Parálisis del Pacto Fiscal Nacional precipita demandas regionales

El Gobierno nacional paralizó los avances hacia un Pacto Fiscal y las autoridades departamentales y municipales de Tarija advirtieron el peligro de atrasar la redistribución de recursos.

El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya, reveló que el Gobierno nacional congeló el proceso del Pacto Fiscal sin ninguna explicación concreta, a pesar de los avances realizados. La discusión quedó trabada en conocer cuál iba a ser la fuente de financiamiento para las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Las gobernaciones de los departamentos de Bolivia se encuentran peleando contra los conflictos que acarrea la transferencia de competencias sin la asignación de recursos, tal como en el caso de Cochabamba y La Paz.

Las trasferencias inconclusas violan el artículo 305 de la Constitución Política del Estado (CPE), donde establece que las trasferencias de competencias deben tener los recursos suficientes y sostenibles. “Es por eso que los servicios de salud en varios departamentos están colapsando”, explicó Ardaya. Por consiguiente, la autoridad afirmó que es necesario convocar al Consejo Nacional de Autonomías para retomar el procedimiento de un Pacto Fiscal para contar con presupuestos estables e independientes de la renta petrolera y minera.
Tarija encabeza la lista de departamentos que presentaron propuestas para el Pacto Fiscal junto con Santa Cruz y La Paz, pero es relevante continuar las reuniones nacionales para presionar al Gobierno la redistribución de al menos el 50 por ciento de la participación tributaria a favor de las gobernaciones y de los pueblos indígenas.

Por otro lado, acusó al Gobierno de querer mantener la dependencia de las gobernaciones con respecto a los ministerios de Planificación y de Economía y Finanzas Públicas. El secretario señaló que Tarija no tiene acceso al Gobierno y sospecha que los ministerios necesitan la autorización del ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, por ser el responsable del Movimiento Al Socialismo (MAS) del departamento de Tarija.

Por su parte, el subgobernador de Cercado, Jhonny Torres, explicó que la complejidad de la redistribución de recursos departamental es encontrar “una fórmula en donde nadie pierda”. La redistribución deberá tomar en cuenta el número de población. En el caso de Cercado, al ser el municipio con mayor población, el 45 por ciento del departamento deberá tener una distribución per cápita.

La falta de calles asfaltadas, postas de salud sin el personal necesario ni los insumos farmacéuticos que requiere la población, el crecimiento de los barrios y la falta de servicios básicos como alcantarillado, luz eléctrica y servicio de gas a domicilio son problemas latentes que requieren o mayores ingresos para Cercado o cambiar la forma de administrarlos.“Hay barrios que no tienen ni agua ni luz”, señaló Torres.

Los asentamientos en la periferia de la ciudad son una muestra de la necesidad que tiene la población que se sitúa en los contornos y expande la urbe. “No hay seguridad ciudadana, no hay postas policiales. Estamos en una situación alarmante y como autoridades debemos decir la verdad, no se puede tapar estas falencias”, expresó el subgobernador e indicó que la redistribución debe tomar en cuenta tres factores principales: población, territorio y pobreza.

Las eternas cuestionantes al Gobierno de Morales

Rubén Ardaya sostuvo que se necesita saber cuál es la intención que tiene el Gobierno respecto a los factores de distribución del campo Margarita-Huacaya. “¿Cuándo se va a licitar a la empresa consultora que hará el trabajo de actualización?”, cuestionó. Por otro lado, pidió llegar a un acuerdo sobre la conciliación de cuentas para la red fundamental de caminos y determinar cuál es el monto que será devuelto al departamento. Otros temas fundamentales será la cantidad de ítems de salud que se necesitan.

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