Elecciones en Brasil: Bolsonaro maniobra para volver al pulso con Lula

Parece un golpe maestro. Un proyecto con respaldo prácticamente unánime en el legislativo Congreso Nacional brasileño, incluso de los opositores izquierdistas, le permitirá al presidente Jair Bolsonaro transferir dinero a millones de brasileños, con lo que busca revertir la derrota electoral que le auguran los sondeos en octubre.

La propuesta de enmienda constitucional (PEC) que establece el estado de emergencia en Brasil hasta el fin de 2022, contó con 72 votos en el Senado y solo uno en contra, en una votación el 30 de junio. Ahora solo depende de su ratificación en la Cámara de Diputados, el martes 12 o miércoles 13, lo que ya se considera como un mero trámite.

Pero muchos juristas consideran inconstitucional esa enmienda, al crear una emergencia artificial y destructora del régimen fiscal y electoral, que el país construyó en las cuatro últimas décadas. Contribuye, por ende, al deterioro de la democracia.

La medida es una forma de eludir las leyes electorales y de responsabilidad fiscal, abriendo paso a la concesión de beneficios sociales que el gobierno no podría asignar desde el inicio del año hasta la conclusión de las dos vueltas comiciales, el 30 de octubre.

Los opositores justificaron sus votos a favor con la alegación de que los pobres necesitan esa ayuda con urgencia para mitigar el hambre agravado por la pandemia y la inflación. No podrían oponerse a medidas que siempre reclamaron, es decir se vieron enredados en una trampa perfecta.

El estado de emergencia suspende algunas limitaciones impuestas al gobierno, como el llamado “techo de gastos”, instituido por otra enmienda constitucional de 2016, que prohíbe aumentar los gastos gubernamentales por encima del índice oficial de inflación.

La compra de votos

La PEC define los nuevos gastos destinados a las familias muy pobres: aumento mensual del Auxilio Brasil (antigua Bolsa Familia) de 400 a 600 reales (75 a 112,50 dólares) y un vale-gas equivalente al costo de una bombona para cocinar cada bimestre, lo que dobla el valor del subsidio concedido hasta ahora.

Además, se estima añadir 1,6 millones de familias a los 18 millones que ya reciben el Auxilio Brasil.

La iniciativa beneficia también a cerca de 900 000 camioneros autónomos, con una ayuda de 1000 reales (188 dólares) mensuales hasta diciembre, y a los gobiernos de estados y municipios que subsidian el transporte público, taxistas y productores de etanol.

Los beneficios previstos suman 41 200 millones de reales, equivalentes a 7800 millones de dólares.

La elevación de los precios petroleros, agravado por la invasión de Rusia a Ucrania, justifica la emergencia y los beneficios, según la propuesta, presentada en febrero por el Senador Carlos Fávaro, del centrista Partido Social Democrático (PSD).

El ministro de Economía, Paulo Guedes, la rechazó inicialmente e incluso la apodó de “kamikaze”, por considerarla un riesgo para la economía al violar la responsabilidad fiscal normada por una ley vigente desde 2000. Pero después cambió de opinión o aceptó las exigencias electorales del presidente.

Sobrevivencia, no suicidio

“La mejor denominación es la PEC de la desesperación, como la llamó el diario O Estado de São Paulo”, sostuvo el sociólogo Elimar Nascimento, profesor de posgrado en la Universidad de Brasilia.

Bolsonaro decidió jugar esa última carta en los tres meses que le quedan para reducir los cerca de 15 puntos porcentuales que le aventaja el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) en las encuestas.

Esa ventaja persiste con altibajos desde el año pasado y puede asegurarle a Lula el triunfo incluso en la primera vuelta el 2 de octubre, si el actual presidente no logra incrementar su popularidad y disminuir sus elevados índices de rechazo, entre 55 % y 60 %.

Iniciativas anteriores, como crear el Auxilio Brasil para sustituir la Bolsa Familia que es una marca de Lula, no ayudaron en ese objetivo. El actual gobierno dobló la suma mensual pagada a cada familia e incorporó cuatro millones de nuevas familias a las 14 millones beneficiadas anteriormente.

