Vida en familia
La necesidad de proteger a la infancia frente al abuso
A nivel mundial, se estima que 400 millones de niños y niñas menores de cinco años —hasta 6 de cada 10— sufren diariamente abuso físico en el hogar. Los efectos psicológicos que esto provoca son de largo plazo
El maltrato infantil– tiene un impacto profundo y duradero sobre la salud a lo largo de toda la vida. La investigación muestra de manera contundente que el maltrato infantil constituye una grave violación de los derechos humanos con consecuencias devastadoras (Puente-Ortega et al., 2025). Tal y como muestra la evidencia científica, la violencia, el abuso y la explotación en la infancia socavan el sentido de valía del niño o niña y obstaculizan su desarrollo emocional, cognitivo, físico y social a largo plazo (Teicher y Samson, 2023; Norman et al., 2023).
La magnitud del problema
Según un informe reciente de UNICEF (2024), a pesar del compromiso mundial para poner fin a todas las formas de violencia contra los niños y niñas para el año 2030, estamos muy lejos de cumplir este objetivo. “La violencia contra los niños y niñas ocurre a diario y en todas partes”, advierte en informe. A nivel mundial, se estima que 400 millones de niños y niñas menores de cinco años —hasta 6 de cada 10— sufren diariamente abuso físico en el hogar. Además, los niños y niñas que experimentan violencia son más propensos a verla como «normal» y a convertirse en víctimas o perpetradores adultos, perpetuando un ciclo de violencia generacional (UNICEF, 2024).
El impacto del maltrato y abuso en la infancia
El impacto del maltrato y abuso en la infancia es profundo y se extiende tanto a corto, como a medio y a largo plazo, afectando a todos los ámbitos de la vida: salud física, salud mental, relaciones sociales, rendimiento académico, vida laboral y esfera legal (Puente-Ortega, 2025).
Consecuencias en la salud mental
El maltrato infantil es un factor de riesgo bien establecido para los problemas de salud mental. El maltrato en la infancia se asocia consistentemente con un amplio espectro de problemas de salud mental en la adolescencia y en la etapa adulta, tales como trastornos internalizantes (depresión, ansiedad, ideación suicida y autolesiones), trastornos externalizantes (problemas de conducta, TDAH, y abuso de alcohol y drogas) y otros problemas de salud mental como psicosis o trastorno límite de la personalidad (Baldwin et al., 2023).
Consecuencias en la salud física
El maltrato infantil no solo afecta a la salud mental, sino que también deja una huella biológica duradera que aumenta la vulnerabilidad a enfermedades físicas crónicas a lo largo de toda la vida. Diversos estudios recientes muestran que las experiencias adversas en la infancia aumentan el riesgo de enfermedades crónicas, inflamación sistémica y envejecimiento biológico acelerado (Danese et al., 2021).
De esta forma, el maltrato infantil se asocia con una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y autoinmunes en la adultez, mediadas por respuestas inflamatorias crónicas y alteraciones en el eje hipotálamico-hipofisario-adrenal (Danese et al., 2021; Souama et al., 2023). Estos efectos se mantienen incluso después de controlar factores socioeconómicos y de estilo de vida, lo que sugiere un vínculo biológico directo entre la exposición temprana al estrés y la salud física futura.
Otras consecuencias del maltrato infantil
Como se ha indicado, el maltrato y el abuso infantil también tienen consecuencias profundas y persistentes en el rendimiento académico, así como en la adaptación social, laboral y legal a lo largo de la vida. La investigación reciente señala que estas experiencias adversas alteran el desarrollo emocional, cognitivo y conductual, afectando múltiples esferas de funcionamiento en la etapa adulta (Norman et al., 2023).
Impacto académico y cognitivo
Numerosos estudios muestran que el maltrato infantil se asocia de manera consistente con un menor rendimiento académico, una mayor tasa de abandono escolar y déficits en funciones ejecutivas y de aprendizaje. Según explican los expertos, estos efectos se deben principalmente al estrés crónico al que están sometidos estos menores, junto con problemas de desregulación emocional y de alteración de los vínculos de apego (Cicchetti yHandley, 2020; Norman et al., 2023).
Relaciones sociales
Asimismo, la literatura científica ha puesto de manifiesto que las personas que sufrieron abuso infantil presentan mayores dificultades interpersonales, incluyendo retraimiento social, desconfianza y estilos de apego desadaptativos que persisten hasta la etapa adulta (Mikulincer y Shaver, 2021; Norman et al., 2023).
Empleo y conductas delictivas
Más allá, se ha observado que el maltrato infantil está relacionado con menores tasas de empleo, ingresos más bajos y mayor inestabilidad laboral en la edad adulta (Bendall et al., 2022; Norman et al., 2023). Estos efectos se deben, en gran parte, a las dificultades educativas, los trastornos emocionales y los déficits cognitivos derivados del trauma temprano, según indican los investigadores (Bendall et al., 2022).
Finalmente, la exposición al abuso infantil es un fuerte predictor de conductas delictivas, consumo de sustancias y conflictos con la ley. Una revisión sistemática encontró que las personas que experimentaron malos tratos en la infancia tienen hasta tres veces más probabilidades de involucrarse en problemas legales durante la etapa adulta (Cuadra y Widom, 2021).
La importancia de la prevención y la acción temprana
En definitiva, el maltrato y el abuso infantil generan consecuencias amplias y duraderas en el desarrollo del niño o niña: aumentan el riesgo de problemas de salud mental y físicos, incluso décadas después, reducen el rendimiento académico, deterioran las relaciones sociales, limitan las oportunidades laborales y aumentan la probabilidad de conflictos legales. Estas graves consecuencias derivadas de la experiencia de abuso en la infancia refuerzan la necesidad de intervenciones tempranas y de políticas públicas centradas en la prevención y la atención integral del trauma infantil (UNICEF, 2024).
