericana.
“El Frente Parlamentario contra el Hambre ha logrado ser un referente para Europa y el resto del mundo gracias a su trabajo en red, donde se prioriza una nueva forma de hacer política basada en el consenso y la pluralidad”, complementó Luis Lobo, 0ficial del Programa España – FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
Hambre
En 2018 la subalimentación afectaba a 42,5 millones de personas en Sudamérica, 6,5 por ciento de los habitantes de la región, más que la población conjunta de Chile, Uruguay y Ecuador.
Diez años de los Frentes
Actualmente, existen más de 20 congresos nacionales y asambleas legislativas de la región que son parte del Frente Parlamentario contra el Hambre, una red regional que reúne a legisladores de diferentes grupos políticos interesados en generar leyes y aprobar presupuestos adecuados para la seguridad alimentaria y nutricional.
El 2019, los frentes parlamentarios contra el hambre cumplieron una década de trabajo; estos grupos legislativos, originales de América Latina y el Caribe, han generado más de 30 leyes orientadas a contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios.
“Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre son nuestros activos más preciados. Sus legisladores no sólo hacen leyes, sino que también fiscalizan en el terreno el cumplimiento de las políticas y aprueban presupuestos”, dijo Alan Bojanic, Representante de la FAO en Colombia, durante el encuentro de planificación.
Los frentes son apoyados por la FAO, la Cooperación Española y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, mediante el Programa Mesoamérica sin Hambre.
El Frente, además, reúne a cuatro parlamentos regionales como el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), el Parlamento Andino y el Parlamento Centroamericano, instancias que han declarado la lucha contra el hambre y la malnutrición como acción prioritaria.
“Desde los parlamentos regionales tenemos un fuerte compromiso con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Junto con el Frente estamos trabajando diversos instrumentos para combatir a nivel continental el flagelo del hambre”, agregó Pablo González, secretario general del Parlatino.
Bolivia: Hambre versus pobreza multidimensional
La pobreza multidimensional, medida por el CEDLA, afecta más a la población con mayor propensión a la actividad económica, de entre 25 a 59 años, y lo hace principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Cochabamba, donde la población crece a un ritmo que supera el promedio nacional.
Según el CEDLA, la pobreza multidimensional es una categoría que engloba no sólo la falta de acceso a recursos monetarios, sino también aspectos como bienes del hogar, el logro educativo o el acceso a internet, el acceso a empleo de calidad, así como la salud.
El estudio establece que las oportunidades de empleo, educación, salud vivienda y servicios básicos mejorados, si bien aumentan lentamente, se caracterizan por su baja calidad.
La segunda porción poblacional afectada por la pobreza en sus múltiples dimensiones son los jóvenes entre 15 y 24 años, residentes principalmente en los departamentos de la región oriental además de Cochabamba.
En cambio, la pobreza en la edad avanzada (60 años o más), se concentra en el occidente del país, sobre todo en el departamento de Potosí, seguido de Oruro, La Paz y también de Chuquisaca, en los valles.
La característica del grupo de los adultos mayores es que, al 2017, sufre la negación de sus derechos en las diferentes dimensiones, pero con mayor frecuencia no cuenta con ingresos por jubilación ni acceso a los servicios de salud, por cuanto no ejercen sus derechos a la seguridad social.
El estudio del CEDLA establece que la interrogante sobre quiénes son los pobres, será profundizada en el proceso de conocimiento sobre la pobreza multidimensional en el país.
Sin embargo, la fuente de información utilizada permite una amplia caracterización cuantitativa que requiere complementarse con la mirada de los propios pobres, abordando aspectos específicos relevantes para la vida de la gente y para sus posibilidades de acción política en la perspectiva de transformar su situación.
“No obstante, en esta primera aproximación, interesa señalar algunos rasgos de algunos grupos sociales o sujetos más afectados por la pobreza multidimensional”, señala la investigación, que aborda la situación de los campesinos y colonos, de los trabajadores independientes y la clase obrera del agro y las ciudades, de acuerdo a su posición en la estructura social del país y el ejercicio de sus derechos.
Hambre, rentismo e inversión
Baja inversión en agricultura
Los gobiernos municipales del área rural destinaron en 2018 apenas el 1,6 por ciento de su presupuesto para el fortalecimiento de la agricultura y la actividad pecuaria en sus territorios. La situación se replica incluso a nivel del Gobierno central, que asigna sólo el 6% del presupuesto nacional a la agricultura, según los datos actualizados de la Fundación Jubileo sobre el sector.