“La aprobación final y la puesta en marcha de la nueva PEC no tendrán consecuencias en las elecciones, pues el impacto positivo para Bolsonaro será limitado”, evaluó Nascimento a IPS desde Brasilia.

Sobre la inconstitucionalidad o la ilegalidad de la medida, el Supremo Tribunal Federal no se manifestará, previó. Ya trascendió que algunos jueces consideran muy difícil juzgar una decisión legislativa adoptada por una casi unanimidad.

Pero es evidente que los daños al orden jurídico y a la economía serán graves, según la mayoría de los analistas.

Retroceso

Prohibir la adopción de beneficios sociales por el gobierno, en los meses anteriores a los comicios, es indispensable para un cierto equilibrio entre gobernantes y sus oponentes electorales. La PEC abre un precedente antidemocrático, el de que todo vale para la reelección de un presidente.

Además promueve un retroceso en las reglas fiscales establecidas desde los años 80 para contener la corrosión de las finanzas públicas por intereses particulares, en especial las veleidades del llamado populismo.

La PEC convierte igualmente en letra muerta de la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada para controlar las finanzas públicas, la regla de oro que limita el endeudamiento y el “techo de gastos”, tres medidas que intentan contener los riesgos financieros del país.

Guedes asumió el Ministerio de Economía, en enero de 2019, con la promesa de defender la austeridad fiscal y la salud financiera del Estado, con la rigidez del llamado neoliberalismo, como un economista doctorado en la escuela de Chicago de los años 70 y que defiende el “Estado mínimo”.

Pero renunció a sus convicciones a medida que avanzaba el cuatrienio de la presidencia de Bolsonaro y cedió a numerosas exigencias políticas del presidente y del bloque de legisladores denominado “Centrão” (gran centro) que desde mediados de 2021 domina el gobierno con su indispensable respaldo en el Congreso.

Bolsonaro se alió a ese bloque al darse cuenta del riesgo de su inhabilitación por un juicio parlamentario, ante su aislamiento político y su pérdida de popularidad, producto de sus acciones ultraderechistas y la desastrosa gestión negacionista de la pandemia de covid-19, de oposición al uso de mascarillas y al alejamiento interpersonal.

Presupuesto secreto

El poder adquirido por el “gran centro” provocó otros daños en las finanzas públicas. Se ampliaron las llamadas “enmiendas legislativas”, por las cuales los legisladores destinan parte del presupuesto público a inversiones en sus bases electorales.

Se creó incluso el llamado “presupuesto secreto”, con crecientes sumas distribuidas por decisión del relator de la ley presupuestaria anual, acordadas con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, sin ninguna transparencia sobre su destino y sobre los legisladores que proponen la aplicación de los recursos presupuestarios.

La cesión de tales poderes ejecutivos a los legisladores es la contrapartida que ofreció Bolsonaro para su sostén legislativo primero y ahora para impulsar su apoyo electoral.

El resultado será una difícil gobernabilidad para el próximo mandatario, incluso si es el mismo Bolsonaro quien logra reelegirse.

Pero es poco probable que la también llamada “PEC de las bondades” altere el resultado electoral apuntado por las encuestas hasta ahora.

Las preferencias parecen consolidadas y los beneficios concedidos tienen escasas posibilidades de conquistar votos, incluso porque la inflación, superior a 10 % desde septiembre de 2021, anuló la mayor parte del incremento de las transferencias del Auxilio Brasil.

Además, la forma de aprobar la PEC desnudó su carácter electorero. Ocurrió cuando el país ya está en precampaña electoral y en la antesala de la campaña que comenzará formalmente el 16 de agosto, y su efecto durará solo hasta diciembre.

