Trinidad Peralta: Hay dos procesos penales abiertos

El Ministerio Público abrió paralelamente dos investigaciones por las denuncias de violencia al interior del Centro de Reintegración Social Trinidad Peralta a raíz de videos publicados en redes sociales. La primera es por presunta agresión por parte del personal policial hacia las menores y la segunda es la que interpuso una uniformada, que asegura haber sido atacada por una adolescente.

La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, aseveró que existen versiones contradictorias entre las personas involucradas y por ello cada proceso ya cuenta con un fiscal de materia.

Agregó que también se asignó un médico forense, cuyo reporte da cuenta que hay una adolescente que tiene tres días de impedimento, mientras que la policía identificada como Blanca Quispe presenta 12 días por la gravedad de las lesiones.

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“La fiscal de análisis revisó los videos capturados e iniciamos una investigación de oficio por presunto delito de tortura y vejaciones, contemplado en el artículo 295 del Código Penal. Un médico forense hizo las certificaciones, de tres menores una de ellas sufrió agresiones. (…) abrimos la investigación de oficio porque así las menores estén cumpliendo una sentencia, tienen derechos”, apuntó.

Gutiérrez explicó que ya se emitió un requerimiento para que se tome la declaración de la adolescente en Cámara Gesell y para que se lleve adelante una inspección al Centro Trinidad Peralta.

En el marco de esa investigación se identificó como primera sospechosa a la policía Blanca Quispe, sin embargo, la uniformada también sentó una denuncia formal en contra de la menor interna.

“Esperamos que a la brevedad posible se tenga a los imputados. (…) hay dos investigaciones, la policía indica una versión y una de las menores indica otra, por eso no vamos a poder dar aún el informe oficial de cómo se originó el hecho”, declaró.

La jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), María Eugenia Gareca, reportó que se activará un proceso ante los juzgados del menor. Mientras tanto, la delegada del Defensor del Pueblo, Carola Romero, se pronunció exigiendo el cambio del personal policial a cargo de la seguridad del Centro.

Ambas instancias demandan un informe del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges). Su directora, María Esther Valencia, aseveró que ya se demandó el reporte del personal.