Vida verde
La legislación de la Unión Europea suma al desastre incendiario en Sudamérica
En su afán por frenar el desastre ecológico del cambio climático, la UE selló en 2022 un acuerdo que llevaba años negociándose para prohibir la importación de productos que hayan contribuido a la deforestación, pero las dudas en su aplicación están provocando que las grandes industrias aceleren su e
El desastre ambiental provocado por los incendios en el conjunto de Sudamérica, con Bolivia como una de las regiones más afectadas, tiene un origen múltiple. Es verdad que existen causas internas que aceleran estos incendios, pero también que viene condicionado por las exigencias del mercado, especialmente las regulaciones previstas en Europa, que sigue siendo el mercado de mayor poder adquisitivo del mundo.
La Comisión Europea plantea estos días, de nuevo, retrasar un año la aplicación de los capítulos clave (que han resultado los más polémicos) del reglamento europeo aprobado para prohibir la importación de mercancías y productos vinculados a la deforestación en terceros países. Esta decisión se adopta tras las peticiones formuladas en este sentido por industrias y gobiernos de Europa y otros continentes.
El reglamento ha sido considerado como un hito en el intento de frenar la deforestación en países en desarrollo, pero países e industrias, desde Brasil hasta Malasia, se han venido oponiendo por diversas razones, sobre todo porque podría impedir las exportaciones de determinados productos y su acceso al mercado de la UE. También se han dado advertencias generalizadas de la industria de que la ley interrumpiría las cadenas de suministro de la Unión Europea y haría subir los precios.
Lo que es objetivo es que en medio de esta posibilidad y habiendo trascendido los plazos de reserva y prohibición, los incendios se han multiplicado “por lo que pueda pasar”, el hecho de seguir atrasando la aplicación contribuye en ese sentido.
Fuerte presión en contra, tanto de países exportadores como importadores
La Unión Europea selló en diciembre de 2022 un acuerdo para prohibir la importación de productos que hayan contribuido a la deforestación, como el cacao, el café o la soja.
El texto incluye otros productos como el aceite de palma, la madera, la carne bovina y el caucho, además de varios productos derivados como el cuero, el chocolate, los muebles, el papel y el carbón vegetal, según el texto alcanzado tras unas largas negociaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE.
Sin embargo, 20 de los 27 estados miembros de la UE pidieron a Bruselas en marzo que redujera y posiblemente suspendiera la ley, con el argumento de que perjudicaría a los propios agricultores, a quienes se les prohibiría exportar productos cultivados en tierras deforestadas.
El texto ha sido sometido a una presión extraordinaria en los últimos meses, tanto por parte de la industria como por países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva Zelanda o Canadá.
También ha sufrido los embates del Partido Popular Europeo (PPE), familia política de la presidenta de la Comisión Europea, la democristiana alemana Ursula von der Leyen, pese a que esa formación había liderado la negociación del texto en la Eurocámara, donde en ese proceso se amplió la ambición del reglamento respecto a la propuesta original del Ejecutivo.
La propuesta y el retraso solicitado necesitará la aprobación del Parlamento Europeo y los estados miembros, dijo la Comisión.
La Comisión argumenta que la demora propuesta de 12 meses tiene como objetivo “garantizar el éxito” de reglamento, que es clave “para abordar la contribución de la UE al acuciante problema mundial de la deforestación”, y agregó que de esta manera no estaba cuestionando los objetivos ni la esencia de la ley.
Los líderes de la UE han suavizado numerosas medidas ambientales este año para tratar de sofocar meses de protestas de los agricultores por cuestiones que incluyen las políticas verdes del bloque y las importaciones baratas.
La Alianza Cero Deforestación calificó de “irresponsable” la propuesta de la Comisión Europea. “Con este anuncio, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, da la espalda las personas afectadas por la emergencia climática, reitera su apuesta por la inacción ante la crisis socioambiental global, pero sobre todo apoya a la arremetida del Partido Popular Europeo contra las legislaciones de protección ambiental”, señala Tom Tom Kucharz, que forma parte de la Alianza Cero Deforestación.
