La paz se construye con más democracia y menos demagogia
Por eso, la salida más racional para el país probablemente no pasa hoy por profundizar la excepcionalidad estatal en el uso de la “violencia legítima”, sino por reconstruir algún tipo de pacto político mínimo
La paz en Colombia implicó el abandono de las armas a cambio de participación política. Mientras este país, luego de décadas de una dinámica sangrienta, daba garantías para hacer política, en Bolivia, de manera miope y mezquina, se consumaba una estrategia inversa, la de la proscripción: cabalgando sobre la descomposición institucional y política del MAS, creyeron llegada la hora de excluir, adicionalmente, al bloque nacional-popular de la vida política institucional democrática. Entonces, sorprendidos y avasallados burocráticamente, ellos se aferraron a la que identificaron en las últimas elecciones como la menos agresiva de las propuestas en campaña.
Muchos votantes no percibieron a Paz como un candidato de shock neoliberal clásico. Durante la campaña, el discurso estuvo cuidadosamente moderado: estabilidad con sensibilidad social, gradualismo, combate a la corrupción, recuperación económica sin destruir el tejido popular construido durante dos décadas. La promesa implícita era una transición ordenada, no una ruptura abrupta.
Sin embargo, apenas posesionado, el gobierno avanzó rápidamente hacia políticas percibidas como agresivas por las bases populares: exclusión completa del gabinete de representantes populares, reducción acelerada de subvenciones, liberalización parcial del mercado de combustibles, ajustes fiscales, acercamiento al FMI y una creciente alianza política con élites empresariales del oriente. La llamada “gasolina basura” terminó actuando como símbolo perfecto del desencanto: mientras el gobierno exigía sacrificios sociales en nombre de la estabilización, importantes sectores sintieron que ni siquiera podía garantizar la calidad mínima del combustible.
Pero la dimensión económica, siendo grave, no explica por sí sola la virulencia del conflicto actual. El verdadero quiebre parece encontrarse en el terreno político-identitario.
Amplios sectores indígenas, sindicales, campesinos y populares sienten que no solamente perdieron poder económico, sino también representación política real dentro del sistema institucional boliviano. La secuencia es interpretada de forma acumulativa: primero se fracturó el MAS; luego se bloquearon sucesivamente las posibilidades electorales de Evo Morales; posteriormente se neutralizaron siglas y alianzas que podían cobijarlo; y finalmente el viejo bloque nacional-popular quedó reducido a una presencia parlamentaria casi simbólica.
Bolivia sigue siendo una democracia electoral. Por ello, para una parte importante del occidente andino, la sensación es que este sistema institucional se fue progresivamente cerrando para impedir su presencia en la democracia formal. Más allá de las discusiones jurídicas sobre habilitaciones o personerías, políticamente se consolidó una percepción de proscripción extendida indiscriminadamente a ese cuerpo social.
Ese es probablemente el núcleo profundo de la actual radicalización. Lo que emerge no es simplemente una protesta contra el precio del diésel o la inflación, sino una reacción emocional frente a lo que muchos interpretan como ruptura del pacto popular construido desde 2005. Por eso las consignas actuales ya no giran solamente alrededor de salarios o combustibles, sino alrededor de palabras mucho más densas: “traición”, “humillación”, “racismo”, “gobierno empresarial”, “democracia secuestrada”, “renuncia!!”.
El gobierno enfrenta entonces un dilema extremadamente peligroso. Si tolera indefinidamente bloqueos y movilizaciones, corre el riesgo de perder control territorial y profundizar la erosión de la autoridad estatal. Pero si responde mediante militarización creciente o estados de excepción focalizados en La Paz, El Alto y el altiplano, podría terminar confirmando precisamente la narrativa que hoy alimenta la protesta: la idea de que las mayorías populares fueron expulsadas del poder y de la vida político institucional y ahora solo pueden ser contenidas mediante coerción.
La historia boliviana demuestra que las salidas puramente represivas rara vez estabilizan al país de manera duradera. Entre muchos otros, Septiembre de 1985, Noviembre de 1986, Octubre de 2003 , Noviembre de 2019, siguen siendo un recordatorio permanente de que la legitimidad estatal en Bolivia no depende únicamente de la legalidad formal, sino también de la percepción de las clases subalternas sobre su inclusión política.
Por eso, la salida más racional para el país probablemente no pasa hoy por profundizar la excepcionalidad estatal en el uso de la “violencia legítima”, sino por reconstruir algún tipo de pacto político mínimo. Eso implica varias cosas simultáneamente: detener la escalada represiva, abrir negociaciones reales con sectores movilizados, garantizar representación política efectiva del campo popular y construir una transición económica menos traumática socialmente.
¿Puede hacer esto, todavía, el Presidente Paz? ¿Están dispuestos los ciudadanos movilizados a darle y darse a sí mismos esta última oportunidad? ¿Están conscientes de que su defenestración implica entrar de facto en un año electoral postergando la urgente atención a los temas de fondo en relación a la crisis económica en ciernes?
Bolivia parece haber ingresado en una clásica crisis de hegemonía. En ese contexto, el mayor peligro ya no es únicamente económico. El verdadero riesgo es que millones de personas lleguen a la conclusión de que la democracia ya no les pertenece o, peor aún, que este país, preso de lógicas articulatorias territoriales distintas, pueda fracturarse.
