Advierten riesgos en ley que permite convertir pequeñas propiedades agrarias en medianas o empresariales

El Senado aprobó ayer el Proyecto de Ley 157 de “Conversión voluntaria de la clasificación de pequeña propiedad agraria a mediana o empresarial”, una norma que, según el analista Stasiek Czaplicki Cabezas, representa uno de los retrocesos más graves y silenciosos del régimen de tierras en Bolivia desde la Reforma Agraria de 1953.El proyecto ya había sido sancionado por la Cámara de Diputados en 2024 y aguardaba el siguiente paso para su promulgación definitiva.

El presidente de la Comisión de Tierras del Senado, Branko Marinkovic, defendió la iniciativa señalando que la norma busca “permitir la conversión voluntaria de pequeña propiedad a propiedad mediana” como parte de un proceso orientado a fortalecer la libertad económica, la seguridad jurídica y el respeto al derecho de propiedad. Según explicó en un pronunciamiento público, la ley se aplica exclusivamente a pequeñas propiedades que ya se encuentran tituladas y saneadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sin crear nuevos derechos ni modificar la tenencia de la tierra. Marinkovic afirmó que la conversión permitiría a los productores integrarse al sistema financiero, acceder a crédito productivo e invertir en maquinaria, tecnología y expansión, con impacto en empleo rural y productividad. Detalló además que la norma establece un trámite voluntario, gratuito y simplificado, mediante solicitud escrita y declaración jurada, con respuesta del INRA en un plazo máximo de 10 días hábiles, actualización definitiva del Catastro Rural y verificación de la Función Económico-Social recién después de diez años.

De acuerdo con Czaplicki Cabezas, la norma no debe leerse como un mecanismo para beneficiar casos individuales, sino como un cambio estructural de las reglas del régimen agrario. En su análisis, la ley derriba las barreras legales que históricamente han protegido a la pequeña propiedad rural frente a la compra, uso como garantía financiera o captura por parte de grandes actores empresariales.

Cómo está organizado el régimen de tierras en Bolivia

Czaplicki recuerda que en Bolivia existen seis categorías de tenencia de tierra: tierra fiscal (27,4 millones de hectáreas), Tierras Comunitarias de Origen –TCO/TIOC– (25,5 millones), tierra comunitaria no indígena (17,4 millones), propiedad empresarial (10,9 millones), mediana propiedad (5,7 millones) y pequeña propiedad (9,7 millones).

Estas categorías no solo se diferencian por extensión, sino por su naturaleza jurídica, los sujetos que pueden ser titulares y los usos permitidos. Actualmente, solo las propiedades medianas y empresariales pueden ser adquiridas por empresas agroindustriales, y estas suman menos de 10.000 predios en todo el país, lo que las convierte en bienes escasos y de alto valor.

Según el análisis, la pequeña propiedad, las tierras comunitarias y las TCO han permanecido fuera del mercado empresarial como una medida de protección frente a procesos de concentración y despojo.

Las razones históricas de estas restricciones

El autor sostiene que estas barreras existen porque la experiencia histórica demuestra que la liberalización irrestricta del mercado de tierras rurales facilita procesos de acumulación por desposesión. En contextos de crisis climática, endeudamiento o pérdidas productivas, los sectores más vulnerables terminan vendiendo o perdiendo sus tierras frente a actores con mayor poder económico y financiero.

Por ello, la legislación vigente prohíbe que la pequeña propiedad funcione como garantía financiera y limita su transferencia a empresas, concibiéndola como un espacio para la vida y la reproducción social, y no como un activo especulativo.

Una propuesta antigua con nuevas formas

Czaplicki vincula esta ley con propuestas previas impulsadas por actores políticos de oposición, entre ellos el empresario y candidato presidencial Branko Marinkovic, quien planteó en su momento la individualización de tierras comunitarias para permitir su uso como garantía financiera o su venta.

