Cuando el deterioro administrado llega a su límite

La semana dejó de parecer una sucesión de tropiezos y comenzó a dibujar algo más inquietante: un patrón. Las denuncias contra el ministro de Economía y el gerente de la Caja Nacional de Salud se superponen con las maletas de Viru Viru, los relojes de Marset, los 189 kilos de oro y Narcomaderas. A la vez regresan las filas por carburantes. El Gobierno funciona, pero emplea cada vez más energía en explicar sus escándalos y menos en gobernar.

El Audi adquirido por el ministro José Gabriel Espinoza (Chico Audi II) resume el problema. En los documentos aparecen tres valores: Bs 50.000 en la escritura, Bs 232.571 como referencia aduanera y Bs 350.000 como precio reconocido. El vehículo tampoco figuraba inicialmente en su declaración jurada. Espinoza atribuye el primer monto a un error de la tramitadora, niega evasión y afirma haber rectificado. La denuncia de “complicidad en evasión fiscal” debe probarse y el informe conocido habla de una posible contravención, no de un delito. Pero quien exige disciplina fiscal no puede permitirse tres precios para una compra.

Más grave es la denuncia contra Walter Germán Hoyos. Su declaración jurada consignaba tres cuentas que sumaban Bs 1.063; documentos posteriores le atribuyen más de Bs 7,3 millones y otra cuenta cercana a Bs 40.000. ASFI y el banco deben certificar la información. No corresponde dictar sentencia desde los titulares. Sí preguntar por qué Hoyos no ofrece una explicación documental y cómo llegó a la gerencia de la CNS pese a los cuestionamientos sobre su designación y sus vínculos con el entorno de la familia Paz.

Serían administrables estos casos si fueran excepciones. En el caso Maletas, decenas de valijas ingresaron sin control mediante un pasaporte diplomático anulado; meses después sólo cuatro fueron recuperadas y los principales investigados dejaron la cárcel. En el operativo contra Marset, un éxito policial quedó empañado por versiones contradictorias sobre una caja fuerte con dinero, relojes y documentos, la destitución de un jefe de Inteligencia y una custodia cuestionada.

El oro concentra más interrogantes. Los 77 lingotes, valuados en más de 20 millones de dólares, habían superado Aduana antes de detectarse documentación falsa. La empresa vinculada no fue encontrada en el domicilio registrado y el único detenido fue liberado el 16 de agosto. El mineral está bajo custodia estatal, pero se desconocen sus beneficiarios pues, extrañamente, a la fecha nadie los reclama!. En Narcomaderas, Bolivia y Chile exhiben pericias contrapuestas. No puede afirmarse ni que salieron 108 toneladas de droga ni que todo fue una invención chilena. Lo indiscutible es el fracaso de una investigación coordinada.

No todos los expedientes tienen igual valor probatorio ni existe evidencia para presentarlos como una organización dirigida desde la Presidencia. Sin embargo, el mecanismo se repite: fallan los controles, surgen versiones incompatibles, la evidencia desaparece o llega contaminada, las investigaciones se dilatan y los beneficiarios quedan en la sombra. Aduana, Policía, Fiscalía, justicia, reguladores y redes de nombramiento aparecen como corredores vulnerables a captura o impunidad.

La economía convierte esa desconfianza en malestar cotidiano. La inflación de julio y el tipo de cambio mostraron cierto alivio, pero una familia mide la estabilidad también en las horas perdidas buscando combustible y en el costo del transporte, los medicamentos y repuestos. Cada automóvil costoso, cuenta inexplicada o cargamento sin dueño adquiere un sentido distributivo: el sacrificio parece exigirse abajo mientras las explicaciones se flexibilizan arriba.

En ese contexto aparece la prometida Ley de Inversiones. Bolivia necesita capital, dólares, energía y empleo. Pero ninguna ley compra credibilidad. Un Gobierno que ofrece seguridad jurídica debe demostrar que sus autoridades respetan escrituras, impuestos, declaraciones patrimoniales y cadenas de custodia. Sin transparencia de beneficiarios finales, contratos públicos, control de conflictos de interés y supervisión independiente, el proyecto será leído como otra puerta para negocios próximos al poder.

La prospectiva para la segunda quincena de Agosto debe corregirse. La escalada hacia una crisis de integridad alcanza una probabilidad del 45%; la continuidad del deterioro administrado, ya en su límite, un 40%; y la estabilización táctica, un 15%. La diferencia es estrecha porque el malestar permanece fragmentado. Pero basta otro corte de diésel, una certificación bancaria o un vínculo comprobado con una alta autoridad para que los expedientes se fundan en una sola narrativa de impunidad.

Rodrigo Paz aún puede alterar la tendencia, pero necesita hechos: apartamientos preventivos, auditorías independientes, documentos públicos y una explicación que no confunda lealtad con encubrimiento. De lo contrario, el deterioro administrado perderá su ventaja: presentar cada escándalo como una anomalía. Cuando la sociedad reconoce el método detrás de los casos, el desgaste deja de ser administrable y se convierte en crisis política.