Unidades productivas minúsculas
Los datos del Censo 2012 del INE dan cuenta que el 32% de los bolivianos residen en el área rural. La investigadora de la Fundación TIERRA, Martha Irene Mamani, afirma que “prácticamente todos ellos” se dedican a la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, y que “la mayoría son pequeñas unidades agrícolas, que en total representan el 98% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) de Bolivia”.
El peso de la burocracia
Datos de Fundación Jubileo (2018) muestran que los municipios se han convertido en aparatos burocráticos pesados y con gastos de funcionamiento desproporcionados.
En la gestión 2017 se destinó el 73% del presupuesto municipal para gastos de administración y personal, o sea gasto corriente. En el periodo 2012-2018, el promedio de gastos corrientes municipales alcanzó al 65% del presupuesto.
Desde el 2014, la reducción del hambre no progresa en América Latina y el Caribe. En 2018 la subalimentación afectaba a 42,5 millones de personas, 6,5 por ciento de los habitantes de la región, más que la población conjunta de Chile, Uruguay y Ecuador.
Con esas cifras como contexto, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 60 legisladores de 23 países llamaron a los países a desarrollar acciones urgentes para ubicar el derecho humano a la alimentación en lo más alto de las agendas públicas ante el aumento de la malnutrición en la región, ya que por cada persona que sufre hambre, más de seis sufren sobrepeso.
El anuncio de los legisladores ocurrió durante el VII Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias, en Colombia.
“Hoy son más los latinoamericanos y caribeños que no cuentan con alimentos sanos y nutritivos para vivir adecuadamente. Como legisladores debemos superar las divisiones y trabajar juntos, con el apoyo de FAO, por una meta común: la erradicación total del hambre y la malnutrición”, sostuvo Jairo Flores, coordinador general del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.
Avances legislativos para alcanzar malnutrición cero
En Sudamérica, los legisladores de los frentes parlamentarios contra el hambre han generado leyes de gran impacto: en Paraguay, por ejemplo, aprobaron recientemente una ley de protección a la agricultura familiar, mientras que en Uruguay aprobar legislación que fomenta la agroecología.
En tanto, gracias a la labor del Frente contra el hambre de Colombia, en junio dicho país aprobó una ley para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, iniciativa que Argentina, Brasil, Perú y Chile están trabajando en sus propios parlamentos.
“Dentro de los resultados es importante destacar la Ley de Etiquetados de Chile, una política exitosa que está siendo replicada en Guatemala, Paraguay, Argentina, Colombia, Perú, entre otros países”, dijo Jairo Flores.
En la zona mesoamericana, los frentes han trabajado en leyes para una agricultura más sostenible. “Como frentes llamamos a los legisladores a generar las condiciones necesarias para que la gente de nuestro campo no se vean en la obligación de emigrar”, dijo Teresa Cálix, diputada hondureña y coordinadora de los Frentes contra el Hambre de Mesoamérica.
En el Caribe, los frentes de Haití, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana, Granada y Belice están promoviendo la alimentación escolar a través de leyes que mejoran la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables y nutritivos para los niños, niñas y adolescentes.
Alianza Iberoamericana contra el hambre y la malnutrición
Tras la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición realizada en octubre de 2018 en Madrid, la Alianza Parlamentaria a favor del derecho a la alimentación de las Cortes Generales de España y el Frente se han unido para trabajar juntos por el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero.
“Los legisladores de América Latina y el Caribe, las Cortes Generales de España y los parlamentos de Portugal estamos trabajando para formar una alianza iberoamericana que pueda contribuir con mayor fuerza al Hambre Cero”, sostuvo Moni Pizani, directora de la Oficina Subregional de la Secretaría General Iberoamericana.
“El Frente Parlamentario contra el Hambre ha logrado ser un referente para Europa y el resto del mundo gracias a su trabajo en red, donde se prioriza una nueva forma de hacer política basada en el consenso y la pluralidad”, complementó Luis Lobo, 0ficial del Programa España – FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
Hambre
En 2018 la subalimentación afectaba a 42,5 millones de personas en Sudamérica, 6,5 por ciento de los habitantes de la región, más que la población conjunta de Chile, Uruguay y Ecuador.
Diez años de los Frentes
Actualmente, existen más de 20 congresos nacionales y asambleas legislativas de la región que son parte del Frente Parlamentario contra el Hambre, una red regional que reúne a legisladores de diferentes grupos políticos interesados en generar leyes y aprobar presupuestos adecuados para la seguridad alimentaria y nutricional.