Según el autor, aunque estas iniciativas se presentan bajo el discurso de la libertad económica y la modernización, no han sido demandas centrales de los sectores campesinos e indígenas, que históricamente han priorizado seguridad jurídica, acceso al agua y apoyo técnico antes que la posibilidad de vender la tierra.

La “llave” para cambios más profundos

En su análisis, el punto central del Proyecto de Ley 157 es que actúa como una “llave maestra” para transformaciones posteriores. Explica que, si en el futuro las tierras comunitarias o TCO fueran individualizadas, pasarían a ser pequeñas propiedades y, con esta nueva norma, podrían convertirse en medianas o empresariales, habilitando su uso como garantía y eventual transferencia a empresas.

Esto, advierte, eliminaría de hecho las barreras legales que hoy impiden la captura empresarial de grandes extensiones actualmente protegidas.

Trámite acelerado y cuestionamientos al proceso

El autor también cuestiona el proceso legislativo de la norma, señalando que fue tramitada con rapidez, sin socialización amplia y con escasa transparencia. Afirma que el texto completo del proyecto, sus modificaciones y los informes técnicos no están disponibles públicamente en la web del Senado.

De acuerdo con su análisis, el proyecto fue respaldado por organizaciones empresariales agropecuarias como la CAO, Fegabeni y Fegracruz, mientras que los pequeños productores —que en un 93% se encuentran fuera del oriente boliviano— no habrían sido consultados.

Temas agrarios pendientes

Czaplicki sostiene que la prioridad legislativa debería centrarse en otros desafíos estructurales del agro boliviano, como la revisión de la Función Económico-Social (FES) para incorporar criterios agroecológicos y de conservación, el freno al desmonte ilegal y al tráfico de tierras, y la titulación de territorios indígenas pendientes.

Desde una perspectiva de justicia socio-ecológica, el autor concluye que esta ley no puede considerarse una medida técnica menor, sino el primer paso hacia un nuevo ciclo de despojo legalizado, al abrir la tierra al capital y debilitar las protecciones históricas que aún la sostienen.

Con el proyecto ya aprobado en el Senado y a la espera de su tratamiento definitivo en la Asamblea, el debate queda abierto entre quienes ven en la conversión voluntaria de la propiedad una herramienta para dinamizar el sector productivo y quienes advierten sobre posibles impactos en la estructura agraria, el acceso a la tierra y el control efectivo de la Función Económico-Social. Mientras el desde el  legislativo defiende la norma como un paso hacia mayor seguridad jurídica y desarrollo rural, distintos sectores sociales y ambientales plantean la necesidad de un análisis más amplio que incorpore salvaguardas, fiscalización y participación de los pequeños productores. La discusión, en adelante, se trasladará al Parlamento, donde se definirá si el proyecto logra conciliar productividad, derechos y sostenibilidad territorial.

Claves del debate sobre la conversión de pequeña a mediana propiedad

¿Qué propone la ley?

Permitir la conversión voluntaria de pequeña propiedad a propiedad mediana en predios que ya estén titulados y saneados por el INRA, sin crear nuevos derechos sobre la tierra.

¿Quiénes la impulsan?

La Comisión de Tierra del Senado, presidida por Branko Marinkovic, que argumenta que la norma fortalece la seguridad jurídica y facilita el acceso al crédito productivo.

Principales argumentos a favor

• Mayor acceso al sistema financiero y a créditos productivos.
• Posibilidad de inversión en maquinaria, tecnología y ampliación productiva.
• Generación de empleo rural y planificación a largo plazo.
• Actualización del Catastro Rural y reducción de trámites administrativos.

Puntos que generan debate

• Riesgo de concentración progresiva de la tierra.
• Capacidad real de fiscalización del INRA a mediano y largo plazo.
• Impactos en pequeños productores con menor acceso a información o asesoría.
• Compatibilidad de la norma con la Función Económico-Social y criterios ambientales.

Próximo paso legislativo

El proyecto fue aprobado en el Senado y será tratado en la Cámara de Diputados, donde podrá ser modificado, aprobado o rechazado.