Crisis, transgénicos y servicios ambientales

Muchos pasajes de la historia de Bolivia y en particular de la historia económica del país, están vinculados a las crisis sociales y económicas, de las cuales se aprovecharon y aprovechan ciertos sectores económicos tradicionales (oligarquías, empresarios y ahora cooperativistas inescrupulosos) y tratan de sacar ventajas de ellas, sin importarles los impactos que generan. Se puede citar por ejemplo que como fruto de la crisis de la UDP (desdolarización e hiperinflación) los empresarios del sector minero y otros del sector empresarial se beneficiaron con dólares especiales que les sirvieron para amasar grandes fortunas. Esto sirvió para que se rifarán las empresas del Estado para beneficio de corporaciones internacionales, para que no haya ningún control del Estado sobre las empresas mineras y las empresas petroleras que succionaron los recursos naturales de Bolivia, a título de achicar el Estado.

Ahora, luego 17 años de haberse beneficiado del auge económico, de infraestructura y de un amplio mercado interno desarrollados por el Estado; los empresarios, los sectores como la banca, los empresarios exportadores, los agroindustriales y otros, empiezan a sacar las uñas para aprovecharse de la “leña de árbol caído”; especulan con el dólar, elevan sus precios, pese a recibir combustible subvencionado, que lo recibieron más de una década y nunca hablaron de quitar las subvenciones. Ahora exigen el valor cero para impuestos, tasas de exportación y otros beneficios.

En ese contexto, a título de biotecnología ponen los ojos, aprovechando la crisis, en que se libere el uso de productos transgénicos alegando que la producción ha decaído por el cambio climático y eso “salvara” la producción, e incrementará las exportaciones para que fluyan dólares en el país. “Los cultivos genéticamente modificados no solucionaran la crisis económica” (Colque G. 2024. Esa actitud ecocida ligada al agronegocio no tiene límites y no les preocupa que la aplicación de los transgénicos traiga consigo fuertes implicaciones al deterioro de la calidad alimentaria, la salud de las personas y caer en la dependencia de Bayer y Monsanto (dueñas de la producción de organismos genéticamente modificados). Encima de ello, se molestan cuando se les plantea el control de divisas americanas que prefieren dejarlas afuera para acentuar la especulación.

Paralelamente, de manera dudosa aparece una disposición legal (Sentencia Constitucional Plurinacional 0040/2024, Sucre 19 junio 2024) que deroga artículos clave de la Ley 300 de la Madre Tierra, que están referidos a prohibir el comercio de emisiones de reducción de gases de efecto invernadero y por tanto esto debería abrir la posibilidad de negocios bajo el Protocolo de Kyoto (PK) (que prácticamente está agonizando) y el Acuerdo de Paris (AP) que establece que los países deben reducir emisiones de acuerdo a los Compromisos Nacionalmente Determinados (CND) establecidos por cada uno de ellos.

Los artículos derogados de la Ley 300 se refieren también aquellos referidos a la comercialización de los servicios ambientales que puede dar lugar a que aparezcan dueños de fuentes de agua, dueños de bosques y/o de algunos ecosistemas clave que no sea precisamente el Estado Plurinacional. Lo que resta saber es quien está detrás de esto, los empresarios para tener beneficios adicionales o el propio gobierno en busca de mayores ingresos a costa de los recursos naturales.

En su momento el PK planteaba la aplicación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) por el cual empresas de países del Anexo I (desarrollados) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) podían adquirir Certificados de Reducción de Emisiones (CER por sus siglas en inglés) de los países No Anexo I (en vías de desarrollo), para cumplir con sus obligaciones de reducción establecidas en el marco del PK. En otras palabras, significaba seguir emitiendo GEI en sus países y amortizar su deuda de reducción de GEI con los proyectos realizados en los países en vías de desarrollo, a la vista una forma perversa de “resolver” el problema. En ese momento los mecanismos del PK eran una primera intentona de buscar formas de obligar a los países desarrollados de reducir emisiones, pero el mismo fue abandonado por importantes países emisores como los Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, por tanto, el PK quedó insulso pese a que países de Europa lo fueron implementando con un detalle importante de que las reducciones de emisiones deben ser en su mayoría domésticos.

El nuevo contexto establecido por el AP si bien obliga a todos los países a cumplir sus obligaciones bajo los CND, también tiene un apartado que les permite a los países comercializar certificados de reducción de emisiones con el incentivo perverso intacto, aunque en este caso los propios países en vías de desarrollo también establecen sus compromisos de reducción de GEI, todo esto debido a la emergencia climática que estamos viviendo en el planeta y que, aparentemente, es la única posibilidad de evitar alcanzar o superar el incremento de la temperatura en 1.5°C, inclusive con compromisos más agresivos (mayor ambición) de reducción de GEI. Una gran diferencia del AP respecto del PK es que éste AP establece el cumplimiento de acciones no sólo de mitigación, sino también de adaptación al cambio climático y que estos deben materializarse en parte con el apoyo de la cooperación internacional, la cual sea dicho de paso no está cumpliendo con los aportes de 100 mil millones de dólares anuales a partir del 2020.

Posiblemente el Estado pueda relativizar esta decisión de derogar esos artículos de la Ley 300 a través de una reglamentación especifica que controle cualquier tipo de tráfico con empresas internacionales que desean eludir compromisos de reducción de GEI y/o comercializar como intermediarios con bonos de carbono, asimismo dejar claro que de acuerdo al tipo de proyecto señalar que una gran parte de esos potenciales bonos de carbono sean para el Estado Plurinacional de Bolivia que debe cumplir con sus compromisos bajo los CND. Eso requerirá una arquitectura jurídica y técnica bien pensada.

Lobistas internacionales y nacionales probablemente estén afilando las uñas para negociar la introducción de transgénicos a título de la biotecnología, que les permita a los empresarios especialmente soyeros a mejorar sus arcas con más dólares que no desean introducir al país, o afilándose las uñas para obtener CERs de los recursos ambientales. Lo cierto es que se debe estar atento e informado para no caer en la trampa a nombre de la crisis que vive el país.