¡Leyes, decretos y paradigmas en conflicto!

Al mismo tiempo, tambores de guerra empiezan a sonar en el Chaco en contra de la Ley del Tesoro Departamental, que se constituye en un grave atentado a los avances autonómicos y busca nuevamente centralizar en una “caja única” las finanzas departamentales. De un lado, el conservadurismo tarijeño tratando de centralizar todo y revertir los avances democráticos; del otro, los hombres y mujeres de nuestras provincias tratando de preservar los avances autonómicos.En el terreno del discurso, mientras en la capital no abandonan el tono lloricón y resentido con el que le mienten todos los días a la población sobre la crisis y sobre lo “mala” que fue la gestión anterior —que los habría dejado sin un centavo y con deudas de “8 mil millones”—, cuando van a las provincias cambian de tono y de discurso como si de repente hubieran entrado a una segunda y esotérica dimensión alterna, libre de “deudas” y pletórica de buenas intenciones.Como ejemplo, recordemos que, en el 25 aniversario de Ivopeiti, un Oliva radiante y optimista le ruega al Municipio de Entre Ríos, que le “ceda” sus competencias y que él, con su plata, va a construir puentes, caminos, internados, hospitales, escuelas, etc. “Yo voy a poner la plata!” les dice el antes “quebrado” y entonces sincero Gobernador a los entrerrianos, claro que la condición es que esas “obritas” ¡las haga yo mismo y que desde mi escritorio en la capital las licite, las adjudique y las supervise! Sabemos que la “transferencia de competencias” es definitiva; que la “delegación de competencias” refiere a toda la materia, ya sea caminos, educación, salud, etc. con lo que tendrían que cerrar el Municipio mientras no se revierta la delegación. De manera que Oliva debe entonces estar hablando de “convenios intergubernativos” específicos diseñados para el “ejercicio coordinado de las competencias” entre los diferentes niveles de gobierno, tal cual establece la Ley 492. Este concepto es muy diferente al de “cesión” de competencias, exigido como condición para llevar a esas comunidades del infierno al paraíso del “nuevo tiempo para Tarija”.¿A quién le creemos entonces? Al lloriqueo capitalino o al generoso discurso de Ivopeiti? Estas contradicciones se explican, en parte, como producto de un choque de paradigmas. El primero es el que se estaba construyendo en el periodo de la gestión campesina, en el cual se entregaba a las provincias algo más del 80 por ciento del presupuesto de inversión pública y se les delegaba a las autoridades electas, llamadas hoy subgobernadores, básicamente las mismas atribuciones y funciones que registraba el Estatuto de Autonomías que los tarijeños aprobamos en un magno referéndum departamental. Es decir, Lino Condori estaba cumpliendo a cabalidad el pacto autonómico que unió a los tarijeños en la lucha, como puede comprobar quien revise el Artículo 100 del Estatuto chapaco aprobado el 2008.El segundo paradigma, anclado en el viejo centralismo republicano, exacerbado por el gonismo: (“¡Prefectos electos? ¡Por sobre mi cadáver..!”) quiere, por el contrario, re centralizar las decisiones, los recursos, las cuentas, etc, etc., etc.En el primer paradigma, el Gobernador es un servidor público encargado de coordinar y equilibrar, mediante consensos amplios, las necesidades de todos. En el segundo, se trata del poderoso mandamás, del Virrey criollo, que decide y define, a capricho las necesidades de otros y concentra todo en su escritorio o en el de sus colaboradores cercanos.Pero esto tampoco explica todas las contradicciones que encontramos en el discurso público de la “tarijeñidad”. Por ejemplo, vemos a los centralistas rasgarse la vestiduras por la propuesta de asignación directa del 4,5 por ciento del presupuesto a cada municipio. De este porcentaje, un 1 por ciento para los GAM (Gobiernos Autónomos Municipales) y un 3,5 por ciento queda en el propio Gobierno Autónomo Departamental (las provincias son también Tarija), pero para ser usado en las prioridades definidas por los provincianos y no a control remoto desde la capital.En el caso del Chaco, la Ley 3038 establece la transferencia de un 20 por ciento del 45 por ciento para los GAM de la provincia. Es decir, el 9 por ciento del presupuesto departamental se divide entre tres, llegando a cada municipio chaqueño un 3 por ciento del presupuesto departamental. El triple de lo propuesto en la Ley Departamental para cada uno de los otros ocho municipios. Nos preguntamos: ¿van a cumplir su amenaza y demandar la inconstitucionalidad de la norma departamental y se quedarán callados en relación la norma nacional que le asigna el triple a los municipios del Chaco? ¿Por qué la primera es inconstitucional y no la segunda? Finalmente, en términos de valores absolutos, ¿vale la pena preguntarnos si ese “perverso” 3,5 por ciento contradice los dos últimos presupuestos preparados y presentados por la actual administración a la Asamblea Legislativa Departamental? Veamos. Los ingresos por regalías petroleras e IDH suman, en el POA 2017, 1.402 millones de bolivianos. El 3,5 por ciento de este monto equivale a 49 millones que debería recibir directamente cada subgobernación no chaqueña. El propio Presupuesto Operativo Anual 2017 asigna los siguientes montos: Cercado 46, Padcaya 44, Bermejo 58, Uriondo 50, Yunchara 29, San Lorenzo 61, El Puente 38, O’Connor 71. De manera que, también contrariamente al discurso oficial, Cercado recibiría unos 6 millones adicionales y O’Connor, a quien se culpa del amotinamiento, 22 millones de bolivianos menos!!¡La lucha continúa, y el ejemplo del Willca Zárate, que fuera puntal del triunfo en la Guerra Federal, traicionado y asesinado al final de la contienda victoriosa contra el centralismo, por los “federalistas” criollos, no debe estar ausente en la memoria larga del pueblo trabajador!