Tarija: Indagan un caso de abuso sexual y bullying en dos colegios

Esta semana salieron a la luz dos casos de violencia entre estudiantes, uno de bullying extremo y otro de abuso sexual. Los hechos ocurrieron en unidades educativas privadas. Por la gravedad, ambas denuncias tuvieron que ser derivadas al Órgano Judicial, aunque no ingresaron a la vía penal debido a que los adolescentes sospechosos tienen menos de 14 años y son aún inimputables.

Los colegios involucrados son La Salle y San Bernardo de Tarija. El común denominador es que las familias tuvieron que acudir a los medios de comunicación, porque las autoridades de estos establecimientos no actuaron para proteger a las víctimas.

Abuso sexual

El primer caso se refiere a un adolescente de 12 años, que es estudiante del colegio La Salle y que fue denunciado por haber abusado sexualmente de una menor y por tratar de tocar las partes íntimas de otras niñas. A eso se suman acusaciones de bullying contra sus compañeros varones.

Negligencia: En ambos casos, los padres y madres de familia ven negligencia en las autoridades educativas

La denuncia llegó a El País mediante las madres de familia. Dijeron que el estudiante esperaba a que las muchachas fueran al baño y entonces las interceptaba. Habría unas dos menores cuya reacción fue huir antes de que las toque, pero una de ellas se asustó y él aprovechó para agredirla.

Las familias inmediatamente presentaron su denuncia ante la Dirección del Colegio y ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). Sin embargo, lamentaron que haya pasado casi un mes y la única medida que se adoptó fue el cambio de paralelo con una orden de alejamiento para la víctima que sufrió la agresión de mayor gravedad. Lo que piden es su traspaso a otra escuela.

A la denuncia pública se sumó la activista Melania Torrico, que dijo haber recibido información de que el adolescente golpeaba y trataba de quitarle prendas de vestir a sus compañeros.

El País intentó contactar a las autoridades de la institución educativa, sin obtener una respuesta a llamadas y mensajes.

En pasados días la DNA confirmó la apertura del caso, pero el mismo fue declarado en reserva. El lunes, el director municipal de Familia, Waldo Tarifa, agregó que la denuncia llegó el 2 de junio y que ya se derivó al Juzgado del Menor.

A pesar que el caso data de varias semanas atrás, en la Dirección Departamental de Educación (DDE) y en la Distrital no se contaba con el registro. Ayer el director departamental de Educación, Pedro Ordoñez, se comprometió a llevar adelante la investigación sin ningún tipo de encubrimiento.

Caso bullying

Este hecho ocurrió en el Colegio San Bernardo, donde los padres de familia tuvieron que acudir al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). Los vocales de la Sala Penal Primera resolvieron conminar a las autoridades de la institución a elaborar y aplicar un protocolo para proteger a los menores que sufran cualquier tipo de agresión por parte de otros estudiantes.

El abogado Marco Cardozo refirió que el caso se remite a semanas atrás, en inmediaciones del campo deportivo. El adolescente reportado habría atacado a otro menor hasta dejarlo tendido en el suelo. Como evidencia, señaló que existe un examen médico que demuestra que la víctima recibió múltiples patadas en el área genital y los muslos.

Tarifa indicó que la DNA tomó conocimiento del hecho este martes y que ya tomó acciones. El protocolo indica la recolección de los antecedentes para una intervención con personal de psicología, trabajo social y asesoría legal.

En ambos casos, los padres y madres de familia ven negligencia en las autoridades educativas. Si bien están de acuerdo con respetar el derecho a resguardar la identidad de los agresores, piden protección para las víctimas.

Menores inimputables, según la Ley 548

Aunque la reacción de familiares es acudir a la vía penal para sancionar casos de violencia que revisten gravedad, como los mencionados, la normativa vigente no lo permite. La Ley 548 Código Niño, Niña, Adolescente establece que los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal. A partir de esa edad pueden ser enviados a un centro de readaptación y desde los 18 recién procede Código Penal para adultos.

Lo que sí contemplan las leyes actuales es que cada unidad educativa tiene la obligación de actuar inmediatamente cuando se presentan este tipo de casos.