La evidencia científica y los informes de organismos internacionales coinciden en que se deben invertir mayores esfuerzos en la prevención y atención de este grave problema de salud pública. A este respecto, los programas de apoyo a padres, los programas de entrenamiento en habilidades de crianza positiva y las leyes que prohíben el castigo violento han mostrado resultados positivos (WHO, 2022) Por su parte, UNICEF señala que los programas de apoyo psicológico, social y comunitario juegan un papel determinante en la actuación frente al maltrato en la infancia (UNICEF, 2024).
De esta manera, es posible garantizar la protección, el respeto y el bienestar de todos los niños y niñas si se ponen en práctica las medidas necesarias y oportunas. Se trata de un compromiso de toda la sociedad y de las instituciones, que deben trabajar de forma coordinada y sostenida para asegurar un entorno seguro y libre de violencia para la infancia.
Bolivia enfrenta el desafío de fortalecer su sistema de protección infantil
En Bolivia, la protección de niños, niñas y adolescentes frente al abuso y la violencia sigue siendo una tarea urgente. Aunque el marco jurídico es amplio, persisten brechas entre la ley y la realidad cotidiana de miles de menores.
Uno de los principales retos está en fortalecer las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, que suelen operar con recursos escasos, poco personal y alta demanda. También se requiere mayor coordinación entre escuelas, centros de salud, Policía, Fiscalía y juzgados para evitar que los casos queden paralizados o que las víctimas revivan el trauma durante procesos largos.
Especialistas coinciden en que la prevención debe comenzar en el hogar y en la escuela, promoviendo crianza sin violencia, educación emocional y mecanismos claros para pedir ayuda. El silencio social frente al abuso sigue siendo uno de los mayores obstáculos.
Bolivia también enfrenta nuevas amenazas vinculadas al entorno digital: acoso en redes sociales, captación con fines de explotación y exposición temprana a contenidos violentos. Esto obliga a actualizar estrategias de protección y alfabetización digital.
Más allá de las normas, el desafío es construir una cultura de cuidado. Proteger a la infancia no puede depender solo de la reacción ante un delito consumado, sino de una política sostenida que coloque a niños y adolescentes en el centro de las prioridades públicas.
Tenía 4 o 5 años…
Por Anael Torres/Psicóloga
Tenía 4 o 5 años. Es poco más que eso lo que sabemos de la niña que este mes fue llevada por su padre al hospital de San José de Pocitos; y tras constatarse su muerte, él finalizó con su propia vida a través de un disparo en el mismo nosocomio.
La autopsia de la niña, en este hecho tan consternador, dio un resultado terrible. Fue asesinada cruelmente; pero además se descubrieron numerosas lesiones de data antigua e incluso costillas rotas; es decir que la niña fue lastimada de manera grave y recurrente probablemente desde hacía meses atrás.
Casi nada sabemos de tu historia, ni tu nombre ni cómo vivías. Solo tu cuerpo ha hablado del calvario que debiste haber pasado. Tampoco sabemos por qué los vecinos, familiares, el sistema educativo o de salud no alertaron de que vivías atrapada en violencia sistemática y en absoluta vulnerabilidad al ser tan pequeñita. Quizás se pudo hacer algo, quizás no.
El caso ha ocupado las páginas de policiales con absoluta frialdad; la niña se ha ido, casi sin historia, como un caso más. Sin embargo no es solo uno más. Ella es una de las 16 víctimas de infanticidios que tenemos en el país en lo que va del año. Finalizando abril ya hemos superado la mitad de los casos del año pasado y la tendencia revela un 2026 especialmente duro y cruel con los niños y niñas de Bolivia; además en un contexto de fuerte crisis y mayor vulnerabilidad socioeconómica para muchos sectores de la población.
Nuevamente, y en relación con lo que pasa en este tipo de hechos, la inmensa mayoría de los perpetradores de infanticidios son padres, madres, madrastras y padrastros. Quienes son sus principales cuidadores suelen ser también los principales vulneradores de derechos; quienes deberíamos protegerles en ocasiones somos quienes más daño les podemos hacer y ante su especial vulnerabilidad. Lo dicen así también las miles de denuncias de agresiones que no llegan a infanticidios. La violencia familiar, es decir la que ocurre dentro del círculo más cercano, es la forma más recurrente de delito contra la niñez y adolescencia en Bolivia.
Abordar la violencia como un problema de salud pública en nuestro país, nos urge a mirar el problema como una emergencia diaria a ser atendida; especialmente cuando se ceba en contra de nuestros niños. Entender que los niveles de violencia muestran las fallas estructurales del sistema de protección y de sistemas de crianza vulneradores, también nos puede ayudar a reconocer los sesgos y errores con los que abordamos las problemáticas de la infancia y la falta de prioridad en su debida atención, así como en la prevención de vulneraciones y daños. El panorama tan desolador de este año nos muestra que hay demasiado camino aún por recorrer para resguardar los derechos, la vida y la integridad de nuestros más pequeños.
El anonimato de la historia de la niña fallecida en Pocitos disfraza la impunidad con la que la violentaron sistemáticamente en su corta vida, hasta finalmente asesinarla. La verdad de lo que te ocurrió se fue en el balazo con el que tu padre decidió acompañarte. Descansa en paz, pequeña. Solo tenías 4 a 5 años…








