El 57% de la inversión de 2018 se fue a las subgobernaciones

El informe del Gobernador Adrián Oliva llegó a la Asamblea Departamental antes de que acabe el mes de enero, y más allá de si lo que procede es una defensa pública o una notificación, el documento viene a constatar dos asuntos clave: que los recursos del gas no volverán a ser los mismos y que las subgobernaciones siguen siendo las principales entidades ejecutoras de los recursos públicos. Esta situación conlleva dos reflexiones: urge cambiar de modelo utilizando los recursos que quedan de regalías para impulsarlo, y es necesario mejorar la fiscalización de los proyectos en las subgobernaciones, sobre los que se gastan recursos e incluso se contratan créditos a pagar por todos los tarijeños y que sin embargo, nadie defiende.


Ingresos
El dato de ingresos es contundente; de los 3.981 millones de renta petrolera que llegaban en 2014 se pasó a 2.800 en 2015, 1.500 en 2016, 1.137 en 2017 y 915 en 2018, un declinamiento que se mantendrá a medida que la producción de San Alberto y San Antonio continúa cayendo y siendo sustituida por la de Incahuasi (Santa Cruz) para honrar la exportación a Brasil, que también se viene reduciendo.

Es significativo también como desde 2014 los ingresos efectivamente recibidos han distado de lo presupuestado. En 2014, por ejemplo, se recibieron casi 1.200 millones de bolivianos de recursos adicionales al presupuesto mientras que en 2017 fueron 316 millones de bolivianos menos. En 2018, donde el precio del petróleo estuvo casi 20 dólares por encima de lo presupuestado, es decir, un 25%, los recursos adicionales apenas llegaron a 12 millones de bolivianos, precisamente por el recorte de la producción y exportación hacia los países vecinos.
Gastos
En el cuadro de gastos del presupuesto efectivamente ejecutado, 547 millones de bolivianos se van a la inversión pública; 198 a la ejecución de programas (Sedes, Sedeges, mantenimientos, etc.); 216 a la Transferencia de Capital (al Estado por la Renta Dignidad, al Prosol, a los proyectos concurrentes municipales o a la Asamblea); 59 a la previsión financiera; 26 al servicio de deuda y 403 a los gastos de funcionamiento de la entidad central y las ocho subgobernaciones dependientes del presupuesto de la Gobernación de Tarija.
Inversión pública
El capítulo de inversión pública asciende a 547 millones de bolivianos, que esencialmente han sido gestionados por las subgobernaciones con 313 millones de bolivianos. De ese monto, 97 millones han sido para la subgobernación de O´Connor, 68 para la de Uriondo, 32 para Bermejo, 31 para Padcaya, 26 para El Puente, 24 para Cercado, 25 para San Lorenzo y 8 para Yunchará.
Financiamiento

El financiamiento contratado desde 2016 asciende a 797 millones de bolivianos entre fideicomisos, créditos y financiamientos del contratista
Del resto, 81 millones de bolivianos han sido para la Administración central, de los que 79 se han ido a la secretaría de Obras Públicas, mientras que 152 se han ido a las Unidades Desconcentradas, de los que 140 los acapara el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca).

Respecto a las transferencias de capital para los proyectos concurrentes con los Gobiernos Municipales, en 2018 se han gastado 76 millones de bolivianos, más del doble de lo gastado en 2017, ya que básicamente son cubiertos con financiamiento contratado. El municipio más agraciado ha sido el de Padcaya con 18 millones de bolivianos, Entre Ríos con 12, El Puente, Uriondo y San Lorenzo con 10, Bermejo con 7,8, Yunchará con casi 4 y Cercado con menos de tres millones de bolivianos.
Financiamiento
En el informe del Gobernador Adrián Oliva se dan detalles de los 797 millones de bolivianos contratados en financiamiento en diferentes fuentes desde 2016; un monto que es elevado, pues prácticamente es idéntico a una renta petrolera anual, pero que en los círculos financieros consideran soportable.

El financiamiento está compuesto por dos fideicomisos y dos créditos, además de una propuesta de financiamiento por parte del contratista que tiene algunas dificultades en la ejecución del proyecto Cenavit – Calamuchita y en el proyecto de abducción del río San Telmo.

El primer fideicomiso de 251 millones contratado al FNDR sirve para cubrir contrapartes locales con proyectos nacionales y ha sido desembolsado al 77%. Se pagan proyectos del FPS, Emagua, como la presa Sella Rumicancha, y la UPRE, como los estadios de Entre Ríos, Uriondo y Yacuiba además del Oncológico.

El segundo fideicomiso alcanza los 143 millones de bolivianos y ha sido desembolsado al 98%. Sirve básicamente para pagar proyectos de las subgobernaciones.

El primer crédito del Banco Unión asciende a 68 millones y se ha desembolsado al 56% para proyectos de equipamiento hospitalario y la Piscina Olímpica departamental, entre otros.

El segundo crédito del Banco Bisa asciende a 103 millones de bolivianos, de los que se ha desembolsado el 96%, para pagar los dos tramos de la ruta al Chaco y 40 millones en proyectos concurrentes.