¿Quién podrá hacer cumplir la prohibición de quemas?

Bolivia entra plenamente a la temporada de quemas con importantes incendios registrados en diferentes puntos del país. Los focos de calor registrados por el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) durante el mes de junio de este año alcanzan los 28.299 focos, 6.482 más que junio del año pasado. Frente al avance de los incendios la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) determinó prohibir todo tipo de quemas desde el 01 de julio.

Cada año en el país se queman millones de hectáreas (ha). La temporada de quema se volvió un penoso proceso cíclico en el país, con una proclividad a agudizarse año tras año. Los datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) así lo demuestran. Con altibajos hay una tendencia durante la última década a ir aumentando la superficie quemada. Solo en el 2021 se quemaron 4.2 millones de hectáreas (ha) en todo Bolivia. Esto es, en proporción, equivalente a quemar casi toda la superficie de Dinamarca.

¿Qué sabemos sobre las dinámicas detrás de las quemas en el país? ¿Quiénes son los principales responsables?

Las dinámicas subyacentes a las quemas en el país son complejos y multidimensionales. El poco acceso y la dispersión de los datos oficiales dificultan aún más la tarea de entender la complejidad de las quemas. No obstante, los diferentes datos reunidos sobre la superficie quemada durante el 2021 proporcionan algunos datos que nos ayudan a comprender esta dinámica.

Una de las principales referencias a considerar es la concentración geográfica. Los incendios en Bolivia están concentrados en gran medida en la parte oriental del país. Santa Cruz es sin duda el departamento epicentro de las quemas, concentrando el 56% del total de la superficie quemada durante la gestión 2021. Dentro del mismo departamento de Santa Cruz sobresalen sobre todo los municipios de San Matías, San Ignacio de Velazco, San Rafael, San José, Puerto Suarez, Concepción y Charagua como los municipios con mayor incidencia de quemas. En segundo lugar, se encuentra el departamento del Beni, con el 37%. El resto de los incendios se distribuye en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Pando y Tarija (MMAyA 2022).

La segunda referencia a tomar en cuenta es la tipología del uso del suelo en que se llevan a cabo las quemas. Según la clasificación presentada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), del 100% del área quemada en el país durante el año pasado, 26% fueron en áreas boscosas, 28% se dieron en pajonales, arbustos y matorrales en tierras fiscales disponibles y tierras fiscales no disponibles y 45% fueron en predios agropecuarios (MMAyA 2022).

Los datos de quemas por tipo de uso de suelo son muy relevantes. Por un lado, estas cifras nos revelan que un cuarto de la superficie quemada durante el año pasado se dio en áreas boscosas. Al respecto, los datos del SIMB señalan que siete de los nueve tipos de bosque que posee Bolivia presentan constantemente presencia de focos de calor[1]. Siendo el bosque chiquitano, chaqueño y amazónico los tipos de bosques con mayor afectación (Villalobos y Solón 2021).

Por otro lado, las cifras del MMAyA sugieren que el segundo tipo de suelo con mayor superficie quemada en 2021 fueron tierras fiscales disponibles y no disponibles[2]. Datos preliminares hasta el 14 de agosto de 2021 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sobre incendios en el departamento Santa Cruz señalaban que las tierras fiscales disponibles aglutinaban el 32% de la superficie quemada en el total de las tierras fiscales. Mientras que las tierras fiscales no disponibles concentraban el 65% de la superficie quemada en esta clasificación de tierras (Solón, 2021). Es decir, el año pasado se quemó mucho más en tierras fiscales no disponibles (entiéndase áreas protegidas) que en tierras fiscales destinadas para ser saneadas. 

Al respecto, durante la gestión 2021 unas 963.812 ha fueron quemadas en áreas protegidas nacionales, correspondiente al 23% del total de la superficie quemada en esa gestión. El Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, en Santa Cruz, fue de lejos el área protegida más afectada, con 787.786 ha quemadas (equivalente al 26% de su superficie). Seguido luego por Otuquis (106 mil ha), Noel Kempf Mercado (24 mil ha) y Madidi (17 mil ha) (MMAyA, 2022).

Finalmente, los datos de quemas de 2021 apuntan a las propiedades agropecuarias como el tipo de uso de suelo con mayor superficie quemada, aglutinando casi la mitad del total quemado durante esa gestión. En otras palabras, el sector agrícola y ganadero son los que más queman. Es importante, sin embargo, poder discernir entre los diferentes tipos de productores agropecuarios y según la función económica y social que posee; ya que claramente no es lo mismo un productor con menos de cincuenta ha de tierra que uno con mil o más ha de tierra. Lamentablemente no se tienen datos más precisos a nivel nacional. Sin embargo, existen reportes que proporcionan algunas luces fundamentales para entender las diferencias.

