Chile decide sobre la Constitución “más moderna del mundo”

El 4 de septiembre Chile tendrá la oportunidad de aprobar la que sin duda sería la Constitución más moderna del mundo, tanto en su origen como en su contenido, dejando atrás la Constitución del 80, aprobada en plena dictadura y que aún está en vigor. Sin embargo, esta misma condición es la que se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno chileno, que si bien no es el promotor, la población le identifica como tal ya que “ambos”, es decir, el nuevo texto constitucional y el nuevo gobierno, emergen del mismo sustrato: las protestas sociales que tuvieron lugar a finales de 2019 y que pusieron de manifiesto las grandes brechas existentes en el país más desarrollado del cono sur.

La Constitución vigente en Chile se aprobó en 1980 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, que la aplicó y ejerció como presidente durante los primeros años de su vigencia. Ciertamente, el texto ha sido reformado sucesivamente en casi sesenta ocasiones. Al final de la dictadura, en 1989, se mejoró levemente el reconocimiento de los derechos fundamentales. En 2005 se eliminó por fin la firma del dictador y se actualizó el texto incluyendo cuestiones tan básicas como el debido proceso o la libertad de expresión. Se trata, pues, de un documento de origen poco democrático que se ha ido enmendando para adaptarlo a las necesidades de una sociedad plenamente democrática. Sin embargo, en la Carta Magna en vigor falta el principio democrático como origen. No es el producto de un pacto social por lo que la perspectiva autoritaria aún late en algunos de sus preceptos. Muchas instituciones no han podido reformarse por las mayorías cualificadas exigidas para ello y la fuerte presencia de instituciones como la familia le proporcionan un definitivo sesgo conservador.

Las protestas de octubre de 2019, con o sin pandemia, desembocaron en un referéndum constitucional, en octubre 2020, que dijo sí a abrir el proceso constituyente, pero en esas, la propia pandemia ha ido enfriando los ánimos y los sondeos no son favorables a la aprobación del texto.

Una Constitución “muy” progresista

“Ningún otro texto constitucional cabalga la ola de reivindicaciones igualitarias que en los últimos años hemos vivido impulsadas por el movimiento feminista mundial; ninguna otra Constitución ha sido redactada por un órgano paritario - señala a favor la analista Auxiliadora Honorato, que apuesta por el apruebo - La superación de las desigualdades por razón de sexo o género son un largo camino que nos implica a todas las personas en nuestro día a día, pero no podemos obviar que la implementación de políticas activas de igualdad ha supuesto un salto cualitativo en las últimas décadas. Era pues imperante que el constitucionalismo acogiera estas reivindicaciones para poder seguir avanzando en sociedades más justas e inclusivas, en las que no haya, de facto, cotos privados para hombres heterosexuales blancos, sino que toda la pluralidad y la diversidad existentes impregnen el hacer y el pensar del Estado. Esta Constitución persigue la igualdad real y efectiva de las mujeres en el espacio público, lo que podemos entender en la historia del constitucionalismo como la segunda parte del reconocimiento del sufragio femenino en las Constituciones del siglo XX. De poco sirve reconocer el derecho al sufragio pasivo si existe todo un entramado socioeconómico y cultural que te expulsa de la vida política”.

Algunos de estos aspectos relacionados con el feminismo son los que están generando fuerte ruido en un país eminentemente machista. Entre las medidas que contempla, y desde el punto de vista orgánico, se establece que todos los órganos colegiados del Estado, en sus diferentes expresiones (Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos autónomos constitucionales, y superiores y directivos de la Administración), contarán con al menos un 50 % de mujeres, y en este sentido las listas electorales deben estar encabezadas siempre por una mujer, y también se refieren al desarrollo de sus funciones, ya que todos los órganos y poderes del Estado incorporarán el enfoque de género en el ejercicio de todas las funciones públicas, muy especialmente en resoluciones judiciales.

Más polémica aún generan los puntos relacionados con las “diversidades y disidencias de género” y los derechos sexuales y reproductivos, a la identidad diverso genérica, así como el derecho a vivir una vida libre de violencia de género.

“También es una Constitución moderna en la incorporación de tareas urgentes derivadas de la emergencia climática. Se define al Estado como Ecológico, recogiéndose la posibilidad de limitar derechos o libertades en defensa de la naturaleza, reconociendo a la misma como sujeto de derechos fundamentales, creándose juzgados ambientales específicos y la figura de la Defensoría de la Naturaleza, entre otras medidas” señala Honorato.

“La justicia ecológica y climática supera el ámbito intencional o programático para determinar cambios en la estructura orgánica del poder, conformando la Defensoría de la Naturaleza, permitiendo la creación de territorios especiales por criterios ambientales o climáticos o dando forma a un sistema de Justicia Ambiental a través de tribunales ambientales que podrán conocer de demandas incluso antes del agotamiento del procedimiento administrativo” señala el doctor en Derecho Constitucional Marco Aparicio.

Quizás uno de los conceptos más interesantes que parece introducir es el del surgimiento del Estado Cuidador. Hay abundantes referencias en el texto a los cuidados, poniendo en valor esta necesidad y este derecho al cuidado. El Estado ya no se concibe tan solo como un Estado Social, prestacional, que interviene para corregir las desigualdades y garantizar que los derechos y las libertades sean iguales y efectivas (cosa que ya es un avance en sí mismo en Chile, donde el Estado se concibe como subsidiario, en su expresión más liberal), sino que se concibe al Estado como un ente cuidador, que tendrá que velar por salvaguardar el desarrollo de la vida de sus gentes, sus pueblos y de la naturaleza. Ante la incertidumbre de un mundo que se acaba tal y como lo conocemos, el pueblo de Chile apuesta por las certezas del cuidado desde lo colectivo, desde lo público.

