Ni genocidio ni sorpresa: por qué Bolivia debe recuperar el rigor en su política exterior,
En una reciente columna, la periodista Lupe Cajías acusa a Rodrigo Paz de “abrazar al genocidio israelí” al anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. La afirmación suena contundente, pero se desvanece al primer examen serio. El debate merece menos consignas y más rigor: el conceptual, el jurídico y el histórico.
“Genocidio” no es un adjetivo indignado; es un tipo penal muy preciso del derecho internacional. Mezclarlo sin cuidado con todo conflicto bélico donde mueren civiles no solo confunde; también trivializa las tragedias que sí encajan indiscutiblemente en esa definición.
La Convención de 1948 exige dos elementos inseparables: actos atroces contra un grupo nacional, étnico o religioso y, sobre todo, la intención de destruir total o parcialmente a ese grupo como tal. Esa intención —el dolus specialis— es la que diferencia el genocidio de otros crímenes gravísimos como los crímenes de guerra o de lesa humanidad. Que existan miles de muertos civiles en Gaza (y también en Israel) es una tragedia inmensa; pero convertir automáticamente ese horror en “genocidio” sin una sentencia definitiva de la Corte Internacional de Justicia es una simplificación que rebaja el contenido jurídico de la palabra.
Es clave, entonces, reiterar: todavía no existe una sentencia definitiva de la CIJ que declare jurídicamente a Israel culpable de genocidio. Lo que hay son medidas cautelares y acusaciones en curso. Llamar “genocidio” a un conflicto donde la propia jurisdicción competente aún no ha emitido veredicto no es información; es opinión política.
El mundo conoce ejemplos claros de genocidio: Armenia en 1915 (el Imperio Turco-Otomano deporta y masacra a la población armenia; se estima entre 800.000 y 1,2 millones de muertos); el Holocausto Nazi durante la segunda guerra mundial (6 millones de judíos asesinados cruelmente en centenas de campos de exterminio); Ruanda en 1994 (en 100 días se asesina a cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados, en una campaña explícitamente organizada para eliminar al grupo tutsi); Darfur en Sudán (campañas sistemáticas contra comunidades fur, masalit y zaghawa, con cientos de miles de muertos, violaciones masivas y desplazamientos); la campaña “Effacer le tableau” en el Congo (al menos 60.000 pigmeos y otros grupos asesinados en una operación de exterminio étnico durante la Segunda Guerra del Congo). En esos casos hubo una planificación explícita de exterminio. Confundirlos con un conflicto armado urbano —donde uno de los bandos usa a su población como escudos humanos, lanzando miles de cohetes contra objetivos civiles israelíes desde mezquitas, escuelas o casas de familia—, brutal, pero cuyo propósito declarado es derrotar a Hamas y no destruir a los árabes de Palestina, no ayuda a comprender la magnitud real de cada tragedia.
Conviene además recordar lo que la autora no menciona: las masacres cometidas contra palestinos por otros actores árabes, como Septiembre Negro en Jordania (1970) o la Guerra de los Campamentos en el Líbano (1985), donde murieron miles de palestinos a manos de fuerzas jordanas o milicias chiíes. Tampoco aparece en sus columnas una condena clara de la masacre del 7 de octubre de 2023 perpetrada por Hamas contra 1200 civiles israelíes: niños, ancianos, mujeres y familias enteras asesinadas o secuestradas. Ese hecho, silenciado o relativizado, fue el origen directo del ciclo de violencia actual.
Cajías también omite un dato central para cualquier análisis honesto: Hamas no es un actor aislado, sino un brazo operativo de la estrategia de Teherán. Irán ha financiado, entrenado y armado a Hamas durante décadas. Diversos servicios de inteligencia coinciden en que la capacidad militar que permitió el ataque del 7 de octubre se desarrolló con apoyo iraní, aunque no exista consenso sobre una orden directa. Esa misma Irán es el país con el que Bolivia mantuvo relaciones estrechas por más de 15 años, incluso firmando en 2023 acuerdos de cooperación en seguridad y defensa, recibiendo como huésped ilustre a Ahmed Vajidi, uno de los autores del atentado contra la AMIA en Argentina.
¿Qué beneficio concreto obtuvo Bolivia de esa alianza? Como es que Lupe no condenó con el mismo entusiasmo esas “relaciones carnales”, incluso cuando el gobierno de Bolivia respaldó indirectamente el asesinato de Massa Amini (por ponerse mal el velo) condenando las protestas y respaldando la represión del régimen islámico? Por otro lado, el comercio bilateral siempre fue marginal y no hay inversiones productivas verificables. Aun así, nunca se habló de “abrazos inmorales”.
Por el contrario, restablecer relaciones con Israel —país con el que Bolivia mantuvo vínculos durante la mayor parte de su historia republicana— es una decisión pragmática y realista. No implica avalar la guerra; implica recuperar la capacidad de diálogo, cooperación tecnológica y participación directa en foros multilaterales donde se define la posición internacional frente al conflicto. Si se quiere incidir, primero hay que estar en la mesa.
La indignación de Cajías por Gaza es legítima. El sufrimiento palestino merece toda la empatía, y la exigencia de que el derecho internacional humanitario sea respetado por todas las partes. Pero la indignación pierde fuerza cuando se vuelve selectiva, cuando evita palabras duras para Hamas o para Irán, y cuando aplica el concepto de “genocidio” con ligereza. En vez de construir argumentos, se construyen trincheras.
Bolivia necesita una política exterior equilibrada, basada en principios pero también en intereses concretos. Demonizar decisiones diplomáticas como si fueran complicidad con acciones de guerra que ni entienden ni quieren entender, puede servir para un titular, pero no para orientar un país.
El rigor conceptual no es un lujo académico: es la base mínima para debatir con seriedad en tiempos peligrosamente polarizados.
