La tranca y el burro: democracia en tiempos de “bots”, “trolls” y “haters”

Cuando Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia, el caso parecía inicialmente relacionado con un presunto intento de feminicidio. Sin embargo, durante los allanamientos, la Fiscalía informó del hallazgo de dinero, documentos y equipos que describió como una “mini granja de bots”. La investigación técnica deberá establecer qué cuentas se manejaban, quién las financiaba y en qué campañas fueron utilizadas. Pero el episodio abrió una puerta hacia el subsuelo de la política continental.

Chile reaccionó con una comisión investigadora y un proyecto para sancionar a quienes organicen, administren, financien o contraten redes automatizadas o identidades falsas con fines electorales. En Bolivia, mientras tanto, el asunto produjo más espectáculo y morbo que reflexión institucional. Contemplamos al burro correr por el camino y sólo después nos preguntamos si sería conveniente cerrar la tranca.

La manipulación de la opinión pública, por supuesto, no nació con las redes sociales. En la Tarija de hace dos décadas existía un precursor artesanal de las granjas de bots. En determinadas oficinas públicas, enjambres de funcionarios pasaban parte de la jornada escuchando “radio cocina”. Durante las horas calientes llamaban repetidamente para atacar y difamar a los adversarios del poder departamental, respaldar a sus jefes y fabricar la impresión de que “el pueblo” pensaba de cierta manera.

Aquellos funcionarios eran trolls de carne y hueso. Tenían sueldo público, teléfono, libreto y horario. No expresaban una corriente espontánea de opinión: la representaban teatralmente. La tecnología conserva el mismo principio, pero sustituye decenas de empleados por programas capaces de administrar miles de identidades, atravesar fronteras e intervenir simultáneamente en varios países. Los “trolls” de antaño pasaron a autodenominarse “guerreros digitales” y fueron, además, respaldados por los “bots”.

El método no busca necesariamente convencer a cada persona. Basta fabricar miles de comentarios, reacciones y reproducciones para que el algoritmo interprete que un asunto despierta enorme interés. La plataforma hace el resto: recomienda el contenido a usuarios reales y transforma una agitación artificial en acontecimiento político. El operador no inventa solamente una noticia; inventa también la multitud que parece creer en ella.

Ésa es la diferencia entre libertad de expresión y manipulación industrial. Un ciudadano tiene derecho incluso a equivocarse, exagerar o sostener opiniones desagradables. Pero quien administra diez mil identidades ficticias no está ejerciendo diez mil veces su libertad: está falsificando la existencia de diez mil ciudadanos. No amplía el debate democrático, sino que altera fraudulentamente su composición.

Frente a ello aparece una solución tentadora: obligar a todos los usuarios a identificarse públicamente. Desaparecido el anonimato, cada persona tendría que responder por sus palabras. La intención es comprensible, pero el remedio puede ser peor que la enfermedad. El anonimato también protege a denunciantes de corrupción, funcionarios que conocen irregularidades, víctimas de violencia, trabajadores amenazados y ciudadanos que temen represalias. En un Estado de instituciones débiles, una base que relacione cada opinión con la identidad civil de su autor puede convertirse rápidamente en instrumento de vigilancia.

No debemos confundir anonimato con impunidad. Es posible conservar el seudónimo ante el público y, al mismo tiempo, asegurar que exista una persona jurídicamente responsable. La plataforma podría verificar reservadamente su identidad, proteger esos datos y revelarlos únicamente mediante orden judicial. El ciudadano seguiría llamándose como quiera ante los demás, pero no podría esconderse de la justicia cuando incurra en amenazas, extorsión, suplantación o delitos contra otras personas.

Aun así, verificar identidades no será suficiente. Una granja puede utilizar documentos robados, cuentas alquiladas o personas reclutadas para prestar sus nombres. La regulación debe concentrarse en la automatización engañosa, la coordinación encubierta y el financiamiento oculto. Toda cuenta automatizada debería declararlo. Toda propaganda política pagada debería informar quién la financió, cuánto gastó y qué empresa la ejecutó. Las plataformas tendrían que preservar evidencias, detectar redes coordinadas y someter sus mecanismos de amplificación a auditorías independientes.

La sanción principal debe recaer sobre quien organiza, paga o contrata la operación, no sobre quien repite ingenuamente una consigna: el “hater”. También debe prohibirse que autoridades y funcionarios utilicen tiempo, instalaciones, contratos o equipos estatales para intervenir partidariamente. De lo contrario, “radio cocina” simplemente habrá cambiado el teléfono fijo por la inteligencia artificial.

Tampoco corresponde entregar al Gobierno la facultad de decidir qué noticia es verdadera. Una norma contra la “información manipuladora” puede terminar silenciando investigaciones, sátiras y opiniones opositoras. La ley debe sancionar conductas comprobables —automatización oculta, identidades ficticias, financiamiento clandestino, suplantación y coordinación fraudulenta— y no convertirse en un Ministerio de la Verdad.

Algunos sostienen que es absurdo cerrar el corral cuando el caballo ya escapó. En nuestra versión, el animal es un burro y hace tiempo que abandonó el corral. Pero todavía podemos seguir sus huellas, averiguar quién abrió la tranca y responsabilizar al arriero del rebaño de animales de papel para hacerlo pasar por el pueblo.

La tranca democrática no debe cerrarse sobre las voces, sino sobre su falsificación organizada. Una democracia sin libertad de expresión se vuelve autoritaria; pero una democracia ocupada por multitudes inexistentes termina convertida en una representación fraudulenta.