Armella señala incoherencia en convenios con municipios

La secretaria de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Sara Armella, denunció incongruencia sobre el discurso de la Gobernación acerca de la crisis financiera del departamento y la firma de convenios para nuevos proyectos con los municipios, sin haber concluido y cerrado las deudas de los anteriores proyectos por la falta de presupuesto.

La ALDT solicitó al Órgano Ejecutivo un detalle de los proyectos que fueron inscritos para ejecutarse en el Plan Operativo Anual (POA) de la gestión 2019, pero hasta la fecha no se les entregó la información. A esto, sumados los múltiples proyectos a los que se comprometieron con los municipios, el número de compromisos asciende pero la conclusión de los anteriores se encuentra aún pendiente.

La provincia O’Connor firmó convenios que llegan a la suma 30 millones de bolivianos. El Puente firmará convenios por 15 millones de bolivianos. En Iscayachi se firmaron ocho convenios en tema de agua. “Pero siguen diciendo que no hay plata”, resaltó Armella y pidió a las autoridades que tengan coherencia entre lo que se informa a la población y las acciones que realizan. Recalcó que los municipios también tienen responsabilidad.

El procedimiento indica que se deberían realizar los débitos automáticos cuando no se cumple con la transferencia de recursos a los municipios, respecto a los proyectos concurrentes una vez se cumplan los plazos. Sin embargo, ningún municipio acudió al Ministerio de Economía y Finanzas para pedir una trasferencia directa a consecuencia de la mora.

Por su parte, el alcalde de Uriondo y presidente de la Federación de la Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, Álvaro Ruiz, explicó que no se realizaron los débitos automáticos porque en las anteriores gestiones a la Ley Marco de Autonomías no existía este punto, por lo que los proyectos anteriores a la normativa no cuentan con esta figura.
Los nuevos convenios que llevan la firma del actual gobernador, Adrián Oliva, cuentan con un acuerdo de débito automático como última instancia, pero no solo por parte de la Gobernación, sino también en caso que los municipios no logren cancelar su contraparte en los proyectos.

“En el caso de los proyectos nuevos, yo no me preocuparía tanto”, expuso y dijo que los proyectos antiguos deberán ser planificados y presupuestados por la Gobernación para que no exista ningún tipo de inconveniente. Además, los convenios firmados deberán pasar por un procedimiento antes de ser ejecutados. La Asamblea deberá aprobarlos y enviarlos al Ministerio de Economía y Finanzas y una vez devueltos, cumplir con otros trámites para ser ejecutados.

La AMT suspendió los débitos por compromisos

En su momento, la presidenta de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Gladys Alarcón, suspendió los débitos automáticos mientras se cumplan los acuerdos de los proyectos concurrentes con la Gobernación.

El acuerdo básicamente contempló un calendario para desembolsar recursos respecto al presupuesto vigente para cerrar proyectos y también “abrir el paraguas de los nuevos proyectos”, como señaló el gobernador, Adrián Oliva. En el acuerdo también se contemplaron los desembolsos de los proyectos incluidos en el crédito privado del Banco Bisa y también de un nuevo fideicomiso para el que Alarcón comprometió gestión.

Durante el mes de enero de 2018, y con la Ley del 8 por ciento respaldada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), los municipios de Yunchará y San Lorenzo tramitaron sus primeros débitos automáticos ante el Ministerio de Economía, un total de 18 millones de bolivianos que restaron a la planificación de la Gobernación de Tarija para los siguientes meses. Tras la impugnación otros municipios amenazaron con aplicarlos, pero no se concretaron.