Retos, desafíos y riesgos que enfrenta el nuevo gobierno
Cuando un país entra en una nueva etapa de gobierno, inicia también una gran prueba de credibilidad en la cual, la silla presidencial, en muy corto tiempo, puede convertirse en la “Silla del Águila”, para usar la célebre frase de Carlos Fuentes: un tobogán sobre el cual Rodrigo Paz llegará al final de su mandato en un santiamén, con la misma expresión de perplejidad que puso cuando empezó a perder el control y a caer vertiginosamente.
En Bolivia, con un crecimiento económico negativo, estimado al 25 de septiembre de 2025 en -0.5%, y un déficit galopante espoleado por las subvenciones, el gasto público, la corrupción y la incompetencia, además de la caída de la producción de hidrocarburos y la escasez de divisas, el nuevo Ejecutivo hereda un escenario complejo .
A favor, podemos señalar que tampoco estamos en el periodo de la UDP: Evo Morales dejó en 2019 un PIB de 40.9 Mil millones de dólares, el año de la pandemia este valor se redujo a 36.63 mil MM $us y hasta el 2024, a pesar de todo, el PIB boliviano siguió creciendo y se sitúa en 49.67 mil MM $us. !
De manera que Rodrigo hereda un país mucho más grande que el que recibió su padre cuando era vicepresidente y mucho más grande también que el país que dejaron su tío y su padre durante sus respectivos mandatos presidenciales. Qué responsabilidad más grande.
Retos inmediatos
Primero, la regularización del suministro de carburantes. Las interrupciones en el abastecimiento y los altos subsidios han sido un lastre para la eficiencia del Estado, la economía y la confianza de la ciudadanía. El nuevo gobierno deberá garantizar las cadenas de distribución, prever el abastecimiento y evitar que las interminables filas por combustible se conviertan en la nueva normalidad.
Segundo, la disponibilidad de dólares. Las reservas internacionales están en niveles críticos, lo que afecta desde las importaciones de insumos hasta la estabilidad cambiaria. Sin una política monetaria inteligente el riesgo de crisis de pagos e hiperinflación (o incluso de estanflación) se mantiene latente.
Tercero, la recuperación de la industria petrolera. Dada la caída de la producción de hidrocarburos, recuperar los volúmenes y la cadena de valor es esencial para reactivar la economía y generar divisas. Esto exige inversión, tecnificación y revertir la tendencia de decrecimiento del sector con una nueva Ley de Hidrocarburos.
Cuarto, la protección ambiental compatible con la reactivación industrial en los sectores minero, agropecuario, maderero y manufacturero. No basta con crecer; ese crecimiento debe ser sostenible. Los nuevos proyectos deben incorporar estándares ambientales, control de impactos, y reconciliación entre producción y conservación.
Quinto, una reducción drástica del gasto público y el relanzamiento de las reformas autonómicas, heredadas de la Constitución de 2009. Es hora de recortar lo innecesario, fortalecer gobiernos subnacionales responsables e impulsar la descentralización real, liberando al Estado central para tareas estratégicas.
Desafíos estructurales
En materia institucional, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción se posiciona como prioridad. Bolivia enfrenta una nueva dimensión del crimen organizado: de tránsito a enclave, con impactos sociales crecientes.
La reforma del poder judicial y el fortalecimiento de la seguridad jurídica constituyen otro desafío mayúsculo. Sin tribunales independientes, sin reglas claras, ni certidumbre para el inversor, atraer capital extranjero será imposible. El programa de gobierno de Paz lo menciona: dinamización económica, redistribución de recursos y reforma institucional.
Por último, la reactivación de la inversión extranjera: con un clima de negocios debilitado, alta inflación (23,3 % en septiembre de 2025) y retrasos en las reformas, se vuelve urgente recuperar la confianza foránea y doméstica en la economía.
Riesgos que acechan
Un primer riesgo es la ruptura de la estabilidad social. Las medidas de ajuste estructural —reducción de gasto, recorte de subsidios y reordenamiento institucional— pueden desencadenar protestas, conflictos regionales y un mayor desgaste político si no se comunican bien y se acompañan con mitigaciones sociales reales.
Otro riesgo es el incumplimiento de las promesas de campaña. Si el nuevo gobierno no logra avances palpables en los primeros meses, la decepción puede traducirse en deslegitimación acelerada, aumento del malestar social y un retroceso hacia políticas de emergencia que reviertan las reformas propuestas.
Finalmente, el equilibrio entre liberalismo económico y protección social es una cuerda floja: adoptar un enfoque liberal sin redes sociales mínimas o sin consenso puede generar rechazo; mantener un gran aparato estatal sin eficiencia puede perpetuar la crisis. El anuncio de “ajuste gradual” de Paz es un guiño a la sensibilidad social, pero también exige concreción.
Horizonte
El mandato que se inicia tiene la oportunidad de marcar un antes y un después. Si consigue regular los carburantes, asegurar dólares, poner en marcha la industria petrolera, encaminar una fiscalidad más eficiente, y reactivar la inversión con un marco institucional renovado, podrá ver un despegue paulatino. Pero ese horizonte exige coherencia, rapidez en los resultados, rigurosidad técnica y transparencia.
En suma, Bolivia está ante un momento crítico: un conjunto de retos urgentes, desafíos de mediano plazo y riesgos latentes. La clave estará en que el nuevo gobierno le dé la primacía a la gobernanza seria, a la responsabilidad fiscal y a la reconciliación entre producción, justicia y territorio. Sin ello, el cambio podría quedarse en promesa. Pero con ello, puede convertirse en una transformación real.