“El único beneficiario del retraso son las grandes empresas, desde la industria de piensos a los madereros pasando por química, de carne, agrocombustibles, celulosa, automotriz y gran distribución, que llevan tiempo haciendo lobby en Bruselas para hacer descarrilar el reglamento”, añade este experto.
La Alianza Cero Deforestación ha hecho un llamamiento al Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para que rechacen este retraso y exijan la puesta en marcha de esta Ley para proteger los ecosistemas, el clima y los derechos humanos.
Su aplicación debía iniciarse a finales de año
El reglamento de deforestación de la UE habría requerido, a partir del 30 de diciembre, que las empresas importadoras de todos estos productos adoptaron diversas medidas para demostrar que sus cadenas de suministro no contribuyen a la destrucción de los bosques del mundo, o se enfrentarán a fuertes multas.
Las empresas tendrán que mapear digitalmente sus cadenas de suministro hasta la parcela donde se cultivaron sus materias primas, incluso en pequeñas granjas en regiones rurales remotas.
Sin embargo, los opositores a estos planes afirman que es demasiado complejo llevar a cabo el número de nuevas exigencias en las cadenas de suministro que abarcan todo el mundo y afectan no solo a millones de granjas sino a múltiples intermediarios cuyos datos no son fácilmente verificables.
Bruselas ha venido sosteniendo hasta ahora que la ley es necesaria para poner fin a la contribución del bloque a la deforestación, la segunda causa principal del cambio climático después de la quema de combustibles fósiles.
Pero esta opinión ha ido cambiando. Entre los Veintisiete, no quieren mantener el calendario Estados miembros como Suecia, Finlandia, Austria, Polonia y Eslovaquia, ni tampoco Alemania, que recientemente han cambiado de posición.
La Comisión reconoce que, a tres meses de la fecha prevista para la implementación del reglamento, varios socios globales han expresado reiteradamente preocupaciones sobre su estado de preparación, la más reciente durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, agregó el Ejecutivo, que también ha detectado “inquietudes” en algunas partes interesadas dentro de la UE.
“Un plazo adicional de 12 meses para la implementación es una solución equilibrada para apoyar a los operadores de todo el mundo y asegurar una transición suave desde el principio”, agregó el Ejecutivo comunitario
Algunas de las preocupaciones se centran en el daño reputacional y la caída de exportaciones que podría suponer la inclusión de algunos de estos países en un listado de las naciones con mayor riesgo de incurrir en deforestación, lo que comportaría que estarían sometidos a más controles en sus exportaciones.
Brasil, Argentina, Paraguay e Indonesia, especialmente afectadas
Con el reglamento europeo, la Unión Europa se proponía vetar la importación de productos asociados a la deforestación: soja, madera, carne de vacuno, café, cacao, palma, carbón vegetal y madera, así como algunos derivados (cuero…). Sin embargo, en la lista de materias vetadas no está el maíz, el biodiésel, la carne procesada y otras carnes (cerdo, aves de corral). No obstante, habrá una revisión de ese listado en dos años
La norma incide sobre las zonas forestales de Brasil, Argentina, Paraguay e Indonesia especialmente.
Se toma como base la “estricta” definición de bosque de la FAO, por lo cual no se incluye la protección de “otras zonas boscosas” con una menor densidad de cobertura de copa, lo cual hace que quedan desprotegidas las regiones de Pantanal (Brasil, Bolivia y Paraguay) y El Cerrado (sabana brasileña), entre otras zonas (sabanas, turberas...) pese a que pues se estima que el 65% de las importaciones de soja y vacuno de la UE procede del Cerrado.
Diligencia debida
La fórmula diseñada para efectuar los controles consiste en la implantación de un sistema de autodeclaración (proceso de diligencia debida) mediante el cual se obligará a las empresas que venden o comercializan estas materias primas en la UE a que rastreen su origen y demuestren que no están vinculadas a la destrucción o degradación de los bosques.
