El “Mayo” boliviano: ¡Prohibido Prohibir!
La crisis boliviana de mayo de 2026 ya no puede interpretarse como un simple episodio de conflictividad coyuntural. Lo que emerge es una fractura orgánica entre el Estado y amplios sectores populares, una crisis de hegemonía donde las clases dominantes han perdido capacidad de dirección moral y material, mientras las clases subalternas todavía no logran construir una alternativa histórica unificada. El resultado es un equilibrio inestable, atravesado por tendencias democráticas, bonapartistas e incluso insurreccionales.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira llegó al poder prometiendo estabilización y modernización liberal, pero terminó atrapado por las contradicciones estructurales de la economía boliviana: agotamiento del ciclo gasífero, dependencia importadora de combustibles, debilitamiento de las reservas internacionales y fragmentación social. La brecha cambiaria cercana al 48%, con un dólar oficial de Bs 6,96 y un referencial del BCB en Bs 10,32, expresa materialmente la pérdida de confianza de las capas medias y del mercado en la capacidad del Estado para sostener el viejo orden monetario.
Sin embargo, la crisis no es solamente económica. Es, sobre todo, una crisis de representación política. El viejo bloque nacional-popular articulado durante el ciclo masista se encuentra desintegrado y desprestigiado. El propio MAS aparece reducido a una presencia marginal parlamentaria, incapaz de conducir nuevamente a los movimientos sociales. En su lugar emerge una constelación dispersa de actores: COB, FEJUVE, mineros cooperativistas, campesinos Tupak Katari, choferes, magisterio y sectores cívico-empresariales del oriente. Cada uno expresa intereses materiales específicos, pero todavía no existe una síntesis política capaz de convertir la protesta social en poder estatal alternativo.
Ahí reside el rasgo central del momento histórico: las masas han comenzado a perder el miedo al poder, pero todavía no encuentran una dirección estratégica común. Por eso el pedido de renuncia presidencial avanza de manera desigual. La COB y sectores alteños ya colocan la salida de Paz como horizonte político explícito, mientras otros actores mantienen reivindicaciones económicas parciales o corporativas. La correlación de fuerzas sigue siendo, por tanto, ambigua.
Desde una perspectiva marxista, pueden identificarse tres grandes bloques sociales en disputa.
Primero, la burguesía financiera-exportadora y empresarial, especialmente articulada alrededor del eje cruceño. Este sector no busca necesariamente una caída abrupta del gobierno, sino restaurar condiciones mínimas de orden para preservar circulación de mercancías, abastecimiento energético y estabilidad monetaria. Su temor principal no es Paz, sino el desborde plebeyo y la interrupción prolongada de la acumulación capitalista.
Segundo, las capas medias urbanas, profundamente golpeadas por la inflación, la pérdida de acceso a dólares y la precarización cotidiana. Estas capas constituyen hoy el terreno más inestable políticamente. Oscilan entre demandas democráticas de renovación institucional y tentaciones autoritarias orientadas a “restablecer el orden”. Históricamente, son estas clases medias frustradas las que alimentan salidas bonapartistas.
Tercero, el proletariado organizado, los trabajadores precarizados, campesinos e informales urbanos. Aquí se concentra la energía de la movilización callejera. Sin embargo, también se manifiesta la principal debilidad del campo popular: la fragmentación sectorial. La COB exige renuncia; los transportistas no; el magisterio negocia; los mineros radicalizan momentáneamente. Esta dispersión impide transformar la protesta en una ofensiva hegemónica nacional.
En este contexto, la salida democrática liberal aparece limitada. La revocatoria no es jurídicamente viable hasta 2028 y un juicio de responsabilidades requiere consensos parlamentarios inexistentes. La institucionalidad formal no posee mecanismos eficaces para absorber una crisis de esta magnitud. Cuando las instituciones dejan de canalizar las tensiones sociales, la calle adquiere centralidad histórica.
Por eso comienza a emerger el riesgo bonapartista. Cuando ninguna clase logra imponerse plenamente, suele fortalecerse la tentación de un “árbitro” estatal: endurecimiento represivo, militarización parcial, estados de excepción de facto o reconfiguración autoritaria del Ejecutivo. El discurso gubernamental que vincula bloqueos con muertes y sabotaje con abastecimiento deficiente de combustibles, apunta precisamente a construir legitimidad para una eventual respuesta coercitiva. A eso se suma un violento sicariato emergente, producto de la presencia en el territorio nacional de variantes organizadas de los poderosos carteles que actúan en el vecindario, ya sea el PCC Brasilero o el cartel de Sinaloa Mexicano y de una justicia estigmatizada.
Pero también Bolivia posee una memoria insurreccional profunda. Octubre de 2003 permanece inscrito en la conciencia popular como antecedente de derrocamiento callejero de gobiernos incapaces de sostener legitimidad social. Si la crisis de combustibles se agrava, si las muertes vinculadas al colapso sanitario aumentan o si la COB consigue unificar el frente sindical-popular con campesinos y sectores urbanos, el escenario podría desplazarse rápidamente hacia una situación preinsurreccional.
Aun así, el escenario más probable sigue siendo una larga crisis de desgaste. El gobierno carece de fuerza suficiente para estabilizar plenamente el país, pero el movimiento popular tampoco dispone todavía de una dirección revolucionaria capaz de disputar efectivamente el poder. La consecuencia es un nuevo “empate catastrófico”: inflación persistente, deterioro energético, bloqueo parcial de la circulación económica y erosión gradual de legitimidad estatal.
La Bolivia de 2026 parece ingresar así en una fase clásica de crisis orgánica: el viejo orden no termina de morir y el nuevo todavía no consigue nacer. Entre ambos polos crecen simultáneamente las posibilidades de reforma democrática, restauración autoritaria o irrupción insurreccional. El desenlace dependerá menos de los discursos oficiales que de la capacidad real de las clases sociales y del árbitro estatal para construir hegemonía en las calles, en los sindicatos y finalmente en el propio aparato del Estado.
