Argentina: el derecho al aborto a medias en la frontera sur de Tarija

Una mujer que necesitaba un aborto llamó por teléfono este mes al Hospital Horacio Heller de Neuquén, en el sur de Argentina, donde le habían indicado que encontraría buena predisposición. La respuesta, sin embargo, fue que volviera a llamar en 10 días, porque las únicas dos médicas que los realizan estaban aisladas por covid-19 y nadie las reemplazaba.

El episodio refleja los obstáculos y las arbitrariedades que todavía encuentran frecuentemente las mujeres para acceder al derecho al aborto en este país sudamericano, donde fue legalizado hace un año, al cabo de una larga lucha del movimiento feminista.

“Es muy desigual y arbitrario el acceso al aborto en la Argentina. No hay todavía en la práctica un derecho universal; la legalización no cambió mágicamente las cosas”, dice a IPS, por teléfono desde Neuquén, Ruth Zurbriggen, quien le había sugerido a la mujer en cuestión que recurriera al hospital, donde finalmente no la atendieron.

Zurbriggen, maestra de profesión, forma parte de Socorristas en Red, una organización formada por casi 60 colectivos de activistas feministas de todo el país, que dan información y acompañan a las mujeres que deciden abortar.

“Hay muchos médicos que no están de acuerdo con la legalización y que no hacen lo que la ley dice. Por eso nosotras ya tenemos identificados los centros de salud donde hay profesionales amigables con quienes quieren abortar”, explica Zurbriggen.

Socorristas en Red, que publica en internet los teléfonos celulares de sus activistas para que se pueda acceder fácilmente a ellas, recibió en 2021, hasta el 30 de octubre, 11.358 llamados de mujeres. De ellas, 2.377 interrumpieron su embarazo en el sistema público de salud y 7.523 se inclinaron por un aborto autogestionado a través de medicamentos, en ambos casos con acompañamiento de la organización.

El aborto estuvo durante casi un siglo incluido en el Código Penal argentino. Si bien ya en 2005 decenas de organizaciones lanzaron la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para promover la despenalización, el debate parecía hasta hace pocos años excluido de la agenda política: se presentaban decenas de proyectos, pero ninguno superaba el trámite parlamentario necesario para habilitar la votación en el Congreso Nacional.

Todo cambió abruptamente en 2018, cuando –en medio de masivas manifestaciones populares a favor y en contra-, el tema llegó al recinto legislativo. Entonces, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y el Senado la rechazó ajustadamente. En un segundo intento, la despenalización del aborto fue aprobada por los legisladores el 30 de diciembre de 2020 y entró en vigencia el 24 de enero de 2021.

Hoy la ley 27.610 establece el derecho al aborto gratuito para todas las mujeres que cursen hasta la semana 14 de gestación, sin que se le puedan preguntar los motivos. El derecho no tiene límite temporal para aquellas embarazadas cuya vida o salud esté en riesgo o hayan sido víctimas de violación, que son las causales de aborto no punible que ya regían con anterioridad a la ley.

Desde la entrada en vigencia de la ley y hasta el 30 de noviembre pasado, en el sistema público de salud – en el que en 2020 nacieron 179.000 bebés - se realizaron 32.758 abortos , según informó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que promueve la realización de abortos por las dos formas señaladas como seguras por la Organización Mundial de la Salud (OMS): con medicamentos o a través aspiración manual endouterina (AMEU).

“Es muy pronto para analizar los números, pero lo que tenemos que valorar es que son 32.758 mujeres que no se murieron en un aborto clandestino o no tuvieron que seguir adelante con una gestación que no querían”, dice Celeste McDougall, docente e integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

De todos modos, McDougall pide prestar atención a otro de los números oficiales que el gobierno hizo público: durante 2021, la línea telefónica estatal en la que se brinda información sobre derechos sexuales y reproductivos en general, y aborto en particular, recibió casi 19.000 consultas, lo mismo que durante los 10 años anteriores juntos.

“Esto da cuenta –dice- de que, gracias a la extraordinaria visibilidad que tuvo el debate, las mujeres saben que se sancionó la ley y están dispuestas a ejercer su derecho”, subrayó.

Desigualdad en el país

La socióloga Silvina Ramos, asesora de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, explica a IPS en Buenos Aires que la legalización del aborto ha sido un proceso complejo en todos los países del mundo que lo han atravesado.

“En ese contexto, Argentina ha tenido un buen inicio, aunque ha quedado demostrado que este es un país muy desigual”, sostiene.

Ramos es también investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), una ONG que monitoreó la implementación de la ley durante el primer año y reveló que en las provincias del norte de Argentina –tradicionalmente conservadoras y con mayor influencia de la Iglesia Católica- se realizaron muchos menos abortos que en el resto del país.

Así, la tasa del aborto, que mide la cantidad realizada por cada 1.000 mujeres, fue durante el primer semestre de 2021 de 0,6 en Formosa y 0,9 en Chaco, contra 5,6 de la ciudad de Buenos Aires y 4,3 de la patagónica Tierra del Fuego.

