Vida verde
Lección de Dubái: La transición justa a 1,5°C es casi una utopia
Estados Unidos, por ejemplo, con apenas 4 % de la población mundial es responsable de 24 % de las emisiones. En América Latina y el Caribe somos responsables de 5 % de todas las emisiones mundiales con 8 % de la población mundial pero dentro de la región existen brechas abismales: el 10 % más rico e



Por estos días, mientras en Dubái transcurría la cumbre del clima y se discutía con fervor cómo lograr transitar a un mundo más sostenible y menos desigual, en Tiktok se hacía viral un video en el que un niño se acerca al actor Sylvester Stallone y recita unas líneas de su personaje Rocky: “El mundo no es todo sol y arco iris. Es un lugar muy mezquino y desagradable que te pondrá de rodillas y te mantendrá allí permanentemente si se lo permites”.
Al menos en términos energéticos la frase es irrefutable. La cantidad de energía disponible para cada ser humano en la Tierra ha crecido 700 veces desde principios del siglo XIX. Pero ha sido un crecimiento desigual. Mientras una persona en EE.UU gasta unos 216 kWh al día, en Alemania consume unos 112, en China alrededor de 85 y en la India apenas 19,5.
Más energía significa más emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto una responsabilidad diferenciada ante la crisis climática.
Estados Unidos, por ejemplo, con apenas 4 % de la población mundial es responsable de 24 % de las emisiones. En América Latina y el Caribe somos responsables de 5 % de todas las emisiones mundiales con 8 % de la población mundial pero dentro de la región existen brechas abismales: el 10 % más rico emite 40% de las emisiones.
Incremento Todas las promesas de los países por ahora apuntan a que vamos rumbo a un peligroso incremento de entre 2,4ºC y 2,6°C en la temperatura media del planeta.
De ahí el mantra que ha comenzado a repetirse con más fuerza dentro de las negociaciones climáticas: “una transición justa”.
Victor Menotti, de la Campaña Mundial para Exigir Justicia Climática, comentó durante una rueda de prensa en la 28 Conferencia de las Partes (COP28) sobre cambio climático, apenas dos días antes del cierre esperado este martes 12, “que la sociedad civil exige que la transición sea justa, rápida y con financiación”.
“Justa”, explicó, “significa que ellos (los países desarrollados) van primero en deshacerse (phase out) de los combustibles fósiles y deben aportar dinero para que otros países lo hagan. Rápido significa que sea en línea con el límite de 1.5°C del Acuerdo de París”, dijo.
No por nada, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recalcó que las últimas 24 horas de la COP28 en Dubái son claves en dos frentes: “Le pido a los países ambición en comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también ambición en entregar justicia climática”.
“Sabemos que la transformación no ocurrirá de la noche a la mañana. La descarbonización creará millones de trabajo, pero los gobiernos deben asegurar apoyo, y protección a los que serán más impactados. Las necesidades de países en desarrollo, dependientes de los combustibles fósiles, debe ser considerada”, remarcó Guterres
Tantas transiciones como países
El programa de trabajo de Transición Justa que se discute en la COP28 nació hace un año, en la cumbre climática de Sharm el-Sheij, en Egipto, bajo la idea de discutir las dimensiones económicas y sociales de un mundo que se aleja de los combustibles fósiles. En concreto, los países deben discutir sobre los distintos “caminos de transición justa” para alcanzar las metas del Acuerdos de París.
Según comenta Laura Castillo, encargada de política ambiental en la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, lo que se ha planteado al interior de las salas de negociación es que existen “tantas transiciones como países”.
El concepto de «transición justa» existe desde los años 80. Se adoptó entonces por el movimiento de sindicatos estadounidense para proteger a los trabajadores afectados por las nuevas normas sobre contaminación del aire y el agua.