Para ello, antes de la llegada del producto, deberán dar cuenta a la Administración de información relevante como la indicación de la geolocalización de la parcela donde se ha producido la materia prima (para ser utilizada en su caso).
Ante las sospechas que generen algunos productos de proceder de territorios deforestados, el operador tendrá que identificar, prevenir y mitigar estos riesgos.
Controles hasta del 9% de las operaciones para los países con mayor riesgo
Todo el reglamento se aplica tomando como referencia el 31 de diciembre del 2020. La previsión es que se haga un control del 9% de los operadores y de las materias primas y productos, en el caso de los países que sean clasificados como de mayor riesgo de deforestación.
Entre los Veintisiete, no quieren mantener el calendario Estados miembros como Suecia, Finlandia, Austria, Polonia y Eslovaquia, ni tampoco Alemania, que recientemente han cambiado de posición.
Algunas de las preocupaciones se centran en el daño reputacional y caída de las exportaciones que podría infligir el “ránking” de países que debería de publicar la Comisión antes de final de año y que supondría que los Estados con mayor riesgo de incurrir en deforestación serían sometidos a más controles en sus exportaciones.
El año pasado el mundo perdió una superficie forestal casi tan grande como Suiza; una destrucción que liberó aproximadamente el equivalente a la mitad de dióxido de carbono que Estados Unidos emitió por la quema de combustibles fósiles.
La urgencia de actuar
Las organizaciones conservacionistas expresan la urgencia de actuar recordando que el Pantanal brasileño (el mayor humedal tropical del mundo y uno de los santuarios de biodiversidad más importantes del planeta) se enfrenta a una temporada de incendios sin precedentes.
Además, también bosques de Paraguay, Bolivia y Argentina han ardido en sucesos que se han relacionado con la agroindustria (y los planes para producir pastos o cultivar soja, maíz, caña de azúcar o algodón. Además, la deforestación, responsable por sí sola del 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero, juega un papel crucial en la proliferación de estos fuegos.
Reacciones de los grupos ecologistas
Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra y Alianza Verde han criticado la propuesta presentada. Greenpeace consideró que la Comisión Europea “ha cedido oficialmente a la presión de empresas y gobiernos que son hostiles a la ley”. En concreto, su director de política forestal de la UE de la organización, Sébastien Risso, ha insistido en que los bosques del mundo necesitan “urgentemente” la protección que les proporciona esta norma.
Anke Schulmeister-Oldenhove ha señalado que esta propuesta es “una bofetada a 1,2 millones de europeos que han pedido que se ponga fin a la deforestación impulsada por el consumo de la UE” y que “penaliza injustamente” a las empresas que ya han realizado “inversiones significativas” para cumplir con la nueva norma, informa Europa Press.
“Al socavar uno de los logros clave del Pacto Verde Europeo, esta decisión arroja serias dudas sobre el compromiso de la presidenta de la Comisión de cumplir las promesas medioambientales de la UE”, ha añadido.
En la misma línea se ha expresado la activista en alimentación y agricultura de Amigos de la Tierra, Stanka Becheva, que ha indicado que la propuesta para retrasar la aplicación de la norma es “vergonzosa” por parte de la Comisión y que equivale a “doblegarse ante las corporaciones multinacionales y su presión por la desregulación, mientras se da pie a otro año de destrucción” forestal.
Por último, el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha denunciado que, con esta propuesta la Comisión Europea “cede a los intereses económicos”. En su opinión, Europa está dando una vez más “pasos atrás” en materia de política ambiental.
“La pérdida de bosques agrava el cambio climático que, a su vez reduce las cosechas (desde café hasta maíz), eleva las temperaturas, la severidad de las olas de calor y las sequías, lo que a su vez incrementa la frecuencia y gravedad de los incendios forestales”, dice la Alianza.