“No sabemos, en realidad, cuánta demanda insatisfecha hay de abortos, porque recién se está generando un sistema de información en la salud pública, y ni las obras sociales (que pertenecen a los sindicatos) ni las empresas de medicina prepaga entregan datos”, sostiene Ramos.

“Sí sabemos –agrega- que hay pocos centros de salud que ofrecen abortos, a pesar de que no requieren complejidad, porque hoy la mayoría se realizan con medicamentos”.

Para promover el acceso al derecho, el Ministerio de las Mujeres distribuyó 46.283 dosis de misoprostol (medicamento autorizado en el país para el procedimiento) durante 2021 y gestionó la donación de 250 equipos para la AMEU, que fueron distribuidos en el país, según informó.

Ese dato es marcado por Ramos como una señal de compromiso:” Los derechos –afirma- pueden ser consagrados en las leyes, pero se garantizan con recursos y el Estado está invirtiendo”.

La realidad en Salta

Por su parte, Marianela Sierralta, médica de planta en el Hospital Público Materno-Infantil de Salta –en el norte de la Argentina-, da a IPS un ejemplo de los importantes obstáculos que existen en algunos centros de salud, en los cuales solo 4, de los 55 médicos que integran los servicios de ginecología y obstetricia de la institución, realizan abortos.

“Todo el resto son objetores de conciencia, por lo que la demanda supera la capacidad de responder con eficiencia y rapidez de quienes sí los hacemos”, explica.

Efectivamente, el artículo 10 de la ley reconoce el derecho de los profesionales de la salud a no realizar abortos por razones de conciencia, aunque establece en esos casos la obligación de derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro profesional , sin dilaciones.

“En la provincia de Salta –añade Sierralta- hay un fuerte movimiento conservador en contra del aborto, que hace las cosas difíciles. A pesar de ello, las mujeres se animan cada vez más a golpearnos la puerta”. La médica contó que incluso ha atendido a varias mujeres llegadas desde Bolivia, en la frontera con Salta.

La situación se repite en otros lugares del país. María Cristina Ale, integrante de Socorristas en Red en Paraná, en el este del país, dice que sólo 4 de los 24 hospitales y centros de salud de la ciudad realizan abortos.

“En el sistema de salud de Paraná es muy difícil para una mujer obtener información sobre aborto. La visibilización de la ley depende exclusivamente del activismo feminista”, afirma Ale.

Mejorar la información es una asignatura todavía pendiente no sólo cuando se piensa en las mujeres que necesitan abortar, sino incluso en los profesionales de la salud, advierte a IPS por teléfono desde Córdoba Pate Palero, directora ejecutiva de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

“Todo el mundo sabe que el aborto hoy es legal –dice Palero-, pero vemos mucha desinformación en cuanto a cómo, cuándo, quiénes o dónde deben realizarlo. Incluso hay hospitales que dicen que no pueden hacerlo porque no tienen quirófano disponible, cuando hoy ya no se hace con el método de legrado. Todavía hay muchos mitos en la Argentina alrededor del aborto”, asegura.

En Bolivia se “abortó” el debate antes de empezar

En Bolivia, después de 16 años de gobierno socialista - excepto un año en el que gobernó Jeanine Áñez que se posicionó abiertamente en contra del aborto -, no ha habido ningún avance en la materia, excepto una aclaración sobre el procedimiento de actuación para los casos que sí están contemplados en los supuestos despenalizados, particularmente en los casos de violación.

El texto en el actual código penal contempla la despenalización del aborto hasta ocho semanas en los casos de violación y riesgos para la vida del bebé o de la madre, sin embargo, la propia premura del plazo de ocho semanas lo hacía prácticamente inviable. La aclaración de la norma por parte de la Justicia indicó que se debía garantizar el derecho sin aferrarse a los plazos, además recordó que la objeción de conciencia es legítima, pero que los cargos administrativos de los centros deben garantizar que se cumpla la norma y se practiquen las interrupciones legales de los embarazos una vez interpuesta la denuncia de violación.

En 2017 – 2018, a través de una modificación en el Código Penal, se intentó ampliar los supuestos de despenalización, incluyendo aspectos sociales como la pobreza o la familia numerosa, pero unas movilizaciones sociales contra ese y otros puntos tumbaron la reforma y se mantuvo el anterior.

Las dirigentes jóvenes más destacadas del Movimiento Al Socialismo, como Adriana Salvatierra, descartaron impulsar una Ley del Aborto propiamente dicha, puesto que consideran que “no hay madurez” suficiente en el seno de la sociedad como para enfrentar esos debates con altura, una respuesta similar a la que esgrimen los sectores progresistas próximos al MAS para asuntos como el matrimonio igualitario y otros.

En la agenda de Luis Arce no se encuentra abordar ninguno de estos puntos. Mientras tanto, aseguran las activistas, centenares de mujeres fallecen cada año en Bolivia por abortos mal practicados, mientras que otras ven cortadas sus vidas producto de abusos.