Caso Imprenta: Gobernación pide detención preventiva para Vega

Ayer se suspendió la audiencia de medidas cautelares en contra del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Guillermo Vega Flores, como uno de los imputados dentro del caso Imprenta. Esto debido a que su defensa argumentó que se encuentra recuperándose del Covid-19, lo que para la Gobernación se trata de una excusa falsa.

Dicha audiencia estaba programada en el Juzgado Cautelar Cuarto de la Capital para las 8:30, pero se agendó la suspensión hasta el 27 de octubre.

Al respecto, el secretario departamental de Justicia, Yamil García Delfín, cuestionó que el presidente del ente legislativo haya presentado esta solicitud siendo que ya se lo habría visto días antes comunicando su recuperación.

“El licenciado Vega en las páginas de la Asamblea se ha declarado como recuperado del Covid. El licenciado Vega ha suscrito las convocatorias a sesiones de la Asamblea, está sesionando, es decir que está completamente sano para realizar sus actividades como asambleísta, pero para responder ante la justicia y evadir las audiencias estaba delicado”, dijo.

Con base en estos elementos, la Gobernación como parte víctima presentó ante el juzgado una denuncia por presunta obstaculización, con el fin de que el 27 de octubre se instale la audiencia y se dicte una detención preventiva para Vega.

“Esta situación procesalmente constituye un peligro procesal y nosotros consideramos que esta más bien va a marcar una agravación en cuanto a las medidas cautelares que se tienen consideradas”, añadió.

Antecedentes

El caso investiga presuntas irregularidades en la adquisición de un equipo de imprenta licitado en diciembre del 2013. La denuncia indica que habría un sobreprecio en la compra de este aparato por el que se pagó a la empresa intermediaria Konoha un monto que asciende a más de Bs 991 mil, cuando su valor real sería de menos de Bs 100 mil. Además, de que se habría evidenciado que se trataría de un artefacto con 15 años de uso y no nuevo como indica la normativa legal vigente.

La denuncia se formalizó en 2015 en contra del ex gobernador Lino Condori Aramayo, además de otros ex funcionarios y la representante legal de Konoha. Esta gestión se amplió la imputación a Vega, quien fungía en ese entonces como jefe de Adquisiciones.

Anteriormente, Condori en su audiencia cautelar obtuvo libertad irrestricta, mientras que la representante de Konoha (S.P.) accedió a someterse a un procedimiento abreviado.