La educación: una urgencia histórica

Uno dijo que fue por las movilizaciones del magisterio; otro, que era por falta de acceso al internet y ella, que era por cuidar la salud de niños, niñas y adolescentes. Da igual. El resultado es uno solo: el pasado 2 de agosto, el Gobierno boliviano -presidido por Jeanine Añez- privó a la infancia y juventud bolivianas de gozar el derecho básico a recibir educación primaria y secundaria, hasta el próximo año.

A tres días de la celebración anual de los estudiantes bolivianos, y a un mes de definir el futuro del país en las urnas, considero fundamental insistir en el compromiso del Estado con la educación y la importancia de la misma.

En el texto “1955: De una educación de castas a una educación de masas” (1997),  Beatriz Cajías de la Vega puntualizó el compromiso del Estado por asumir la pedagogía como una obligación, formalizada en el Código de la Educación Boliviana (1955) y en la Constitución Política del Estado de 1961. 

“La alfabetización, como deber del Estado, se constituye en una campaña de carácter progresivo y participativo, movilizando a las principales fuerzas sociales del país y utilizando todos los niveles y recursos del sistema educativo nacional”, apuntó Cajías.

Este acuerdo del Estado boliviano con la sociedad civil ha sido renovado posteriormente. La Constitución vigente -aprobada en 2009- no es la excepción. El inciso 5 del Art. 9 sobre “Fines y funciones esenciales del Estado” indica “garantizar el acceso de las personas a la educación”.

Por lo mismo, para Manuel Contreras, también especialista en el área educativa, la clausura anticipada del año escolar es “un tema de derechos”. Así lo indicó en una reciente entrevista a RFI (22-08-2020), donde recordó que además del compromiso constitucional, el Estado boliviano “es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 que también declara a la educación como un derecho”.

¿Dónde quedaron estos compromisos? Habrá que preguntar a los responsables de la precipitada clausura del año escolar. Pues el carácter fundamental de la educación, como derecho y compromiso, radica en que “sus objetivos no se reducen a saber leer y escribir, sino que abarcan el mejoramiento de las condiciones generales de vida y de trabajo de los adultos y el defender y mejorar la cultura nacional”, señaló Cajías.

La relación entre educación y calidad de vida ha sido uno de los principales pilares de los proyectos políticos progresistas. No por nada, es uno de los indicadores claves en el análisis de desarrollo humano y social de un país.

Por un lado, porque a través de la construcción de capacidades, los sujetos pueden potenciar el acceso a mejores condiciones laborales y mejorar la economía de una familia. Además, esto permitiría atender la precarización del trabajo en Bolivia, que padece la mayoría de ciudadanos y que la pandemia ha agudizado.

Por otro lado, la educación también permite mejorar las condiciones de vida, pues a través de la formación integral y constructiva de los sujetos, se fomenta la capacidad crítica y activa de los mismos. Esto permite construir un colectivo que defiende sus derechos, lucha contra la injusticia y se moviliza para mejorar su realidad, a través del conocimiento. Ergo, la educación es poder para los ciudadanos.

Por ese mismo motivo, los gobiernos conservadores han buscado reducir el presupuesto en educación; mientras que las administraciones autoritarias o dictatoriales han utilizado este espacio para sus propios fines de dominación.

Hoy, a cuatro semanas de elegir la nueva administración del Estado boliviano, es preciso considerar a la educación como un argumento determinante para candidatos y electores. Pues, como indicó Beatriz Cajías de la Vega, se debe insistir en una reforma educativa como una “urgencia histórica (…) que pueda hacer realidad todos sus postulados”. Una demanda expresada hace más de dos décadas, pero que aún no pierde su vigencia.

Guadalupe Pérez–Cajías es docente es investigadora en comunicación.