Con 32 mil internos, cárceles tienen 190% de hacinamiento

Los datos oficiales a diciembre de 2024 muestran que en los recintos carcelarios de Bolivia existen alrededor de 32 mil privados de libertad y eso representa un 190% de hacinamiento en relación a la capacidad con la que cuentan, lo que deriva en problemas de habitabilidad que incluyen deficiente atención a la salud, una mayor conflictividad, inseguridad y trabas en la reinserción.

En su proyección para el 2025 la Dirección Nacional fijó entre sus principales objetivos la inversión en infraestructura, el acceso a carreras universitarias y la implementación de centros productivos.

Hacinamiento

Las cifras anuales muestran que en los últimos tres años se aceleró el crecimiento de la población carcelaria como nunca antes.

Según el reporte oficial, en 2019 había 18.208 internos, en 2020 que fue el año de la pandemia bajó a 17.305, pero desde entonces únicamente hubo aumentos. El 2021 había 18.703 personas, el 2022 llegó a 24.824 presos, el 2023 sumaron 28.838 y el 2024 el número fue de 32.000.

Eso muestra que en el último año la población carcelaria aumentó cerca de mil por cuatrimestre. Para el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, eso se asocia a un problema en el Órgano Judicial que aplica indiscriminadamente la detención preventiva y que eso se asocia con una demanda de la ciudadanía que relaciona la justicia con el encarcelamiento inmediato.

Inseguridad

El problema del hacinamiento tiene varias derivaciones, una de ellas es con el aumento de la violencia y la dificultad para que el personal disponible pueda manejar la seguridad dentro de las cárceles. En lo que va del 2025 hubo al menos una decena de muertes violentas, la última de ellas ocurrió la semana pasada en la cárcel cochabambina de El Abra, que es considerada de máxima seguridad.

Antes hubo otra en el mismo recinto, las demás fueron en Chonchocoro de La Paz, Morros Blancos de Tarija, Mocoví del Beni, Palmasola de Santa Cruz, San Pedro de Oruro y en el Centro de Readaptación Productiva (Ceprom) Montero, en Santa Cruz.

Otro de los problemas es el de las fugas, en 2024 hubo entre 20 a 25. Un 90% fueron recapturados, según esta unidad.

El ingreso de objetos y sustancias ilícitas también es frecuente, cada requisa resulta en decomisos de droga, celulares, alcohol y armas blancas.

Objetivos

En la rendición pública de cuentas de inicio del 2025, Juan Carlos Limpias expuso ocho objetivos que pretende alcanzar.

Uno de los primeros fue “gestionar el mejoramiento de infraestructura con estudios de diseño técnico, construcciones y ampliaciones para mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de libertad”. Esto se traduce en que se prevé la publicación de convocatorias para los proyectos que incluyen la pre inversión, refacción e infraestructura.

En 2024 el proyecto de mayor envergadura fue el nuevo centro penitenciario de Riberalta, Beni, que ya está en funcionamiento. Con unos 10 mil m2 reemplazó al anterior de 250 m2.

Las otras metas incluyen convenios con universidades para cursar carreras en modalidad virtual, la capacitación a internos sobre los trámites en el ámbito penitenciario a fin de que se conviertan en asistentes legales, mejorar un 5% la cobertura de salud, poner en marcha un centro piloto para rehabilitación de presos con drogodependencia, capacitar en derechos humanos al personal, gestionar al menos dos unidades productivas más y fortalecer el sistema de estado digital y vigilancia.

Tarija en crisis de hacinamiento

El departamento tiene cinco recintos carcelarios: el de mayor capacidad es el penal de Morros Blancos en la capital tarijeña, le sigue el Centro de Readaptación Productiva de Yacuiba, la Carceleta Pública de Bermejo y las carceletas de Villa Montes y Entre Ríos que únicamente tienen capacidad para reclusiones transitorias, no cumplimiento de sentencias.

La de Bermejo es la que enfrenta la situación más crítica y tuvo que cerrarse para nuevos ingresos. Quienes reciben detención preventiva deben ser remitidos a Morros Blancos.

En Tarija los internos esperan la aplicación de la ley de indulto y amnistía, pero también la de las manillas electrónicas que espera su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para un descongestionamiento.