Por ejemplo, según los mismos datos preliminares del INRA, la mayor superficie incendiada en predios titulados en Santa Cruz corresponde a las propiedades categorizadas como empresariales, el 83% de la superficie quemada en predios titulados hasta el 14 de agosto 2021. La propiedad mediana se ubica en el segundo lugar con un 10% de la superficie quemada en las propiedades tituladas. En tercer lugar, están los pequeños propietarios con un 2% de la superficie quemada en predios titulados hasta el 14 de agosto de 2021.

Igualmente, de acuerdo a datos preliminares de la ABT hasta finales de agosto del 2021, el tipo propiedad agropecuario con mayor superficie quemada fue la ganadera, el 62% de la superficie quemada en predios agropecuarios registrados hasta esa fecha. En segundo lugar, se ubicaban el tipo de predio categorizada por el ABT como ninguna. Esta categoría ambigua, según declaraciones del Director Nacional de la ABT Oscar Quiroga, podría representar tierras fiscales[3]. Seguido luego por propiedades categorizadas como otras, propiedades agrícolas y propiedades mixtas.

De esta manera, estas cifras reflejan en gran medida el vínculo que existe entre las quemas y las actividades agropecuarios. Pues los datos oficiales de superficie quemada por tipo de uso de suelo evidencian como las dinámicas de las quemas están intrínsecamente relacionadas con los procesos del modelo productivo agropecuario dominante en el país.

Chaqueos y medidas asumidas por la ABT

Durante las últimas semanas se registraron varias denuncias de incendios de magnitud en diferentes partes del país, sobre todo en Tarija, Cochabamba y Santa Cruz[4]. Ante la avanzada de las quemas en todo el país, la ABT determinó autorizar las quemas controladas hasta el 30 de junio[5]. Dicho de otra manera, desde el 01 de julio del año en curso queda prohibido todo tipo de quema en el territorio nacional[6].

De esta manera, de acuerdo a la ABT, la persona que lleva a cabo cualquier tipo de quema estaría cayendo en un acto de ilegalidad y, por lo mismo, corresponde una sanción penal y/o administrativa. La sanción penal recae cuando una quema sobrepasa el predio privado afectando a otros predios, tierras fiscales o áreas protegidas, entro otras. Es decir, un agravante con afectación al Estado, tipificado en el código penal como incendio forestal, con una pena de privación de libertad de dos a seis años[7].

Por otro lado, la sanción administrativa es en sí a una sanción económica y recae por realizar una quema, aun cuando sea una quema controlada, en un predio privado. La sanción económica corresponde a 0.20 centavos de dólar americano por ha y se calcula sobre la superficie totalidad del predio[8]. Es decir, si una persona tiene 1.000 ha y decide hoy quemar una sola ha de su predio, esta persona tendría que pagar un total de 200 dólares, o lo que es igual a 1.390 bolivianos. Pero si la persona tiene solo 50 ha, la pena sería de 10 dólares o 70 bolivianos. En todo caso, queda claro que 0.20 centavos de dólar por ha por caer en un acto de ilegalidad es una sanción por demás licencioso.

Esta no es la primera vez que la ABT determina medidas de este tipo. A principios del año pasado, la ABT determinó otorgar permisos de desmonte y quemas hasta el 30 de junio de ese año. Sin embargo, bajo el argumento de apoyar la productividad agrícola y ganadera, y faltando un día para entrar en vigencia, la ABT amplío el plazo para la autorización y ejecución de quemas controladas de desmontes y quema de pastizales hasta el 31 de julio de 2021.

No obstante, y a pesar que desde el 1 de agosto de 2021 las quemas estaban prohibidas en todo el territorio nacional, en el país se quemaron 4,2 millones de ha. ¿Cómo se explica esta situación? En gran medida se debe a que existe poca capacidad de la ABT en prevenir, gestionar y controlar las quemas. El mismo MMAyA señala que el 98% de las quemas durante la gestión 2021 fueron sin autorización. Es más, el 96% de la superficie quemada en propiedades agropecuarios fueron quemas no autorizados (MMAyA, 2022).

¿Cómo es posible casi toda de la superficie quemada en propiedades agrícolas fuesen sin autorización? ¿Qué función cumple entonces la ABT? Este hecho evidencia no solo un profuso descontrol, pero también una poca voluntad, por parte de las instancias estatales para prevenir, gestionar y controlar las quemas en el país.

Ante esta situación, las preguntas clave son: ¿Hará el gobierno cumplir la prohibición de quemas desde el 1 de Julio?  y ¿qué haremos desde la sociedad civil para que este no sea un nuevo año de millones de hectáreas quemadas?

El drama de los incendios, en datos

Tipo de suelo

Los datos señalan que el 45% del territorio quemado corresponde a predios agropecuarios. En 2021 supuso casi dos millones de hectáreas por 1,1 millones de incendios y 1,1 en pajonales.

Propiedad

El 83 por ciento del territorio quemado en Santa Cruz hasta agosto de 2021 eran predios empresariales mientras que apenas el 4% son tierras comunarias, comunitarias o de Origen.

Ampliación ganadera

La inmensa mayoría de las áreas quemadas en propiedades agropecuarias son de uso ganadero, mientras que apenas 3.000 corresponden a predios forestales