Lo dijo el fiscal departamental
Fiscalía pedirá detención preventiva para imputados por el puente 4 de Julio en Tarija
Para el Ministerio Público habría suficientes indicios que demuestran la probabilidad de autoría y riesgos procesales por parte de los sujetos.



El fiscal departamental, Wilson Tito Torrez, informó que solicitará la detención preventiva de los 10 imputados por las presuntas irregularidades en el proceso de licitación del puente 4 de Julio, esto debido a que habría suficientes indicios de autoría y riesgos procesales. Los aludidos aseguran contar con todos los descargos para demostrar su inocencia.
La pasada semana el Ministerio Público formalizó la denuncia en contra de 10 personas, entre los que figuran los ex alcaldes Rodrigo Paz y Alfonso Lema, los ex concejales Valmoré Donoso y Cira Flores, los responsables del proceso de calificación y selección, además del representante legal de la empresa Convisa, D.H.T (según sus iniciales).
La imputación figura con los delitos de incumplimiento de deberes, daño económico al Estado, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Mientras que al representante de Convisa, además se lo procesa por presunta falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, con el fin de presentar los requisitos para adjudicarse el proyecto.
“Estamos solicitando la detención preventiva contra estas personas, porque creemos que existen elementos suficientes para demostrar participación y autoría en los hechos”, dijo el fiscal Tito.
Sin embargo, esta autoridad al igual que el representante del Ministerio de Justicia en Tarija, Gustavo Ávila, aclararon que cada una de las personas imputadas enfrentan cargos diferenciados dependiendo del grado de participación que hubiesen tenido. Dependiendo del avance de la investigación el fiscal asignado al caso se presentará la acusación con el tipo penal correspondiente.
Como una de las pericias que se pretende incluir en la investigación, Tito dijo que se está solicitando un informe técnico al Colegio de Arquitectos de Tarija (CAT) y a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) con el fin de tener un conocimiento cabal sobre las características, avance y posibles fallas en la construcción del cuestionado proyecto.
En contraparte, los procesados se manifestaron en reiteradas oportunidades deslindando responsabilidad y asegurando que cada uno de ellos habría actuado en el marco de la ley, tanto para aprobar el proyecto desde el Concejo, como para seleccionar a Convisa como la empresa contratada.
ANTECEDENTES
En agosto de 2017 inició el proceso de licitación del puente 4 de Julio, siendo inicialmente seis las empresas que presentaron su postulación. Sin embargo, la misma se la adjudicó Convisa por un costo de Bs. 73.281.339.
Ya en 2018 el ex concejal Sergio Gallardo inició el proceso de fiscalización denunciando posibles irregularidades ante la Unidad de Transparencia, sin que hubiera ningún tipo de investigación. Posteriormente la denuncia fue formalizada por el Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional.