Racismo de Estado

¿Qué sucede cuando un gobierno pierde su capacidad de mediación y enfrenta una crisis de legitimidad, tal como la que se vivió durante los cincuenta días de conflictos sociales en Bolivia entre mayo y junio de este año? – El gobierno boliviano ha optado por articular, desde el inicio de los conflictos, una comunicación política basada en la polarización afectiva. Esta lógica no busca convencer con argumentos, sino generar un rechazo visceral hacia el "otro".

"No voy a dialogar con vándalos", afirmó el presidente Rodrigo Paz Pereira en el momento más complejo del conflicto, conduciendo no sólo a la criminalización, sino a la deslegitimación categórica de las protestas. La palabra "vándalo", asociada a la destrucción irracional y la barbarie, borra cualquier dimensión política de la movilización. Los manifestantes ya no son ciudadanos con demandas legítimas, se les niega su condición de interlocutores válidos. La única vía que queda es la fuerza. Para el gobierno de Paz Pereira, declarar un estado de sitio por  "conmoción interna" significó declarar que las reglas normales de la democracia basada en garantías fundamentales deben suspenderse

Su comunicación no es espontánea ni neutral: prepara la represión focalizada, que recae sobre los mismos cuerpos y los mismos territorios que ya han sido marcados por una historia de exclusión previa. Cuando el Gobierno pierde legitimidad, se activa una narrativa apoyada en la eficacia del discurso racista ensayado desde la colonia. Esta misma narrativa sirvió, a su vez, para "legitimar" el estado de excepción decretado por el Gobierno y aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 21 de junio.

La polarización afectiva alcanzó un punto culminante cuando el presidente convocó – en un mensaje de video dirigido a la nación – a la sociedad civil para desbloquear el país junto a las Fuerzas Armadas y a la Policía, alentando abiertamente a la conformación de grupos paraestatales. El mensaje presidencial divide la sociedad entre "los que quieren la Bolivia del futuro" y aquellos otros que la bloquean, construyendo un abismo moral donde los buenos, patriotas y trabajadores enfrentan a los malos, "vándalos" y bloqueadores, convocando al mismo tiempo la adhesión emocional a una narrativa en la que el gobierno es la víctima y los movilizados, los victimarios.

La posterior  participación de la agrupación paraestatal Unión Juvenil Cruceñista en el desbloqueo de carreteras junto a la Policía Boliviana en San Julián, el 6 de junio, no fue un hecho aislado. Fue la ejecución práctica de la delegación del monopolio de la fuerza, siguiendo una convocatoria presidencial para ejercer violencia civil, de agrupaciones urbanas, contra los bloqueadores, mayoritariamente del contexto rural, y de hacerlo con aval estatal. Aquí los movimientos sociales dejaron de ser adversarios políticos para convertirse en enemigos de carne y hueso que cualquier ciudadano puede y debe enfrentar. El debate político desaparece y queda el odio.

Este hecho es contrario a las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la CIDH que establecen la obligación internacional del Estado boliviano de desarticular y frenar grupos paramilitares y civiles armados, que actuan con resguardo policial y militar contra organizaciones indígenas y campesinas, tal como los hechos suscitados en noviembre de 2019.

La narrativa legitimadora de la exclusión política de los indígenas y campesinos se completó cuando el presidente calificó a los movilizados como "narcoterroristas". El conflicto ya no trataba solo de “vándalos” rurales, sino con terroristas. La palabra no es casual: es un dispositivo geopolítico que utiliza Estados Unidos para justificar intervenciones militares sobre territorios soberanos ajenos. Al adoptarla, el presidente criminalizó la protesta e internacionalizó el conflicto, subordinando la soberanía nacional a una narrativa de seguridad que no le pertenece. Sin criterio probatorio, esta narrativa legitima acciones militares "en nombre de la democracia" y, prepara el terreno para el estado de excepción.

En Bolivia, la antesala del estado de excepción fue el "acuerdo de pacificación" firmado el 19 de junio entre Paz Pereira y el dirigente de la COB, Mario Argollo. La "pacificación" no fue el fin de la crisis, sino su redefinición eufemista. El gobierno proclamó que la crisis habría acabado y, al decirlo, se autorizó a reprimir con quienes no había podido llegar a un acuerdo, tornando la población indígena campesina que seguía protestando en "minorías" sin demandas legítimas, vándalos y terroristas.

Para ello la estrategia gubernamental encontró en los medios de comunicación pro gobierno un aliado indispensable, dirigiéndose a una audiencia urbana de clase media, que se autopercibía como amenazada por la irrupción de obreros, campesinos e indígenas. Los medios replicaron los comunicados presidenciales sin cuestionarlos, convirtieron las acusaciones de “vandalismo” y "narcoterrorismo" en titulares y colaboraron en deslegitimar la protesta. Al desinformar y omitir contexto, la racialización de la protesta apareció como un exceso aleatorio, no como estructural.

El racismo de Estado comienza cuando se borra al otro como sujeto político. Es una estrategia consciente y deliberada que se activa en cada crisis para dividir a las mayorías y conservar el poder en las élites. El adversario político no existe; solo existe el enemigo interno. El racismo no se reproduce solo con insultos explícitos, sino con estrategias discursivas sutiles, selección de palabras que deshumanizan y la inversión sistemática de la culpa para tapar la crisis. Al final, en la comunicación política lo que se dice es tan poderoso como lo que no se dice.

Contrario a la proclamación presidencial de haber llegado a un “acuerdo de pacificación” el estado de excepción no ha sido el final del conflicto, pero es la prueba irrefutable de que el gobierno no logró procesar la crisis mediante el diálogo. Su única respuesta es la fuerza.

Que hayan sido necesarios cincuenta días de bloqueos, represión y una declaración de estado de excepción para recuperar el control del país no es un triunfo por parte del Gobierno: es síntoma de su fracaso como mediador y de la erosión profunda de su legitimidad.

Como resultado de este ciclo de cincuenta días y del estado de excepción, se nos ha revelado al racismo de Estado operando a través de la comunicación política del Gobierno desde su más alto nivel; un Gobierno que tiene como su mayor aliado a las clases medias urbanas que no han querido mirarse al espejo, que siguen siendo racistas y que resienten su propia diversidad. El resultado es la profundización de las brechas más complejas de la sociedad boliviana. El gobierno de Paz Pereira lo sabe y por eso mismo actúa sobre estas brechas de manera sistemática. Para el racismo de Estado, cada nuevo conflicto será, en el fondo, el mismo conflicto de siempre.

Ninoska Durán es abogada internacionalista y especialista en derechos humanos.