Ajustes económicos y protestas sociales: del “Rodrigazo” argentino al “Rodrigazo” boliviano.
El reciente decreto económico del presidente Rodrigo Paz, que incrementa drásticamente los precios de los combustibles para reducir el déficit fiscal y recuperar liquidez, se inscribe en una secuencia histórica donde ajustes similares detonaron crisis políticas y movilizaciones sociales de gran escala. Comparar el nuevo decreto con el “Rodrigazo” argentino de 1975, el Decreto Supremo 21060 boliviano de 1985 y el fallido “gasolinazo” de 2010 permite evaluar fortalezas presidenciales, cohesión de los bloques de poder y capacidad de veto de los sectores populares.
En 1975, el Rodrigazo buscó recomponer precios relativos mediante una fuerte devaluación y aumentos tarifarios. Isabel Perón carecía de liderazgo propio y no pudo articular coherencia interna: el peronismo estaba fracturado y la CGT mantenía una potencia organizativa capaz de coordinar una huelga general nacional. La correlación de fuerzas era relativamente equilibrada, pero el movimiento obrero urbano salió fortalecido, forzando la caída del ministro Celestino Rodrigo y precipitando la crisis institucional previa al golpe. Tampoco es posible mirar objetivamente este periodo sin hacer referencia, a la emergencia de la izquierda armada argentina, como respuesta a 18 años de dictadura y al accionar de grupos paramilitares como la AAA, que asesinaban impunemente a lideres obreros y sindicales y que fueron la antesala del terrorismo de Estado que se instalaría el siguiente año.
El Decreto Supremo 21060, promulgado por Víctor Paz Estenssoro en 1985, respondió al colapso hiperinflacionario y a la crisis del estaño. A diferencia de 1975, Paz ejerció un liderazgo presidencial fuerte, respaldado por élites empresariales y organismos internacionales. La cohesión interna del bloque gobernante permitió imponer un programa de shock: liberalización de precios, apertura económica y relocalización masiva de mineros. La Marcha por la Vida fue imponente, pero la derrota marcó el declive estructural de la COB como actor histórico. El ajuste no solo reorganizó la sociedad, la economía y el Estado, sino también alteró la correlación de fuerzas en la lucha de clases, al destruir al proletariado minero y relocalizarlo, disperso, a lo largo y ancho del país.
En 2010, Evo Morales intentó corregir la creciente carga fiscal del subsidio a los combustibles mediante el DS 748. Aunque gozaba de una hegemonía electoral sólida y control estatal, el liderazgo del MAS dependía de un pacto simbólico con sectores populares y cocaleros. El gasolinazo quebró ese pacto: la movilización de juntas vecinales, transportistas y bases urbanas y rurales obligó a abrogar el decreto en menos de una semana. La experiencia mostró que incluso un gobierno fuerte puede ser doblegado cuando su decisión contradice un consenso social profundamente arraigado.
El decreto económico de Rodrigo Paz comparte rasgos con estos tres episodios. Como el “Rodrigazo”, busca reordenar precios relativos mediante un shock. Como el 21060, se justifica por la urgencia de estabilizar una economía en deterioro y recuperar reservas. Como el gasolinazo, eleva el precio de un bien altamente sensible para sectores populares y productivos. Sin embargo, presenta particularidades: el nuevo gobierno no posee un partido-movimiento cohesionado ni una estructura sindical orgánica propia; su fortaleza reside más en el apoyo de sectores empresariales urbanos y expectativas de estabilización que en un liderazgo carismático consolidado. La fisura mas visible con su histriónico y patético vicepresidente pinta de cuerpo entero la ausencia y fragilidad de la cohesión interna del régimen y su debilidad estructural.
La correlación de fuerzas actual es ambigua. El proletariado minero dejó de ser columna vertebral de las luchas sociales luego de 1985; la COB conserva presencia simbólica pero menor poder estructural. El segmento más capaz de articular protestas es el conglomerado heterogéneo de trabajadores informales, gremiales, transporte y juntas vecinales urbanas, con capacidad real de bloqueo. Además, a diferencia de 1985, el Chapare constituye un núcleo territorial disciplinado, con experiencia de lucha, autonomía organizativa y un liderazgo sindical consolidado.
Incorporar en el análisis al bloque cocalero y la economía ilegal permite prever escenarios aún más complejos. El diésel es insumo logístico estratégico para actividades agrícolas y para circuitos ilícitos. Un aumento abrupto de precios y eventuales desabastecimientos pueden incentivar desvíos, contrabando y disputa territorial por el control del combustible. Una crisis prolongada debilitaría la presencia estatal y abriría espacio para actores ilegales con capacidad de coerción local. Por tanto, la reacción del Chapare no se limitará a decisiones partidarias: existen incentivos materiales y político-territoriales para resistir el ajuste.
El desenlace dependerá de la capacidad del Ejecutivo para construir legitimidad social y negociar compensaciones, evitando que sectores populares fragmentados encuentren una conducción común. La historia comparada enseña que los ajustes sobreviven cuando logran articular un nuevo pacto distributivo y fracasan cuando cruzan líneas rojas simbólicas sin consulta ni gradualidad. En Bolivia, el precio del combustible es precisamente una de esas líneas. El gobierno de Paz enfrenta un escenario abierto: puede consolidar una reestructuración fiscal duradera o, si no controla la dinámica social, encender una protesta nacional con consecuencias imprevisibles para la gobernabilidad.