El 2019, los frentes parlamentarios contra el hambre cumplieron una década de trabajo; estos grupos legislativos, originales de América Latina y el Caribe, han generado más de 30 leyes orientadas a contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios.
“Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre son nuestros activos más preciados. Sus legisladores no sólo hacen leyes, sino que también fiscalizan en el terreno el cumplimiento de las políticas y aprueban presupuestos”, dijo Alan Bojanic, Representante de la FAO en Colombia, durante el encuentro de planificación.
Los frentes son apoyados por la FAO, la Cooperación Española y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, mediante el Programa Mesoamérica sin Hambre.
El Frente, además, reúne a cuatro parlamentos regionales como el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), el Parlamento Andino y el Parlamento Centroamericano, instancias que han declarado la lucha contra el hambre y la malnutrición como acción prioritaria.
“Desde los parlamentos regionales tenemos un fuerte compromiso con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Junto con el Frente estamos trabajando diversos instrumentos para combatir a nivel continental el flagelo del hambre”, agregó Pablo González, secretario general del Parlatino.
Bolivia: Hambre versus pobreza multidimensional
La pobreza multidimensional, medida por el CEDLA, afecta más a la población con mayor propensión a la actividad económica, de entre 25 a 59 años, y lo hace principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Cochabamba, donde la población crece a un ritmo que supera el promedio nacional.
Según el CEDLA, la pobreza multidimensional es una categoría que engloba no sólo la falta de acceso a recursos monetarios, sino también aspectos como bienes del hogar, el logro educativo o el acceso a internet, el acceso a empleo de calidad, así como la salud.
El estudio establece que las oportunidades de empleo, educación, salud vivienda y servicios básicos mejorados, si bien aumentan lentamente, se caracterizan por su baja calidad.
La segunda porción poblacional afectada por la pobreza en sus múltiples dimensiones son los jóvenes entre 15 y 24 años, residentes principalmente en los departamentos de la región oriental además de Cochabamba.
En cambio, la pobreza en la edad avanzada (60 años o más), se concentra en el occidente del país, sobre todo en el departamento de Potosí, seguido de Oruro, La Paz y también de Chuquisaca, en los valles.
La característica del grupo de los adultos mayores es que, al 2017, sufre la negación de sus derechos en las diferentes dimensiones, pero con mayor frecuencia no cuenta con ingresos por jubilación ni acceso a los servicios de salud, por cuanto no ejercen sus derechos a la seguridad social.
El estudio del CEDLA establece que la interrogante sobre quiénes son los pobres, será profundizada en el proceso de conocimiento sobre la pobreza multidimensional en el país.
Sin embargo, la fuente de información utilizada permite una amplia caracterización cuantitativa que requiere complementarse con la mirada de los propios pobres, abordando aspectos específicos relevantes para la vida de la gente y para sus posibilidades de acción política en la perspectiva de transformar su situación.
“No obstante, en esta primera aproximación, interesa señalar algunos rasgos de algunos grupos sociales o sujetos más afectados por la pobreza multidimensional”, señala la investigación, que aborda la situación de los campesinos y colonos, de los trabajadores independientes y la clase obrera del agro y las ciudades, de acuerdo a su posición en la estructura social del país y el ejercicio de sus derechos.
Hambre, rentismo e inversión
Baja inversión en agricultura
Los gobiernos municipales del área rural destinaron en 2018 apenas el 1,6 por ciento de su presupuesto para el fortalecimiento de la agricultura y la actividad pecuaria en sus territorios. La situación se replica incluso a nivel del Gobierno central, que asigna sólo el 6% del presupuesto nacional a la agricultura, según los datos actualizados de la Fundación Jubileo sobre el sector.
Unidades productivas minúsculas
Los datos del Censo 2012 del INE dan cuenta que el 32% de los bolivianos residen en el área rural. La investigadora de la Fundación TIERRA, Martha Irene Mamani, afirma que “prácticamente todos ellos” se dedican a la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, y que “la mayoría son pequeñas unidades agrícolas, que en total representan el 98% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) de Bolivia”.
El peso de la burocracia
Datos de Fundación Jubileo (2018) muestran que los municipios se han convertido en aparatos burocráticos pesados y con gastos de funcionamiento desproporcionados.
En la gestión 2017 se destinó el 73% del presupuesto municipal para gastos de administración y personal, o sea gasto corriente. En el periodo 2012-2018, el promedio de gastos corrientes municipales alcanzó al 65% del presupuesto.
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