Romero advierte que la Ley de Inversiones no será suficiente sin estabilidad económica

Bolivia busca atraer mayores niveles de inversión extranjera con un nuevo proyecto de Ley de Inversiones, pero el economista Fernando Romero advierte que la norma, por sí sola, no podrá resolver las restricciones macroeconómicas, el riesgo país ni la falta de divisas que enfrenta actualmente el país.

En un análisis sobre el proyecto de Ley de Inversiones 2026, Romero sostiene que Bolivia atraviesa una “paradoja”: pese a contar con importantes recursos naturales, potencial energético, una ubicación geográfica estratégica y oportunidades de industrialización, continúa captando una proporción reducida de la inversión extranjera directa (IED) que llega a la región.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) citados por el economista, Bolivia recibió $us 620 millones de IED durante 2025, frente a los $us 194.233 millones captados por América Latina y el Caribe en su conjunto. Esto representa apenas el 0,32% de la inversión extranjera registrada en la región.

Romero aclara que el Banco Central de Bolivia (BCB), bajo el concepto de IED neta, reportó $us 523,1 millones para 2025 y $us 370,8 millones durante el primer trimestre de 2026, cifras que corresponden a una metodología diferente a la utilizada por la CEPAL y que, por tanto, deben ser analizadas por separado.

Seguridad jurídica e incentivos

De acuerdo con el economista, el proyecto presentado por el Gobierno incorpora varios elementos orientados a mejorar las condiciones para los inversionistas, entre ellos la seguridad jurídica, estabilidad contractual, incentivos, simplificación de trámites, una ventanilla única, mecanismos de arbitraje y promoción internacional.

La propuesta también busca ampliar los sectores hacia los cuales puede dirigirse la inversión, incorporando áreas como logística, tecnología, inteligencia artificial, economía digital y energías alternativas.

“En términos conceptuales, el proyecto apunta en la dirección correcta”, sostiene Romero, aunque considera que el verdadero desafío estará en la forma en que estas disposiciones sean aplicadas.

El límite está en la economía

El análisis advierte que Bolivia enfrenta actualmente restricciones que una ley de inversiones no puede solucionar por sí sola.

Romero señala que las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron los $us 3.632 millones al 31 de julio de 2026, pero precisa que solamente $us 472 millones corresponderían a divisas, de acuerdo con datos del BCB.

A esto se suman factores como el riesgo país, la recesión, el déficit fiscal y los efectos económicos provocados por los 53 días de bloqueos registrados en el país.

En este contexto, el economista considera que la estrategia para atraer capital extranjero debe ser integral y no limitarse a la aprobación de una nueva norma.

“La estrategia correcta debe combinar ley de inversiones + estabilidad macroeconómica + seguridad jurídica + reforma regulatoria + promoción internacional + estabilidad social”, plantea Romero.

Para el economista, si estos elementos son implementados de manera conjunta, Bolivia podría incrementar gradualmente sus niveles de inversión extranjera y convertir esos recursos en una fuente de capital, generación de empleo, transferencia tecnológica y obtención de divisas.

Sin embargo, advierte que, si las condiciones económicas y jurídicas no acompañan al nuevo marco legal, existe el riesgo de que la norma termine siendo jurídicamente moderna, pero económicamente insuficiente.

Romero sostiene que los incentivos por sí solos no son suficientes para convencer a los inversionistas de llevar su capital a Bolivia. La decisión dependerá, principalmente, de la percepción de estabilidad y previsibilidad del país.

En ese sentido, señala que un inversionista debe tener la certeza de que puede ingresar al mercado, producir, exportar, obtener una rentabilidad razonable y, finalmente, retirar legalmente su capital dentro de un entorno estable.

El proyecto de Ley de Inversiones 2026 plantea así un nuevo marco para intentar revertir la baja participación de Bolivia en los flujos de inversión extranjera de la región, pero su efectividad dependerá de que las medidas legales estén acompañadas por condiciones económicas y políticas que permitan recuperar la confianza de los inversionistas.