Se dispara el precio del carbono y amenaza el desarrollo del sur

Los ingresos mundiales derivados de la fijación del precio al carbono aumentaron casi 60 por ciento en 2021 respecto de los niveles de 2020 y llegaron a 84 000 millones de dólares, de acuerdo con un informe sobre situación y tendencias en la materia elaborado por el Banco Mundial.

“El año pasado se observaron algunas señales muy positivas, como el aumento significativo de los ingresos, que se pueden invertir en las comunidades, y el apoyo a la transición hacia un bajo nivel de emisiones de carbono”, expresó Bernice Van Bronkhorst, directora global de Cambio Climático del Banco Mundial.

La entidad considera que se trata de “una importante fuente de fondos para ayudar a respaldar una recuperación económica sostenible, financiar reformas fiscales más amplias o invertir en las comunidades como parte de la transición a un futuro con bajas emisiones de carbono”.

El dióxido de carbono (CO2) es el principal gas del efecto invernadero que lleva al calentamiento del planeta y sus emisiones se generan sobre todo en la actividad manufacturera, la generación de electricidad, la producción y el consumo de combustibles para el transporte, la minería, la agricultura y los incendios.

El informe muestra que en la actualidad hay 68 instrumentos directos para la fijación de precios al carbono: 36 impuestos y 32 sistemas de comercio de derechos de emisión, tras sumarse medidas adoptadas en Uruguay, en el estado de Oregón (Estados Unidos) y en las provincias canadienses de Ontario y Nuevo Brunswick.

Naciones que practican algún método de fijación de precio al carbono son Argentina Canadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Japón, Kazajstán, Corea, México, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Ucrania y los 27 Estados de la Unión Europea.

Otros países que están considerando unirse a ellos incluyen Brasil, Brunei, Indonesia, Pakistán, Rusia, Serbia, Tailandia, y Turquía, y Vietnam, y el último año están en marcha procesos en Botsuana, Israel y Malasia, indicó el Banco Mundial.

El “capitalismo verde”

En la Organización Marítima Internacional (OMI) también se estudia poner un precio sobre las emisiones de las actividades de transporte marítimo internacional.

Los tipos principales de fijación del precio del carbono son el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS, en inglés), y los impuestos sobre el carbono.

Los ETS ponen un techo al nivel total de emisiones de gases de efecto invernadero, y luego se permite que aquellas industrias con bajas emisiones vendan los derechos de emisión que les sobran a emisores más grandes.

Mediante la creación de oferta y demanda de derechos de emisión, un ETS establece un precio de mercado de las emisiones, y el límite ayuda a garantizar que las reducciones de emisiones necesarias se llevarán a cabo para mantener a los emisores dentro de su presupuesto de carbono asignado.

Con los impuestos se establece directamente un precio del carbono, mediante la definición de una tasa impositiva sobre las emisiones de gases de efecto invernadero o sobre el contenido de carbono de los combustibles empleados.

El banco indicó que el año pasado los precios del carbono alcanzaron máximos históricos en muchas jurisdicciones, como la Unión Europea, California (Estados Unidos), Nueva Zelanda, Corea del Sur, Suiza y Canadá.

En el mercado bursátil de Londres las emisiones de carbono se cotizaban, al cierre del año 2021, alrededor de 90 dólares la tonelada.

Sin embargo, el informe destaca que actualmente menos de cuatro por ciento de las emisiones mundiales están alcanzadas por un precio directo del carbono que se ubique en el rango que se necesitará en 2030 para lograr el objetivo de temperatura del Acuerdo de París.

El Acuerdo de París compromete a la casi totalidad de los Estados a reducir las emisiones de CO2 de modo que la temperatura global no se eleve más de 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, el período 1850-1900.

A la vista de los buenos ingresos en la materia el año pasado, Van Bronkhorst resaltó que “ahora es importante aprovechar este impulso y aumentar tanto la cobertura como los niveles de precios, para liberar todo el potencial de la fijación del precio al carbono, de modo de apoyar una descarbonización inclusiva” en el planeta.

En ese sentido, el informe llamó la atención acerca del aumento de los precios de la energía en lo que va de 2022, como un desafío y a la vez oportunidad para por ejemplo dar un enfoque transfronterizo a la fijación de los precios al carbono.

Bolivia, contra el mercado de carbono

El presidente boliviano, Luis Arce, en la última conferencia sobre cambio climático (COP26) que se realizó en Glasgow, Escocia, se manifestó en contra de los sistemas de mercados de carbono, en los cuales se pueden comprar derechos para contaminar la atmósfera. Resaltó que aún trabaja en una propuesta que permita mantener estable la temperatura global del planeta, sin tener que recurrir a falsas soluciones "capitalistas", pero hasta el momento no se ha publicado.

