La crisis silenciosa del Poder Legislativo

La Asamblea Legislativa Plurinacional atraviesa una crisis profunda que ha desnaturalizado su rol constitucional. Debería ser el espacio de representación ciudadana, deliberación y construcción de consensos, pero hoy no legisla con idoneidad, no fiscaliza con eficiencia ni representa genuinamente los intereses de la sociedad. Su debilitamiento extremo se produjo en casi 20 años de gobierno hegemónico del MAS, que convirtió al Legislativo en una instancia subordinada al Ejecutivo, limitando sus prerrogativas y precarizando la función parlamentaria.

Los síntomas son alarmantes. Actualmente hay 984 proyectos de ley en tratamiento, pero en casi siete meses de gestión solo se sancionaron 47 leyes. En 2024, de 945 proyectos pendientes en ambas cámaras, apenas 90 fueron aprobados. Más del 50% de las iniciativas son intrascendentes, ajenas al interés nacional o regresivas: declaratorias de patrimonio cultural al pan de Laja, la Morenada, la llajua, el picante de pollo, la danza Salay, entre muchas otras. Los homenajes camarales, una de las actividades más recurrentes, se entregan sin reglamento que establezca criterios objetivos.

La función de fiscalización está igualmente erosionada. En 2024 se emitieron 2.974 peticiones de informe a diferentes instancias del Estado; solo 1.923 fueron respondidas. En 2026, la Cámara de Diputados presentó 350 peticiones de informe escrito, de las cuales apenas el 14% obtuvo respuesta. Las peticiones carecen de consecuencias vinculantes: la censura a un ministro no ha derivado en la remoción de ninguna autoridad.

El distanciamiento con la sociedad civil es creciente. Los mecanismos de consulta se usan de forma arbitraria, generando leyes inaplicables y conflictos sociales que terminan anulando normas aprobadas sin consenso.

Detrás de estos síntomas hay causas profundas: parlamentarios con deficiencias en conocimientos básicos de su función; ausencia de planificación legislativa; y un sistema de 166 suplentes mal diseñado que crea representación paralela, votando y fiscalizando de forma independiente, a veces contradiciendo a sus titulares. También existe fragilidad en el vínculo partidario, con legisladores que se declaran independientes o cambian de bando sin sanción.

Bolivia tiene diagnósticos y propuestas, pero el sistema legislativo no logra procesarlas al ritmo que la urgencia exige. La transformación del Parlamento ya no es una opción, sino una necesidad estratégica para la democracia y la gobernabilidad. Se requiere un Legislativo legítimo, profesional, transparente y conectado con la sociedad para aprobar las grandes reformas que exige el futuro del país.