Sentencian a estafadores por vender una casa hipotecada

El propietario del condominio Da Vinci, Gonzalo Zeballos, recibió esta semana una segunda sentencia de 10 años de cárcel por estafa, mientras que su esposa, Fabiana Altamirano, fue condenada a ocho años, a raíz de la denuncia de dos adultas mayores que pagaron 85 mil dólares por una vivienda, sin que los sindicados dijeran que tenía múltiples hipotecas y que está pronta a un remate. Cuando eso ocurra desalojarán a las mujeres.

“En parte estamos felices porque se probó la responsabilidad penal. Pero en unos días podrían tener que salir de la casa, porque no va a haber ningún derecho que las pueda proteger, porque este tipo ha dado en garantía una casa que ya no le pertenece. (…) no buscan ni una solución para devolver el dinero o darles otra casa”, aseveró el abogado de las víctimas, Franz Carlos Gutiérrez.

Explicó que el caso se remonta al 27 de noviembre de 2013, cuando los sentenciados, mediante su inmobiliaria, firmaron el documento de transferencia. Aun así, continuaron disponiendo de la casa, dándola en anticrético o en garantía para préstamos.

Desde entonces, las mujeres cumplieron con los pagos acordados, entre los comprobantes existe uno del 24 de febrero de 2014 por 99.482 bolivianos y otros posteriores, hasta cancelar todo el 17 de septiembre de 2021.

Al recopilar la información del inmueble, el abogado indicó que la misma ya estaba hipotecada desde antes de venderla. Tenía una primera garantía hipotecaria del 15 de diciembre del 2011 por 500 mil dólares, un gravamen de 350 mil dólares de mayo de 2013, ambos con entidades bancarias.

Posteriormente, los sindicados obtuvieron préstamos de personas particulares dejando como garantía el domicilio. Uno de ellos fue por 255 mil dólares a un ciudadano de nombre José Rivero Cisneros, también estafado. Sin embargo, él realizó un proceso civil donde obtuvo un fallo a su favor con la orden de remate a fin de recuperar su dinero.

Gutiérrez manifestó que cuando las mujeres terminaron de pagar por la casa “él (Zeballos) se compromete a levantar todos los gravámenes, primero dijo que entre septiembre y octubre, luego su abogado dijo que para mayo, pero no”.

En el juicio se presentó la resolución a favor de Cisneros y todos los documentos que demuestran que ya se realizaron los trámites para una primera y una segunda audiencia de remate en octubre, ambas desiertas. Sin embargo, queda pendiente una tercera audiencia en la que podría licitarse incluso por un monto menor a su valor.  El nuevo propietario podrá expedir un mandamiento de desapoderamiento para desalojar a las víctimas.

Como agravante en el caso, Gutiérrez apuntó que la pareja de estafadores también dieron el inmueble en anticrético en dos ocasiones, argumentando que las mujeres todavía no habían pagado la totalidad de la vivienda.