Ahora, dentro de las negociaciones climáticas que viven sus últimas horas en Dubái, intenta convertirse en un lenguaje que atraviese cada medida, cada avance en mitigación, adaptación y financiación que son las tres grandes dimensiones sobre las que gira el Balance Mundial (Global Stocktake), un mandato del Acuerdo de París en su artículo 14, al que se debe dar mandato en esta cumbre.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define esa transición justa como “ecologizar la economía de una manera que sea lo más justa e integradora posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”.
Según un informe publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los principios de la transición justa ya se reflejan en 38 % de los planes climáticos a corto plazo – las conocidas como contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDC- que se han trazado los países y en 56 de las estrategias a largo plazo o LTS (en inglés).
Aunque hay que aclarar aquí que todas las promesas de los países por ahora apuntan a que vamos rumbo a un peligroso incremento de entre 2,4ºC y 2,6°C en la temperatura media del planeta.
Una evaluación llevada a cabo por el Fondo Verde para el Clima y la OIT, tras revisar 8726 estudios sobre transición justa, detectó que un alto número de las intervenciones se están realizando en países de renta media, como Indonesia, India, Sudáfrica y China.
Según esta evaluación, buscar una transición justa implica algunos factores críticos como la necesidad de mecanismos de financiación sólidos, una fuerte alineación con las necesidades y prioridades, la voluntad política y la apropiación, junto con el diálogo social y la participación de las partes interesadas.
Durante un foro dedicado al tema en la COP28, Rabiatou Ahmadou, del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, afirmaba con firmeza: “No queremos que esta nueva era sea una nueva era de colonialismo. Queremos saber cómo vamos a transitar de un mundo de energía fósil a las nueva energía renovables”. Una pregunta para la que nadie tiene una respuesta clara.
Vuelve y juega la polarización
Tal como en otros espacios de la cumbre, los países se posicionan en dos bandos. Por un lado, los desarrollados -liderados en esta discusión por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá-, quienes prefieren mantener la definición de transición justa al ámbito del trabajo y como un tema que cada país debe resolver por su cuenta.
Por el otro, los en desarrollo, que promueven la idea de ampliar el concepto hacia otros grupos vulnerables (mujeres, pueblos indígena) y que quieren que se establezcan ciertos marcos de entendimiento común sobre qué es una transición justa.
“Algo que se está discutiendo es la necesidad de operacionalizar las decisiones. Es decir, si esto va a ser un compromiso real sobre cómo estamos implementando esta transición, con resultados concretos, o solo nos vamos a quedar con diálogos de buenas prácticas”, asegura Laura Castillo.
Hasta el cierre de esta edición, el último borrador disponible de la discusión incluye un programa de diálogos que funcionará por dos años hasta informar de sus resultados a la COP y al siguiente Balance Mundial. El texto completo, sin embargo, aún puede cambiar en las próximas horas.
Surgen muchas preguntas cuyas respuestas solo irán apareciendo en el camino de negociaciones en los próximos años: ¿Cómo se va a regular la reducción gradual de combustibles fósiles? ¿Y si la meta es multiplicar por tres el uso de energía solar antes de 2030 cómo facilitar que los países más pobres se integren en ese proceso? ¿Cómo lograr que las nuevas metas de financiación, que deberían por fin llegar a 100 000 millones de dólares anuales se distribuyan equitativamente y de acuerdo a la vulnerabilidad de cada país? ¿Quiénes deberían aportar más al nuevo Fondo para Pérdidas y Daños que se logró configurar en esta COP en Dubái?
El futuro limpio y justo para América Latina
El panorama para América Latina luce más optimista que en otras regiones. Para el Global Energy Monitor, la región tiene el potencial de aumentar su capacidad instalada de energías solar y eólica en 460 % para 2030.
Por su parte, el Latin America Energy Outlook de la Agencia Internacional de Energía dice que por su alto potencial renovable y minerales críticos, “podrían contribuir de forma importante a la seguridad energética mundial y a la transición hacia energías limpias con los paquetes de políticas adecuados, además de impulsar la propia transición de la región y generar importantes beneficios para las economías locales tras una década de lento crecimiento”.