“Por último, el texto constitucional refleja los dolores que ha atravesado Chile en las últimas décadas y también siglos y, a su vez, mira al futuro incorporando propuestas reparadoras que tratan de superar los horrores del pasado. Así, se reconoce al Estado como un Estado Plurinacional, lo que implica que las naciones y pueblos indígenas forman parte de la institucionalidad misma, son Estado, sus lenguas son oficiales, su jurisdicción o sus mecanismos de adopción de decisiones son parte de la institucionalidad chilena, reconociéndose su derecho a sus tierras, territorios y recursos” añade la analista.

Otro de los puntos que está generando más combate al texto desde pequeños grupos radicalizados es el que recoge el derecho a la reparación integral, a la memoria, al esclarecimiento y conocimiento de la verdad. En esto, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar íntegramente las violaciones de derechos humanos, lo que para el sector más reaccionario supone “escarbar” y reabrir heridas, que para los otros nunca se cerraron.

“Todas estas cuestiones están en manos del pueblo y los pueblos de Chile, que podrán elegir el 4 de septiembre, mirar al futuro cabalgando los nuevos tiempos a los que nos enfrentamos como humanidad, con herramientas que cuiden y respeten la vida de las personas, de los pueblos, de la naturaleza y construyendo un futuro de mayor esperanza y equidad” señala Honorato.

“En el texto aprobado por la Convención laten un conjunto de ciudadanías intensas, de justicias en construcción, de horizontes de transformación que, como tales, no son elementos dados por el texto sino orientaciones de sentido dotadas de herramientas de realización. Merece la pena intentarlo. Merece la pena el Apruebo” concluye Aparicio.

La Constitución chilena y la desinformación

Para el sociólogo Joaquín Urías, el texto propuesto en la nueva Constitución es perfectamente homologable con el de otros países, aunque reconoce algunos excesos retóricos, y señala que son precisamente esos excesos los que han propiciado la campaña de desinformación que está a punto de hacer caer el proceso, a lo que se suma que el contexto actual no es el más favorable: “Sin una amenaza inminente, como sucede en los países que están saliendo de una crisis o en un cambio de régimen, es difícil concitar apoyo masivo sobre ningún texto definitivo porque en esas situaciones el voto de rechazo puede fácilmente aunar posiciones poco constructivas de todos los sectores del espectro político” señala.

La campaña de desinformación creada a su alrededor está difundiendo una serie de falsedades que no concuerdan en absoluto con la realidad del texto. La mayoría de estas falsedades están construidas a partir de una frase de la Constitución que desvirtualizada y analizada por quien nada sabe de derecho constitucional se interpreta en sentido erróneo. Un buen ejemplo es la noticia (falsa) de que la nueva Constitución permite acabar con la propiedad privada. Los términos en los que aparece redactado el derecho a la propiedad no cambian respecto a la vigente. El artículo relativo a la expropiación dice “ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador”. Esa redacción, que algunos califican de comunista, está calcada casi palabra por palabra de la Constitución española de 1978. Nadie diría que España en los últimos 40 años ha funcionado como un país comunista, pero los mecanismos de la desinformación funcionan así. Igual sucede con los que mienten descaradamente diciendo que la ley impone el aborto libre (en realidad no habla para nada de plazos) o que la referencia a un Estado plurinacional supone que Chile se divida en varios países, cuando en realidad el sistema de autogobierno que establece para algunas comunidades es mucho menos intenso que el que rige, por ejemplo, en las regiones de Alemania.

“Esta campaña feroz y descarada contra el nuevo texto que se propone solo viene a demostrar que no es la Constitución de ningún bando político. También desde la izquierda se acusa al texto de ser insuficiente o de no concretar suficientemente medidas anunciadas que se quedan en mera retórica y se lo acusa de timorato. Parte del problema se deriva del deseo de todos los sectores en una sociedad polarizada de que se apruebe “su” Constitución, olvidando que debe ser un texto lo suficientemente abierto como para que todos y cada uno de los chilenos, piensen como piensen, puedan desarrollarse cómodamente bajo su cobijo” señala Urías.

El Gobierno Boric en el punto de mira

El Gobierno de Gabriel Boric y la Asamblea Constituyente tienen el mismo origen: las protestas de octubre de 2019 donde quedaron al descubierto las desigualdades y el hartazgo de una buena parte de los chilenos que exigían un cambio. De ahí se impulsó la nueva Constitución y por ahí se eligió un nuevo gobierno en diciembre de 2021 con Boric a la cabeza. Todos los miembros del gobierno, muy identificado con la izquierda popular, formaron parte de las movilizaciones y dieron el apoyo al proceso constituyente y por ahí es que diferentes discursos tratan de unir las suertes: que votar no a la Constitución sea decir no a Boric, y que por ahí se precipité alguna caída.

El gobierno del joven progresista, en su inexperiencia y fogosidad, ha cometido algunos errores estratégicos al defender airadamente algunos puntos y enfoques del texto constitucional para después desligarse de su suerte.

Boric trata de explicar que el proceso se repetirá hasta que haya un texto constitucional porque es el mandato popular del referéndum de 2020. Seguramente, en función del resultado, los chilenos deberán tomar sus determinaciones.