Brasil: informe sobre la candidatura de Lula

Según una de las últimas encuestas nacionales (XP/Ipespe, entre 9 y 11 de mayo) para las elecciones presidenciales brasileñas que se celebrarán el próximo 2 de octubre, Lula se sitúa con 44 % de intención de voto y Bolsonaro con 32 %. Es una posición muy consolidada: hace más de un año que Lula está prácticamente en el mismo nivel de preferencia electoral (40 %). En un balotaje, según las encuestadoras, la diferencia con Bolsonaro sería de 54 % a 35 %, con un todavía 10 % de indecisos. Lula vencería frente a cualquier candidato en el balotaje.

Dentro de la relativa estabilidad la última encuesta de XP/Ipespe refleja un retroceso de Lula en la región Sur ‒supone el 15 % del electorado‒, cayendo de 40 % a 32 %, lo que contrasta con una recuperación de apoyos de Bolsonaro que trepa hasta 45 %.

Si bien en los sondeos hubo un pequeño retroceso, un núcleo importante del apoyo al dirigente petista es la franja etaria de los 16-43, y entre aquellos que ganan menos de dos salarios mínimos ‒un 46 % del electorado‒.

Respecto al factor “rechazo” de Bolsonaro (arriba del 50 %), presenta el índice negativo más alto de un candidato a 5 meses de una elección desde 1989. El de Lula da Silva se encuentra en el 37 %, lo que sitúa su techo relativo en casi el 63 %.

A dos meses de las elecciones parece difícil que aparezca algún contendiente alternativo a los propios Lula y Bolsonaro, que suman más del 54 % de las respuestas espontáneas de adhesión, y también que alguno caiga fulminado por un escándalo.

Durante el primer cuatrimestre del año Lula estuvo dedicado a las articulaciones partidarias. Hasta el momento PT, PSB, PSOL, PcdoB, REDE, PV y Solidaridade han dado respaldos formales a la fórmula presidencial Lula-Alckmin. A ello se suman más aproximaciones de liderazgos y fracciones del PSD, del MDB y otros partidos de centroderecha, que incluso pueden aumentar una vez que comience la campaña y se disperse aún más lo poco que queda de quienes se apuntarían ‒de aparecer‒ a una “Tercera Vía”.

Da Silva continúa insistiendo en consolidar la que será la base parlamentaria de un futuro Gobierno, consciente de que este aspecto es clave para blindarse ante las presiones del Congreso (como le ocurrió a Dilma Rousseff).

El discurso de Lula ha cambiado sustancialmente desde lo progresista hacia unas posiciones más soberanistas y proteccionistas en línea con el discurso dominante mundial.

La candidatura de Lula en los Estados. Más allá de las características propias de Lula, el PT llega a esta elección con una candidatura bastante más respaldada territorialmente que la de 2018, con mejores articulaciones políticas en los 4 principales colegios electorales del país, y con chances para sus candidatos a gobernadores. En San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais ‒que representan más del 40 % del padrón electoral nacional‒ el PT o aliados lideran las intenciones de voto a gobernador; en Bahía, el cuarto distrito del país, el apoyo a Lula es macizo, al igual que en el resto de la Región del Nordeste.

Arce deberá recomponer relaciones con Lula

Las relaciones entre Lula da Silva y Evo Morales se deterioraron profundamente en la última parte del mandato de Morales, cuando no solo no abogó por quien fue su mentor y no lo visitó en la cárcel, sino que no tardó en restablecer relaciones con el Gobierno de Michel Temer tras derrocar a Dilma Rousseff en el parlamento y, después, normalizó la presencia de un ultraderechista como Jair Bolsonaro.

Aún así, el gobierno de Luis Arce confía en que el retorno de Da Silva a la presidencia sea beneficioso para Bolivia, aunque las tensiones gasíferas son de difícil solución por la escasa incorporación de nuevas reservas y el desarrollo del proyecto del Presal en las costas paulistas.

Bolsonaro fue el gran valedor de Jeanine Áñez tras la caída de Evo Morales en 2019 y no tardó en aprovecharse: se renegocio el contrato de exportación con importantes ahorros para Petrobras, aunque en los últimos meses Bolsonaro ha lamentado no tener más acceso al gas boliviano.

Lula ha planteado una integración continental con moneda única, un desafío que deberá ser estudiado también en Bolivia.