"Sobre los mecanismos de mercado que han sido propuestos hasta ahora por los países desarrollados, existe asimetría de información, genera incertidumbre y no es un mecanismo inmediato", dijo Arce en conferencia de prensa.

Más allá de la retórica, este tipo de mercado establece que un país puede comprar créditos de carbono a naciones con gran superficie boscosa. Así, las industrias pueden seguir contaminando, a cambio de que países del hemisferio sur eviten talar sus árboles, que capturan toneladas de dióxido de carbono, a la larga esto supone que las diferencias entre ricos y pobres se perpetúen.

Este sistema está contemplado en el artículo 6 del Acuerdo de París, firmado en 2015 por 195 gobiernos. Para Arce los mercados de carbono son inviables, porque representan una respuesta capitalista a un problema generado por el capitalismo.

Dijo que de esta manera "vamos a reproducir el sistema capitalista y no vamos a resolver los problemas de varios de nuestros países, donde justamente los mecanismos de mercado han sido un fracaso".

"Nosotros hemos hecho conocer al presidente de la COP26 (Alok Sharma) nuestra inquietud de que si en esta reunión no se llega a algo absolutamente concreto y positivo, prácticamente se va a perder la credibilidad de los países desarrollados en la resolución de los problemas que aquejan a todo el mundo", agregó.

América Latina ante el

mercado de carbono

Bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) de Colombia y del Gobierno de República Dominicana, varios países se sumaron a la Declaración para la Equidad en los Mercados de Carbono.

Con esta declaración, que es una coalición voluntaria, "se busca generar esquemas justos para el precio al carbono, un reparto equitativo de los beneficios de los mercados de carbono para las comunidades y los actores que participan en el desarrollo de los proyectos, y garantizar que estos mercados protejan la integridad ambiental y sean herramientas efectivas para promover una mayor ambición climática", según informó Minambiente.

Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Provincia de Jujuy (Argentina), Israel, Zona de Integración de Centro Oeste de América del Sur (Zicosur) y la Alianza de África Oriental sobre Mercados de Carbono y Cambio Climático son algunos de los Gobiernos que firmaron el 2 de noviembre su compromiso con la equidad de los mercados de carbono.

En la COP26, se buscó establecer precios y un sistema macro de comercio de emisiones de carbono para equilibrar las emisiones entre países que contaminan poco y los que tienen un exceso de emisiones. Sin embargo, los países de América Latina —una región altamente vulnerable al cambio climático pero que es responsable de menos del 10% de los GEI globales— critican este método para reducir las emisiones.

Suiza, Estados Unidos, China, Japón y otros países ricos aseguran que los mercados de carbono pueden reducir de manera rentable las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En América Latina, varios países comparten la postura de Bolivia, que considera que se intenta imponer un "nuevo colonialismo del carbono".

Ante la imperiosa necesidad de disminuir las emisiones del dióxido de carbono a la atmósfera, desde hace algunos años varias regiones y países utilizan los regímenes de comercio de derecho de emisión de GEI, específicamente de dióxido de carbono. Es decir, que comenzaron a cobrar a las empresas por su contaminación.

En los hechos, la medida ha generado una disminución de las emisiones: las compañías, en pos de evitar mermas en sus ganancias, han transicionado hacia energías limpias. Hoy, los mercados de carbono están fuertemente instalados en sistemas nacionales o subnacionales en Canadá, China, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Suiza y Estados Unidos; que se están desarrollando como opción en Europa, México, Colombia, Costa Rica y Chile.

El ABC del mercado de carbono

¿Qué es?

El mercado del carbono surge desde las estrictas reglas de la oferta y la demanda del capitalismo en función de unos límites marcados en las COP, que son la herramienta de las Naciones Unidas contra el cambio climático. Así, se fijan límites de contaminación global y aquellos que “necesitan” contaminar más – básicamente empresas - pueden comprar a los que no contaminan – básicamente estados no desarrollados con grandes masas boscosas-.

¿Cómo funciona?

En el planteamiento ideal, las empresas tienen marcados sus límites de contaminación y una hoja de ruta de reducciones para cumplir con los compromisos nacionales. Los excesos se penalizan o bien pueden compensarse comprando bonos de carbono a los países emisores. A la larga, se supone que las empresas transformarán sus sistemas energéticos hacia otros más eficientes para no incurrir en multas ni en compra de bonos.

La trampa del sur

Mientras esto pasa, se supone que los países del sur deben utilizar esos bonos para implementar su propio desarrollo con energías limpias y sin contaminación porque han hecho compromisos hipotecando su masa boscosa. En general se considera que ese mecanismo puede permitir alcanzar los compromisos mundiales globales pero a costa de que el sur mantenga sus niveles de subdesarrollo.