AMIA, Bolivia y el largo eco de Irán: de las víctimas olvidadas al caso Nisman

Cuando el coche-bomba destruyó la sede de la AMIA en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, no sólo fue Argentina la que quedó marcada por el atentado terrorista más grave de su historia. Bolivia también fue víctima directa: seis ciudadanos bolivianos murieron entre las 85 personas asesinadas. Sus nombres —Erwin García Tenorio, David Barriga, Rimar Salazar Mendoza, Eugenio Vela Ramos, Adhemar Zárate Loayza y Juan Vela Ramos— aparecen hoy apenas en registros conmemorativos, pero constituyen un dato político y moral ineludible: el terrorismo que golpeó a la AMIA alcanzó de lleno a América Latina.

Durante años, esas víctimas extranjeras quedaron diluidas en una narrativa estrictamente nacional. Sin embargo, la presencia de bolivianos entre los muertos refuerza una idea clave para el presente: el atentado AMIA fue un acto de terrorismo internacional, con consecuencias regionales, cuya impunidad sigue afectando a varios países, no sólo a la Argentina.

Esa ambigüedad política también alcanzó a Bolivia. Pese a haber perdido seis ciudadanos en el atentado a la AMIA, el Estado boliviano firmó en 2011 un memorándum de cooperación bilateral en seguridad y defensa con Irán, teniendo como interlocutor al general Ahmad Vahidi, entonces ministro de Defensa iraní y señalado por la Justicia argentina en la causa AMIA. La fotografía de Cecilia Chacón junto a Vahidi, en Santa Cruz, sintetizó una alineación contra natura: un país víctima del terrorismo normalizando vínculos estratégicos con un actor bajo sospecha por ese mismo crimen. Este acuerdo general llevó a una primera aplicación concreta de la estrategia de penetración iraní en los asuntos internos del país, de la mano del expresidente Arce, cuando, en julio de 2023, firmaron en Teherán la venta de armas y entrenamiento de personal, para, de acuerdo a declaraciones del ministro iraní de Defensa, Mohammad Reza Ashtiani, cubrir “  las necesidades críticas de Bolivia en materia de defensa de fronteras y de lucha contra el narcotráfico”.

Esa larga serie de contradicciones no fue inocua. Formó parte del mismo clima regional de relativización política de la causa AMIA que, a casi 20 años del atentado, rodeó la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán.

Cuando Nisman apareció muerto en enero de 2015, la investigación que intentaba reactivar responsabilidades internacionales ya estaba cercada por un entramado geopolítico donde intereses, alineamientos y silencios habían prevalecido sobre la búsqueda de justicia.

Irán, Hezbollah y una acusación persistente

Desde hace más de dos décadas, la investigación judicial argentina sostiene que el atentado fue planificado por funcionarios del Estado iraní y ejecutado por Hezbollah. A pesar de alertas rojas de Interpol y pedidos de captura internacional, ninguno de los acusados compareció ante la Justicia. La causa AMIA se transformó así en un símbolo global de impunidad, pero también en un punto de fricción diplomática permanente entre Buenos Aires y Teherán.

Ese conflicto reapareció con fuerza en 2013, cuando el gobierno argentino firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán, presentado oficialmente como un intento de destrabar la causa. Para el fiscal Alberto Nisman, a cargo de la investigación AMIA, el acuerdo implicaba algo mucho más grave: un encubrimiento político de los responsables iraníes. Su denuncia, presentada en enero de 2015, desencadenó una crisis institucional sin precedentes.

Cuatro días después, Nisman apareció muerto en su departamento. Once años más tarde, la Justicia argentina sostiene que fue asesinado, pero aún no ha logrado identificar a los autores materiales ni intelectuales del crimen. El fiscal se convirtió, así, en una víctima indirecta de ese mismo entramado geopolítico que contribuyó al atentado en la AMIA y su posterior encubrimiento.

El régimen iraní bajo presión… y más duro hacia afuera

El contexto internacional vuelve hoy más relevante esta historia. El régimen de los ayatollahs atraviesa una de sus crisis internas más profundas desde 1979: protestas sociales masivas, deterioro económico, aislamiento internacional y una represión cada vez más visible en toda su brutalidad y que ya lleva miles de víctimas. Frente a ese escenario, Teherán ha optado por cerrar filas y fortalecer su aparato militar y de seguridad.

En ese marco se inscribe el ascenso del general Ahmad Vahidi dentro de la jerarquía militar iraní. Como ya se dijo, Vahidi es uno de los funcionarios señalados históricamente por la Justicia argentina como parte del engranaje que condujo al atentado contra la AMIA. Su promoción no es un gesto técnico ni neutro: es una señal política. Hacia adentro, el régimen premia a los leales. Hacia afuera, demuestra que no reconoce ni acepta las acusaciones internacionales.

Para países como Argentina —y también Bolivia, que perdió ciudadanos en el ataque— el mensaje es inequívoco: no habrá cooperación voluntaria, ni reconocimiento de responsabilidades, mientras el poder en Irán se organice alrededor de la negación y la fuerza.

La muerte de seis bolivianos en la AMIA coloca a Bolivia en un lugar singular: no fue espectadora, sino parte damnificada. Sin embargo, su voz ha sido casi inexistente en el debate regional sobre terrorismo, justicia e impunidad. Recuperar esos nombres no es sólo un acto de memoria, sino una forma de repolitizar el caso desde una perspectiva latinoamericana.

AMIA, Nisman e Irán no son episodios aislados. Forman parte de un mismo conflicto prolongado, donde terrorismo internacional, geopolítica de Medio Oriente y debilidades institucionales locales se entrecruzan. Once años después de la muerte de Nisman, y más de treinta después del atentado, la pregunta sigue abierta: ¿cuántas víctimas más —directas o indirectas— serán necesarias para que la verdad deje de ser una hipótesis y se convierta en justicia?