Imputan a esposo de Romero por complicidad en caso estafa

Dentro del caso “estafa millonaria”, el esposo de Patricia Romero Pacello, José Sigler Chávez, fue imputado por el Ministerio Público por presuntamente haber participado, pero en grado de complicidad, por lo que para hoy se tiene prevista su audiencia de medidas cautelares, la misma que se instalará de manera virtual a horas 9:00 en el Juzgado Cautelar Segundo de la Capital y allí se definirá su situación legal.

Sigler fue aprehendido el martes por la mañana cuando se encontraba en proximidades de la Estación Policial Integral (EPI) Los Chapacos, esto luego de haber sido convocado en tres oportunidades para que brinde su declaración informativa y no presentarse en ninguna de ellas. 

A pesar de haber presentado días antes un memorial manifestando su predisposición a ayudar en la investigación.

Una vez que fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), acudió el equipo de fiscales del caso, pero el sujeto optó por abstenerse de dar ningún tipo de declaración hasta que se instale su audiencia cautelar.

El martes 15 de diciembre de 2020 personal de la FELCC procedió con la aprehensión de Romero en el domicilio de sus padres, esto luego de que un día antes salieran a la luz múltiples denuncias por estafa agravada. Preliminarmente se calcula que las personas afectadas llegarían al menos a 250, quienes habrían entregado sumas que van desde los Bs 10 mil hasta los $us 100 mil.

Posteriormente se realizó el allanamiento de otros inmuebles de sus familiares, pero hasta la fecha no se logró secuestrar su teléfono móvil con las conversaciones con las víctimas.

Modus operandi

Según las declaraciones de las víctimas, la imputada los habría engañado usando como pantalla la empresa distribuidora de productos Aidisa. Aunque ya no trabajaba allí, les ofrecía a las personas invertir su dinero, supuestamente para ganar altas comisiones en condición de mayoristas, los porcentajes de ganancia fluctuaban entre el 8 y 15 por ciento.

Como “enganche”, ella les aseguraba que las ventas estarían garantizadas pues tanto su hermana, Carola Romero, en su condición de Defensora del Pueblo y su cuñado, Ember Montellanos, como director departamental de Gestión de Riesgos, tendrían un acuerdo con ella para hacer adquisiciones a la empresa para la entrega de canastas solidarias.

Al momento existen siete causas en contra de Patricia Romero, todas ellas con múltiples víctimas. Además de una querella presentada por el departamento legal de la Defensoría del Pueblo desde La Paz y otra que habría iniciado Aidisa por los delitos de falsedad ideológica y material, pues Romero habría utilizado sellos, papel membretado y otros que comprometían la imagen de la empresa.