“La transición debe minimizar los impactos con una participación efectiva de todas las partes involucradas. Y esto es principalmente para evitar vulneraciones de derechos humanos en nombre de la acción climática”, dice Felipe Pino, encargado de programas de la organización Fima, quien además es uno de los autores del informe “de la descarbonización a la transformación”, un estudio de varias organizaciones sociales en el que se plantean algunos de los desafíos que tiene la región para lograr que su transición no deje a nadie atrás.
Ninguna COP ha resuelto todas las preguntas y retos. El desafío en e camino estará en hacerlo de una manera menos mezquina y desagradable que la del siglo XX.
¿Cuánto cuesta dejar los fósiles en América Latina?
Uno de los debates más encendidos de la cumbre climática anual que ha llegado a su conclusión en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, revoloteó alrededor del fraseo de la declaración final, respecto a “phase out (abandono de los combustibles fósiles)» o “phase down (reducción)» en un plazo determinado.
Se trata de un cálculo esencial sobre el desmantelamiento de refinerías, ductos, plantas generadoras de electricidad y otra infraestructura que, en algunos casos, lleva años de operación, según se ha analizado en la 28 Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
“Se va a necesitar soporte financiero. Debe haber un enfoque diferenciado, tiempos diferenciados, que los países desarrollados vengan con los recursos”, dijo a IPS la experta La brasileña Fernanda Carvalho, presente en la COP28.
Dada la producción y planes exploratorios de los principales países productores de hidrocarburos en la región, la magnitud del desafío a mediano y largo plazos es descomunal.
En octubre, Brasil, la mayor economía de la región y la 11 del mundo, extrajo 3543 millones de barriles de petróleo y 152 millones de metros cúbicos (m3) de gas diarios.
Esta extracción representó aproximadamente 2 % de la economía interna ese mes.
Por su parte, México, la segunda economía regional, extrajo en octubre 1,64 millones de barriles, 4971 millones de m3 cúbicos de gas diarios, que equivalieron a unos 52 millones de dólares de ingresos en ese mismo mes.
Mientras, Colombia produjo 780.487 barriles de petróleo en los primeros ocho meses de 2023 y 1568 pies cúbicos diarios de gas, cuyos recursos equivalen a 12% de los ingresos públicos.
“Tenemos que pensar en medidas de descarbonización. Queremos que América Latina sea una potencia en energía limpia”, planteó Carvalho.
A septiembre último, la estatal Petróleo Brasileiro (Petrobras) trabajaba en la obtención de 9571 millones de barriles de petróleo equivalente, según la Lista de Abandono Global de Petróleo y Gas elaborada por la organización no gubernamental alemana Urgewald.
Este volumen supone un exceso de 94 % por encima del límite del Acuerdo de París de 2015 para mantener el calentamiento planetario por debajo de dos grados centígrados.
Mientras, la también estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) desarrolla 1444 millones de barriles de petróleo equivalente, 56% por encima del umbral visualizado por el Acuerdo de París.
Finalmente, la empresa pública Ecopetrol, en su mayoría propiedad del Estado colombiano, trabaja en la obtención de 447 millones de barriles, 98% por encima del límite del Acuerdo de París, según Urgewald.
Adicionalmente, el costo de las acciones contra la crisis climática es estratosférico, inalcanzable para cualquier nación latinoamericana.
Por ejemplo, México calculó que la ejecución de 35 medidas, entre ellas en el sector de generación de energía, gas y petróleo, costarían 137 000 millones de dólares en 2030, pero los beneficios totalizarían 295 000 millones.
Pero Maurtúa relativiza la cuestión presupuestaria. “Hay mucha plata pública con la que se pueden hacer muchas cosas” y complementada por recursos internacionales, propuso.